Cruzada contra el hacinamiento carcelario

El secretario general de la OEA, Luis Almagro, aseguró que “una perspectiva de humanización de la privación de la libertad nos invita a centrarnos en la persona, tanto en los funcionarios como en los reclusos”. La declaración se dio durante la IV Reunión de Autoridades Responsables de las Políticas Penitenciarias y Carcelarias de las Américas, que se celebró esta semana en Santo Domingo, República Dominicana. El certamen concluyó con la adopción de 12 recomendaciones que tienen como objetivo promover las medidas necesarias en los países de la región para eliminar el hacinamiento existente en los recintos penitenciarios, y que conduzcan a la dignificación de las condiciones de vida de las personas privadas de libertad.

Buscan enfoque penitenciario diferenciado

Los funcionarios gubernamentales reconocieron la importancia de contar con un enfoque diferenciado para lograr el internamiento digno de grupos en situación de vulnerabilidad, reforzaron el compromiso de los Estados Miembros con respecto a las políticas y programas de reducción de la reincidencia y concordaron sobre la necesidad de contar con datos e información estandarizados y de calidad guiar la elaboración y gestión de la política pública. Almagro invitó a los países a concebir la pena no sólo como un castigo sino como “una oportunidad para transformar y despertar el potencial humano de las personas recluidas. Es necesario humanizar las cárceles de un modo integral, con infraestructuras libres de hacinamiento, personal profesional y creer en la reinserción de las personas recluidas”.

Algunas recomendaciones continentales

Entre las recomendaciones está promover iniciativas para la humanización de los sistemas penitenciarios, realizar todos los esfuerzos para eliminar el hacinamiento en los recintos penitenciarios, reconocer la importancia de la privación de libertad con enfoque diferenciado para lograr el internamiento digno de grupos en situación de vulnerabilidad, fomentar alianzas con entidades públicas y privadas para la implementación de programas de rehabilitación que faciliten la reinserción social de las personas privadas de libertad, impulsar la profesionalización del personal penitenciario a todos los niveles, reforzar el compromiso de los Estados Miembros con respecto a las políticas y programas de reducción de la reincidencia.