La Policía Nacional capturó en el sur de la ciudad a Franklin Carabalí, presunto explosivista del frente 27 de las Farc, y quien según las investigaciones fue enviado para atentar contra varios negocios objeto de extorsiones por parte del Bloque Jorge Briceño Suárez.
La diligencia se llevó a cabo en el sector de Bosa, donde este individuo fue sorprendido en su sitio de residencia, dentro del cual escondía insumos para la fabricación de explosivos, teléfonos celulares para la activación de los artefactos, 40 panfletos del frente 27 con la imagen del “Mono Jojoy”, varios manuscritos con instrucciones precisas de los cabecillas y al menos 100 gramos de clorhidrato de cocaína.
De acuerdo con el material recopilado, el propósito era preparar acciones terroristas contra algunos establecimientos públicos reconocidos (localizados en el norte de la ciudad), los cuales fueron declarados como objetivo para el cobro de extorsiones, y ahora como blanco de retaliaciones por el no pago de la denominada “vacuna”.
Carabalí fue presentado ante un juez de control de garantías como presunto responsable de terrorismo, extorsión, concierto para delinquir y rebelión, por los cuales le fue dictada medida de aseguramiento en centro carcelario.
Simultáneamente fue capturada en una funeraria de la localidad de Barrios Unidos a Luz Amparo Peralta Pérez, alias “Daniela Restrepo”, identificada como una de las cabecillas del Frente Antonio Nariño de las Farc.
Esta mujer, quien participó en la planeación y ejecución de los atentados perpetrados el 7 de Agosto de 2002 durante la posesión del ex presidente Álvaro Uribe, los cuales se concentraron en la Casa de Nariño y la Escuela Militar de Cadetes José María Córdova, reportaba sus actividades directamente a Carlos Antonio Lozada, cabecilla del Estado Mayor del Bloque Jorge Briceño Suárez.
“Daniela Restrepo”, quien fue reclutada durante la zona de distensión y hacía parte de un grupo de profesionales contactados por las FARC en algunas universidades para su servicio, fue puesta a disposición de las autoridades competentes como responsable de los delitos de homicidio agravado, terrorismo y porte ilegal de armas de fuego.