La Fiscalía General de la Nación notificó la captura del alcalde del municipio de Zambrano (Bolivar), Sebastián Cañas Asís; la tesorera del municipio y un asesor jurídico de esa administración, así como la formulación de imputación contra Marilyn Naranjo, esposa del Alcalde; la secretaria de Gobierno del mismo municipio y una contratista de la administración municipal. Estas personas presuntamente habrían acordado y ejecutado la comisión de varios tipos de fraude electoral en el departamento de Bolívar.
La investigación, que se inició de oficio por la Fiscalía luego de conocer los informes publicados por la Misión de Observación Electoral (MOE) sobre inscripciones irregulares de cédulas en el país, (En Zambrano (Bolivar) hubo un incremento cercano al 548% respecto de la elecciones de 2010), permitió establecer que un grupo de personas, entre servidores públicos y particulares, acordaron la comisión de una amplia variedad de delitos electorales, entre ellos fraude en inscripción de cédulas (trashumancia), corrupción de sufragante (compra de votos), constreñimiento al sufragante (a través de amenazas de exclusión de programas sociales) e intervención de política, entre otros.
Según la información recaudada, este grupo estaba coordinado por el alcalde del municipio de Zambrano (Bolivar), Sebastián Cañas, y de ella también habrían hecho parte su esposa y otros funcionarios de la administración municipal.
Con estos resultados, la Fiscalía General de la Nación quiere enviar un mensaje contundente a las organizaciones delictivas que se dedican a la comisión de este tipo de fraudes y a la comunidad para que denuncie la comisión de estas conductas, especialmente la trashumancia electoral. Fenómeno que desde ya empieza a afectar a varios municipios porque desde el 25 de octubre de este año se abrió en Colombia el proceso de inscripción de cédulas para las elecciones del 2015.
Asimismo, se hace una llamado a las autoridades electorales porque, como servidores públicos encargados de coordinar los procesos electorales, están en el deber legal de denunciar la existencia de posibles ilícitos que afecten la transparencia de la participación política en el país.