Cárcel de entre 25 y 26 años para 15 militares | El Nuevo Siglo
Miércoles, 21 de Diciembre de 2011

 

Un juez de Ibagué condenó a 15 militares, entre ellos dos oficiales, a penas de prisión de entre 25 y 26 años, por la ejecución extrajudicial de cinco jóvenes en hechos ocurridos en 2006, dijeron el miércoles fuentes judiciales y familiares.
 
De acuerdo con el juzgado sexto penal del circuito, los uniformados fueron condenados como coautores responsables del homicidio agravado de cinco personas en el caserío El Totumo, zona rural de Ibagué, capital del departamento (provincia) de Tolima.
 
En consecuencia el despacho judicial condenó a 26 años de cárcel al mayor que comandaba la patrulla, José Wilson Camargo, y a 25 años de prisión al teniente, William Eduardo López. También se otorgaron penas de 25 años de prisión, cada uno, a dos cabos y 11 soldados.
 
Los hechos ocurrieron el 20 de diciembre de 2006, cuando los integrantes de una patrulla del Grupo Antisecuestro (Gaula) del Ejército, informaron de la muerte en combate de cinco presuntos miembros de un grupo armado ilegal.
 
Sin embargo, la investigación demostró que en realidad las víctimas eran cinco amigos que formaban parte de un equipo de fútbol de Ibagué, que se dirigían a una reunión campestre.
 
"Hoy no podemos decir que estamos contentos porque se cumplen cinco años de lucha, pero estamos mucho más tranquilos porque se está haciendo justicia", dijo una de las familiares de las víctimas, que pidió reserva sobre su nombre.
 
Este caso se inscribe en el escándalo conocido como "falsos positivos", en referencia a ejecuciones extrajudiciales de civiles que eran presentadas por los militares como miembros de grupos armados ilegales muertos en combate, para mostrar resultados en la lucha antisubversiva y conseguir con ello días de descanso o felicitaciones.
 
La Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía reportó en noviembre pasado que adelantaba 8.295 investigaciones por violaciones a los derechos fundamentales, de las cuales 1.598 corresponden a homicidios cometidos posiblemente por agentes del Estado.
 
AFP