La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos a siete miembros del Ejército Nacional por hechos relacionados con el posible homicidio en persona protegida acaecido en el mes de julio de 2008 en el municipio de Bucarasica (Norte de Santander).

Los investigados son el sargento segundo Israel Tique Colo, cabo segundo Jorge Octavio Ortiz Angulo y los soldados profesionales Wilfredo Gómez Trujillo, Orlando Contreras Ropero, Eduar Andrés Osorio Renoga, Reinaldo Hernández López y Hermit Mattos Posso, orgánicos del Batallón de Infantería Nro.15 “General Francisco de Paula Santander” con sede en Ocaña.

La muerte del ciudadano tuvo lugar el 2 de julio de 2008 en desarrollo de la misión táctica “Júpiter” aproximadamente a las 6:10 de la mañana en una finca ubicada en la vereda “Las Indias”, en el municipio de Bucarasica (Norte de Santander). La autoridad militar calificó el hecho como una muerte en combate tras explicar que la muerte sucedió luego de realizar una maniobra en el terreno y que la víctima los atacara con un arma al sentir la presencia de la tropa,  lo cual no ha sido aceptado por la Procuraduría teniendo en cuenta las pruebas allegadas al proceso hasta la fecha. 

A juicio del órgano de control se habría tratado de un homicidio en persona protegida teniendo en cuenta que la misión táctica no incluía la vereda “Las Indias” para los fines de registro y neutralización; además el anexo de inteligencia hace referencia a la presencia de narcoterroristas los días 31 de mayo, 16, 17, 18, 19 y 23 de julio de 2008 en varias veredas del municipio de Bucarasica pero no se hace alusión a la vereda de “Las Indias” y tampoco se consigna información correspondiente al día 2 de julio de 2008, fecha de los hechos.

Sobre la víctima, el Ministerio Público estableció que residía en el municipio de Aguachica (Cesar) con su familia, trabajaba con su padrastro en oficios del campo, los fines de semana laboraba como lustrador de zapatos y el 29 de junio de 2008 lo vieron subirse a un taxi en el que se movilizaban otras personas y su familia advirtió su desaparición en tiempo oportuno y denunció el hecho ante las autoridades respectivas para iniciar la investigación que concluyó con la inhumación del cuerpo como N.N. 

El pliego de cargos señala que “se trata de un accionar de una tropa militar que afectó el derecho a la vida contraviniendo, al parecer, los principios de distinción y precaución establecidos en la normatividad convencional sobre el DIH. (…)”.