El parlamentario del Partido de La U, uno de los ponentes de la reforma a la Justicia, afirmó que propondrán que sea la Fiscalía la que investigue a los congresistas y no la Corte Suprema de Justicia.

Algunos cambios sustanciales tendrá el proyecto de reforma a la Justicia en el trámite en la Cámara de Representantes. EL NUEVO SIGLO habló con uno de los ponentes, el representante Alfredo Bocanegra, del Partido de La U, quien explicó los cambios sustanciales como la oposición a la eliminación de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara y que a los congresistas los investigue la Fiscalía y no la Corte Suprema de Justicia, tal como lo contemplaba el proyecto original del Gobierno.
EL NUEVO SIGLO: Siendo usted uno de los ponentes en la Cámara del proyecto de reforma a la justicia, ¿cómo le parece lo que ha aprobado hasta ahora el Senado?
ALFREDO BOCANEGRA: Lo primero es que yo he convocado a los compañeros que formamos parte de esta comisión (ponentes), a que seamos sinceros respecto a la opinión nacional; ésta no es la gran reforma a la Justicia, como lo ha anunciado el Gobierno, ni el proyecto del Gobierno ni el del Consejo de Estado. No es la gran reforma porque no resuelve los problemas que verdaderamente angustian al ciudadano, que son el acceso rápido a la justicia y el tema de los procedimientos que determinen aplacar la impunidad y buscar resultados efectivos de pronta y efectiva justicia. Eso no está resuelto ahí, ahí no se está hablando absolutamente nada de ese tema. Tuvo una respuesta anticipada el Congreso, en el Código General del Congreso, ahí sí hay procedimientos de descongestión. Entonces, lo que hay que hacer es no generar una gran expectativa en la reforma a la Justicia.
ENS: ¿En que aspectos se distanciará la ponencia del proyecto de reforma a la Justicia que actualmente discuten en la Cámara, de la del Senado?
AB: Veo en la Cámara un semblante distinto al de la ponencia del Senado, respecto del de la justicia parlamentaria. Este tema no es de la existencia o no de la Comisión de Investigación y Acusación, que es una comisión de naturaleza legal, ni siquiera de naturaleza constitucional; el problema es la soberanía del Congreso dentro del ejercicio que le corresponde por naturaleza, de ejercer una justicia parlamentaria, es decir una justicia política, que le va a permitir tomar unas decisiones de ésta índole, que puedan concluir respecto del jefe de Estado y del Fiscal General, particularmente, en la destitución del cargo y la inhabilitación política mediante la figura de la indignidad política. De manera que el propósito de la Cámara es defender la soberanía del Congreso dentro de esa potestad, que es universal, es decir, de todos los Parlamentos y Congresos modernos del mundo, desde que nació el constitucionalismo moderno, incluso desde mucho antes. Por eso, creo que allí la eliminación de la Comisión de Investigación y Acusación va a ser un tema donde va a haber propuestas alternativas.
ENS: ¿Cuáles son esas propuestas?
AB: En primer lugar, la Cámara no renuncia a la posibilidad de investigar a los altos funcionarios del Estado, dentro de una competencia de tipo político. Segundo, podría pensarse en que el Presidente de la República y el Fiscal General, en ejercicio del cargo, puedan ser políticamente investigados y juzgados por la Cámara, como investigador, y acusados ante el Senado por causas constitucionales, como lo determina actualmente la Carta vigente, pudiendo determinar la suspensión del cargo, la destitución del mismo o la inhabilitación política, mediante la indignidad. Cuando se trata de una causal criminal, contemplada dentro del Código Penal colombiano, podría darse una figura de suspensión de la causa, hasta que el ciudadano deje de ejercer la Presidencia de la República o la Fiscalía General de la Nación, a fin de que una vez haya hecho dejación del cargo, la Corte Suprema de Justicia asuma la investigación penal. Esa es la propuesta que yo llevo dentro de la ponencia y que además ha tenido con anterioridad la bondad de haber recogido muchos criterios de expertos, como el doctor Alfonso Gómez Méndez, y muchas otras opiniones que se han expresado. Pero tiene que entenderse que la Comisión de Investigación y Acusación ni asegura, ni sigue un procedimiento penal, ni hace indagatorias, porque no es su competencia, y eso es lo que la ha desacreditado.
