A recursos  de origen privado corresponde el 69% de los ingresos de las últimas campañas al Congreso. Así lo reportó la herramienta Cuentas Claras, creada por Transparencia por Colombia y avalada como el medio oficial para la rendición de cuentas de las campañas electorales.

Tras cumplirse el plazo para que los candidatos al Congreso reportaran los movimientos de sus campañas, el 90% de los inscritos para las elecciones parlamentarias cumplió con este deber, lo que corresponde a 2.009 de 2.120 aspirantes. Antes del 10 de mayo, las organizaciones y los movimientos deberán entregar al Consejo Nacional Electoral (CNE) los informes finales de los gastos reportados por sus candidatos.

Aunque consideran imposible determinar la cantidad real de los recursos que se movieron durante las campañas, teniendo en cuenta la información que por ley los candidatos están obligados a reportar, Cuentas Claras muestra que las campañas tuvieron ingresos por un total de $198.538.206.660 y gastos por $196.402.612.613.

La principal fuente de financiación legal corresponde a los recursos propios de los candidatos o de sus familiares con un aporte de $74.165.683.715 (37,35% del total de los ingresos). En segundo lugar se ubican los ingresos provenientes de aportes, donaciones y/o créditos con personas naturales y/o jurídicas con $63.498.784.952, que equivalen al 31,98 por ciento del total.

Cuentas Claras también permite establecer que el monto de aportes de personas naturales es superior al de personas jurídicas: $23.945.698.169 y $14.922.023.384 respectivamente.

En este sentido, cabe recordar que el marco normativo colombiano permite que un candidato financie el 100% de su campaña con recursos propios o de sus familiares, lo que posibilita que se infiltren recursos de origen cuestionable o que la campaña esté al servicio para lavar dichos recursos.

En cuanto a los egresos, se encontró que la mayoría de gastos corresponden a publicidad ($76.218.134.764), seguidos por los gastos de administración ($29.914.421936). Llama la atención que en esta ocasión el reporte de gastos en transporte es inferior al rubro de administrativos, sobre todo si se tiene en cuenta que en las elecciones al Congreso en 2010 y en las elecciones territoriales de 2011 este fue el segundo mayor gasto reportado.

Cuentas Claras calificó como un logro el hecho de que el reporte de la financiación legal de la mayoría de las campañas se conociera un mes después de los comicios del 9 de marzo. Sin embargo, alertan sobre la necesidad de hacer un seguimiento detallado a las principales fuentes de financiación legal, pues en ocasiones los aportes de personas naturales y/o jurídicas no pasan a través de las cuentas bancarias de las campañas o al darse en especie terminan tazándose por un valor inferior al que comercialmente tienen.

Asimismo, en el caso de los créditos de personas naturales y/o jurídicas estos no están cobijados por el límite máximo del 10 por ciento de aportes privados. Sin embargo, si los créditos no se pagan, se estaría violando el tope estipulado por la Ley 1475.

Por lo anterior, Transparencia por Colombia reitera el llamado para que tanto el CNE como las organizaciones políticas asuman un compromiso más concreto respecto al seguimiento y la sanción de reportes irregulares de los ingresos y los gastos de las campañas, a la garantía de la veracidad y la calidad de la información reportada y el cumplimiento de las normas estipuladas.