Avanza homenaje por Operación Jaque

En segundo debate fue aprobado por la plenaria del Senado el proyecto de ley que busca rendir un homenaje público a los miembros de las Fuerzas Militares en conmemoración a los 10 años de la Operación Jaque ejecutada el 2 de julio de 2008, con la cual el Estado logró la libertad de 12 personas, entre nacionales y extranjeras, quienes se encontraban secuestradas por las Farc durante más de una década. El articulado institucionaliza el día de la Valentía Patria, durante el cual las autoridades administrativas del nivel nacional y local destacarán a los ciudadanos que hayan actuado de manera valiente y leal en favor a las instituciones democráticas y de derecho del Estado colombiano. Al proyecto de autoría del senador Fernando Nicolás Araújo en coautoría con la bancada del Centro Democrático y ponencia positiva de la senadora Paola Holguín le esperan dos debates en Cámara.

Electricaribe cumple tres años intervenida

El senador José David Name, codirector del Partido Social de Unidad Nacional (La U), recordó que el sábado “se cumplen tres años de la intervención, por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, a Electricaribe. Desde ese entonces, no he descansado ni como Senador de la República ni como oriundo de esta región en exigirle al Gobierno nacional para que gire los recursos prometidos a través del Consejo Nacional de Política Económica y Social — Conpes, o que diseñe definitivamente una solución estructural qué garantice la calidad en la prestación de un buen servicio de energía eléctrica en la Región Caribe”. Name lamentó que “lo cierto es que ni lo uno ni lo otro se avizora. Por el contrario lo que se evidencia son densos nubarrones que ciernen sobre el tema Electricaribe”.

Impulsan una tasa prodeporte y recreación

La representante por el Valle del Cauca, Norma Hurtado, de La U, expresó su beneplácito por la aprobación en segundo debate en la Cámara del proyecto de ley que crea una tasa prodeporte y recreación que, explicó, faculta a los entes territoriales para que  recauden una contribución de hasta 2,5% de los contratos entre el Estado y personas naturales o jurídicas.