ENS: ¿Qué opina de la propuesta hecha en el Senado de crear un tribunal que reemplace a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara?
AB: Es una aberrante propuesta de la Comisión Primera del Senado, por medio de la cual se crea un tribunal en remplazo de la Comisión de Investigación y Acusación, de nueve magistrados de las más altas condiciones y más altas calidades, y pregunto, a hacer qué; ¿para hacer juicios políticos, si eso es de la naturaleza del Congreso, o para alternar con la Corte Suprema para hacer indagaciones?, ¿cuánto le va a costar al Estado? Yo he hecho un cálculo, nueve magistrados le pueden estar costando entre cuatro mil y cinco mil millones al año, y estaríamos hablando de 16 mil a 20 mil millones de pesos en los cuatro años.
ENS: ¿Qué otro tema va a modificar la Cámara de Representantes de lo que hasta ahora ha aprobado el Senado?
AB: Tenemos dos figuras que se han confundido; en el nuevo sistema al que tenemos derecho nosotros, porque somos ciudadanos, no obstante que transitoriamente seamos congresistas, se ha separado la investigación de la acusación, lo que no existía con anterioridad. Entonces, la investigación la realiza exclusivamente la Fiscalía, así como la acusación, y ésta es resuelta por el juzgador. Eso es un sistema garantista, pero nosotros los congresistas no lo tenemos, porque la Corte nos investiga, nos asegura, nos acusa, nos juzga y la Corte revisa su propia actuación. Entonces, lo que yo propongo, y que estoy tratando de socializar con los otros compañeros, es que nos coloquen al mismo nivel de los ministros y los altos funcionarios del Estado, que la Fiscalía General, que es independiente de la Corte Suprema de Justicia, se encargue de adelantar la investigación y acusación, y que si hay una medida de aseguramiento, sea controlada por un juez de garantías, que puede ser un magistrado o una sala con un número plural de magistrados de la misma Corte Suprema. Si procede el aseguramiento, la acusación sea hecha por los fiscales delegados ante la Corte y el juicio lo realice la Sala Penal del mismo alto Tribunal y la segunda instancia también puede estar ahí mismo, pero separando no tanto la doble instancia, sino la investigación de la acusación.
ENS: ¿No han definido en Cámara temas importantes como la tutela contra sentencia judicial?
AB: Para determinar un cierre definitivo en materia de tutela respecto de decisiones judiciales, que ha generado tanto malestar y que puede evitar esos choques de trenes, lamentablemente el Senado lo abandonó, lo que le quitó mucho protagonismo a esta reforma. Vamos a ver si hay consenso en la Cámara para retomarlo, con el propósito de que cese toda esta dificultad que se presenta y que genera tanta inseguridad jurídica. Sin embargo, quedaron por fuera otros temas, como por ejemplo el establecimiento en Colombia de la judicatura obligatoria, que es que quien quiera ser juez haga una carrera judicial. Estaríamos en disposición de abrir este gran debate, con el propósito de que la persona que entre a la carrera tenga la motivación de que algún día pueda llegar a la Corte Suprema de Justicia, sin erradicar totalmente la cooptación, donde por lo menos 30 por ciento vendría de funcionarios que hayan empezado desde la base y hayan ascendido por méritos, por calificación, por buenas providencias no revocadas por las altas Cortes, sino confirmadas. Usted no puede hacer una reforma sin tener en cuenta el insumo humano, porque la reforma la tienen que aplicar los funcionarios y servidores judiciales.