Gabriel Sonny Cubillos

Periodista de EL NUEVO SIGLO

La creación, sostenimiento y vigilanciade los establecimientos de reclusión departamentales y municipales destinados a recibir personas en detención preventiva sería el primer escollo en la discusión del proyecto de reforma al Código Penitenciario y Carcelario, el cual a pesar de que no recibió mensaje de urgencia por parte del Gobierno, es prioritario ante la crisis por el hacinamiento que se presenta.

Esta iniciativa gubernamental busca principalmente la reorganización del Sistema Penitenciario y Carcelario, una nueva regulación en materia de libertad en aras de atacar el hacinamiento y el fortalecimiento del sistema penitenciario.

Dada la difícil situación de superpoblación que se vive, calificada por el vicepresidente Angelino Garzón como violatoria de los derechos humanos, el proyecto avanza a buen ritmo en el Congreso, pues fue radicado el 21 de marzo pasado y ya cuenta con ponencia positiva desde mediados de esta semana, luego de que la ministra de Justicia, Ruth Stella Correa, se reuniera con el grupo de ponentes designados.

En tanto que se espera que la ponencia sea anunciada el próximo martes en la Comisión Primera de Cámara con la intención de que se inicie la discusión del proyecto al día siguiente.

Sin embargo varias observaciones al mismo hicieron los ponentes en la reunión que sostuvieron con la Ministra de Justicia, especialmente en lo que tiene que ver con el sostenimiento por parte de las entidades territoriales de los establecimientos de reclusión destinados a recibir personas en detención preventiva.

Si bien esta disposición no es nueva pues con leves variaciones ya está prevista en la Ley 65 de 1993, no se ha cumplido plenamente por falta de recursos de las regiones.

Sobre el particular el representante conservador Óscar Bravo dijo que “en el almuerzo que tuvimos con la Ministra el martes, yo planteé esa inquietud porque es muy bonito que la ley diga ‘corresponde de aquí en adelante a departamentos y municipios la creación, mantenimiento, conservación de las cárceles’, pero como nos están diciendo los gobernadores y los alcaldes, ‘y con qué vamos a cumplir esa obligación’”. Añadió que en este sentido se contempla la asistencia presupuestal de la Nación, “pero nosotros hemos dicho que mientras no se garantice en la ley que el amparo presupuestal está absolutamente garantizado y cuantificado, esa norma no va a pasar fácilmente en el Congreso. Es que es fácil que la Nación pretenda quitarse de encima semejante responsabilidad, eso ya está en una ley anterior pero nunca se ha cumplido porque los departamentos y municipios no tienen la capacidad económica para asumir esa responsabilidad, ni siquiera la capacidad logística”.

Bravo dijo también que han pensado en invitar a la Federación Colombiana de Municipios y a la Federación de Departamentos a que “nos acompañen en el debate a ver si están ellos dispuestos a hacerse cargo de semejante responsabilidad”.   

Otros aspectos

En tanto que los ponentes coinciden plenamente en la necesidad de reformar el Código Penitenciario y Carcelario ante la  evidente crisis que afecta este sistema. Así lo señala el representante a la Cámara Carlos Arturo Correa.

“Este proyecto es necesario porque la cifra de hacinamiento ha venido creciendo, desde hace unos cinco años ha sido prácticamente del 100%, eso no quiere decir que vamos a sacar a todo el mundo de la cárcel por la situación de hacinamiento, lo que quiere decir es que hay que buscar formas como construir cárceles y también, no nos digamos mentiras, hay mucha gente que comete delitos por errores, los cometen una vez y se los socializan. Son personas que pueden tener incluso una pena, ya sea trabajo comunitario, la casa por cárcel, ya sea método de vigilancia electrónica”.   

Sin embargo Correa dijo que es necesario revisar también otros aspectos del proyecto, como es el hecho de que por seguridad, “no puede ser que la construcción de una cárcel se tenga que ir a licitación pública, cuando los planos serían de dominio público”.

Por su parte el representante Germán Navas dijo que “sí es necesario hacer una modificación a este Código Penitenciario, ese es el primer paso que se da, pero esto no significa que haya sido aprobado. Será materia de discusión, se va a escuchar a todo el mundo, haremos las observaciones, y dado el caso aprobamos o no aprobamos”.