Cuando tenía 15 años, la campesina Gloria Nancy Vásquez casi muere por una mina antipersonal en la montañosa vereda de El Dragal, al noroeste de Colombia.

"Venía en una bestia (mula) desde El Dragal hacia el municipio de Argelia. La bestia accionó la mina y el impacto fue más que todo en el lado izquierdo de mi cuerpo. La mula murió y a mí me llevaron al hospital inconsciente", relató esta mujer de 23 años, que participa en un curso de desminado en el municipio de El Retiro, en el departamento de Antioquia.

"A causa de eso tengo injertos (de piel) en la pierna izquierda, cintura, brazo y múltiples cicatrices en la cara. También perdí casi toda la visión de mi ojo y la audición de mi oído izquierdos", agregó.

Como ella, otros 14 campesinos están siendo entrenados en desminado manual por la ONG británica Halo Trust en varias zonas montañosas de Antioquia (noroeste), que registra la mayor cantidad de víctimas de minas antipersonal en Colombia.

"Quiero que a otras personas no les pase lo mismo que a mí porque es una experiencia que uno no se la desearía a nadie", dijo Vásquez, vestida con un visor transparente de protección balística, en su cabeza, y un chaleco antiexplosivos de kevlar color azul.

Entre 1990 y diciembre del 2012 estos artefactos explosivos han dejado más de 2.119 muertos y 8.041 heridos y mutilados en todo el país, según el programa presidencial para la Acción Integral contra Minas Antipersonal.

Colombia, que desde hace medio siglo padece un sangriento conflicto armado por la acción de guerrillas izquierdistas, grupos armados de extrema derecha, narcotraficantes y fuerzas armadas estatales, es el segundo país del mundo con más víctimas de minas antipersonales, después de Afganistán.

Halo Trust realiza este tipo de desminado con civiles desde hace 25 años en 15 países del mundo. Nathaly Ochoa, oficial de operaciones en Colombia de esta ONG, explica que el perfil de los desminadores es "básicamente campesinos de las mismas veredas (caseríos) que están afectadas por minas. Son hombres y mujeres conocedores de su territorio".

Cada voluntario percibe el salario mínimo mensual de 589.500 pesos (unos 325 dólares) y cuenta con acomodación, comida, transporte, seguro médico y de vida, afirmó Ochoa, quien confía que al finalizar 2013 cerca 200 campesinos voluntarios realicen estas labores en Colombia.

Los campesinos visten trajes blindados y utilizan detectores de minas, equipos de ubicación geográfica, comunicación y de primeros auxilios. Además, son acompañados por expertos en desminado.

"Es algo para contribuir a uno mismo y a nuestras familias. Vamos a sentirnos más seguros nosotros y todos los campesinos. Puedo contribuir con un granito de arena para poder desactivar todas las minas en Colombia", considera Jhoan Henao, otro de los voluntarios, de 23 años.

En 2000 Colombia se acogió a la Convención de Ottawa, que proscribe el uso de este tipos de armas, y tenía como plazo para la erradicación de las minas antipersonales hasta 2011. Sin embargo, ese mismo año accedió a una prórroga hasta 2021.

"Es cierto que el gobierno tiene su propia capacidad de remoción de minas -el Ejército-, pero el gobierno reconoce que esta capacidad no es suficiente", consideró Grant Salisbury, director para Colombia de Halo Trust.

Las autoridades colombianas atribuyen a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, marxistas), la guerrilla más antigua de América Latina, la responsabilidad sobre la mayor parte de los campos minados que persisten en el país.

Sin embargo, durante años las fuerzas militares colombianas también colocaron minas antipersonales. Luego de la adhesión a la Convención de Ottawa, la fuerza pública cesó esa práctica y comenzó labores de desminado de sus propios campos con el batallón "60 Coronel Gabino Gutiérrez" del Ejército, activo desde 2005.

Actualmente, el gobierno colombiano y las FARC llevan a cabo un proceso de paz con negociaciones en La Habana, en las que también deben analizar la situación de las víctimas del conflicto.