Una capacitación a la Policía Metropolitana de Bogotá sobre el trato digno que debe dar a quienes son trabajadores sexuales iniciará la Defensoría del Pueblo, acogiendo el fallo de la Corte Constitucional.

Esta decisión se asume luego de casos de violación de derechos fundamentales reportados por dos trabajadoras sexuales, quienes presentaron una acción de tutela y su posterior impugnación. La Corte Constitucional decidió amparar los derechos fundamentales a la igualdad, a la libertad personal y a la libre circulación de las tutelantes.

De acuerdo con el relato de las mujeres, en medio de un operativo de recuperación del espacio público por parte de la Policía Metropolitana, fueron conducidas injustificadamente a la Unidad Permanente de Justicia de Puente Aranda en Bogotá, siendo víctimas de malos tratos por parte de los agentes de la Policía, en razón a prejuicios sobre su oficio.

La Defensoría del Pueblo, a través de la Delegada para los Asuntos Constitucionales y Legales, impulsó el proceso de tutela presentada en primera instancia, al considerar que la actuación de la Policía vulneró los derechos fundamentales de quienes ejercen el trabajo sexual, siendo esta una población históricamente discriminada y que requiere la adopción de un enfoque diferencial.

Posteriormente la Entidad solicitó a la Corte Constitucional revisar el proceso, debido a la necesidad de contar con jurisprudencia que delimite el alcance de las medidas que pueden adoptar las autoridades policivas en los procedimientos de control del espacio público.

Así, la Defensoría seguirá en su compromiso permanente en defensa de los derechos de las trabajadoras sexuales y de otras poblaciones históricamente discriminadas.