En las elecciones de octubre de 2011 en algunas campañas ingresaron más recursos de los que efectivamente segastaron y la principal fuente de financiación siguió siendo de fuentes privadas, lo que aumenta el riesgo de corrupción.

 

Esas son dos de las conclusiones que arrojó el informe Elecciones Territoriales 2011: financiación de campañas políticas y rendición de cuentas, en el que se revelan por primera vez los ingresos y gastos reportados por los candidatos a las elecciones territoriales de 2011 y que hará público Transparencia por Colombia hoy en Bogotá.

 

“Los datos que se utilizan para este estudio corresponden a la información directamente reportada por 84.093 candidatos al 31 de enero de 2012, a través del aplicativo web ‘Cuentas Claras’, equivalente al 83,9 por ciento del total de candidatos que participaron en las elecciones territoriales 2011”, precisó el resumen del informe basado en 75.052 reportes enviados por candidatos a las alcaldías, gobernaciones, asambleas y concejos.

 

Sobre el primer punto, “al calcular la diferencia entre el total de ingresos y el total de gastos, se encuentra que no se gastaron 13.720.373.992 pesos. La mayor diferencia entre ingresos y gastos está en las Asambleas, con 6.081.882.462 pesos”.

 

Fuentes de financiación

“Según los reportes de las 75.052 campañas políticas analizadas, ingresaron en total 362.200.005.228 pesos”, sostuvo el informe.

 

De los más de 362.000 millones de pesos que ingresaron a las campañas, la principal fuente de financiación el 66 por ciento corresponde a recursos de los candidatos o de sus familiares. A esto se suma que el 23 por ciento del dinero que entró provino de personas naturales y jurídicas, incluyendo donaciones y créditos. Así, la financiación de fuentes privadas sería del 89 por ciento.

 

“Solo el 2,5% del total de los ingresos derivó de transferencias delos partidos y movimientos políticos a sus candidatos” y “la financiación estatal mediante anticipos fue de menos del uno por ciento”, siendo el Partido Conservador “la única organización política que tuvo  anticipos estatales para las elecciones territoriales”.

 

De acuerdo con los datos declarados por los candidatos, predominó la autofinanciación en las campañas: “Principalmente los candidatos financiaron sus campañas con recursos propios y/o de familiares, entre los que se encontraron varios aportes de menores de edad”. Así habrían conseguido los candidatos 239.567.244.690 pesos.

 

Entre los datos que llaman la atención en este tema está que “en total, 1.405 personas jurídicas aportaron a las campañas 21.156.635.999 pesos, mientras que 15.962 personas naturales aportaron 61.827.207.326 pesos, cifra tres veces mayor a la de las personas jurídicas”.

Según el informe, “llama la atención que dos personas naturales financiaron, cada una, a más de 100 candidatos. El valor total de estos aportes es de 36.310.000 pesos. Estos aportes se reparten entre los departamentos de Cundinamarca y Huila”.

 

Otras “14 personas naturales financiaron entre 40 y 100 candidatos, cada una, en las regiones Andina y Pacífica. El valor total de estas financiaciones asciende a 376.697.100 pesos”.

 

Frente a estas cifras, Transparencia por Colombia planteó entre sus recomendaciones que, “como una manera de prevenir la corrupción en la financiación electoral, resulta clave replantear la posibilidad de poner un límite a los recursos propios destinados a financiar las campañas políticas. Las condiciones actuales, además de dificultar el monitoreo al origen de los recursos, va en detrimento de quienes no tienen el dinero suficiente para financiar sus campañas políticas”.

 

 

 

¿A quién se le debe el voto?

Al cruzar los gastos de campaña con el número de votos obtenidos y el valor de la reposición de cada sufragio, el análisis de Transparencia por Colombia revela datos de las campañas a las alcaldías de Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cartagena y Medellín.

La relación más alta entre gastos y votos se encuentra en la ciudad de Cartagena. Llama la atención que el total degastos en esta ciudad, con un censo electoral de 653.000 votantes, sea muy similar al valor total de gastos de la ciudad de Bogotá, con un censo electoral 7,5 veces mayor.

 

La relación más baja entre gastos totales y votos obtenidos se encuentra en la ciudad de Bogotá, donde la diferencia es de 198 pesos entre el valor por voto aprobado por el CNE y los gastos por voto recibido.

 

 

Seis alcaldes

La reposición por votos a la que tiene derecho el alcalde de Cartagena, Campo Elías Terán, asciende al 24 por ciento del total de sus gastos.

En Bucaramanga, Luis Francisco Bohórquez recibirá el 29 por ciento, Medellín (Aníbal Gaviria) el 31 por ciento, y los alcaldes de Cali (Rodrigo Guerrero) y Barranquilla (Elsa Noguera) el 32 por ciento cada uno.

 

De manera excepcional en Bogotá, el 89 por ciento de los gastos de la campaña de Gustavo Petro serán repuestos con recursos del Estado.

 

Precisamente fue en Bucaramanga (57%) y Cartagena (51%) donde las campañas “más se financiaron con recursos propios”.