A pesar de que el Gobierno nacional intentó poner las cartas sobre la mesa en materia de lobby o cabildeo, por medio del Estatuto Anticorrupción, el Congreso no le jaló al tema y por el momento esta actividad sigue realizándose en el país de pie puntillas y en las sombras.

El cabildeo se entiende como la actividad que una entidad pública o privada desarrolla con el fin de incidir o influir sobre una decisión administrativa o legislativa, principalmente.

Se atribuye la paternidad del cabildeo a Ulysses Simpson Grant, quien en su calidad de presidente de Estados Unidos entre 1869 y 1877, sin proponérselo le dio origen a cuando tomó por costumbre recibir en el Hotel Willard’s, en Washington, a delegados de diferentes Estados para obtener de ellos información que pensaba le sería útil en la toma de decisiones.

Hoy el cabildeo es una actividad generalizada y reglamentada en muchas partes del mundo, por medio de la cual sectores empresariales, principalmente, tratan que las medidas gubernamentales o los proyectos de ley que tramita el Congreso les beneficie o, por lo menos, les perjudique lo menos posible.

Lo que a la ligera podría ser visto como un juego de componendas que, incluso, podría servir de caldo de cultivo para el tráfico de influencias y la compra de conciencias, en la práctica es una actividad lícita en la cual cualquier sector tiene el derecho de defender sus intereses, y para hacerlo usa el poder del convencimiento, las relaciones públicas y hasta otros argumentos que muchas veces se quedan en la intimidad.

En ese sentido es muy importante que el cabildeo sea reglamentado, estableciendo unas reglas de juego, delimitando el alcance de esta actividad, al punto que sea visible la frontera entre lo legal y lo prohibido.

Tan solo en Estados Unidos en los últimos 10 años se gastaron cerca de U$24 mil millones de dólares en contratación de cabildeo. En fácil imaginar lo que puede suceder con este tema por estos días en que en esa nación se vive un fuerte debate por el alto número de armas en manos de los ciudadanos, a raíz de la serie de matanzas que se han producido en escuelas como la de Newtown (Connecticut), en donde en diciembre pasado un joven desequilibrado disparó indiscriminadamente, causando la muerte a 26 personas, entre ellas 20 niños.

El gobierno de Barack Obama estudia fórmulas para endurecer la normatividad que obligue a que no sea tan fácil para los ciudadanos acceder a armas de alto impacto, incluso rifles de asalto; lo cual buscará ser contrarrestado por la industria armamentística en esta país, que reporta ventas anuales por más de 3.500 millones de dólares, propósito en que el cabildeo será una de sus principales ofensivas.

Para no ir tan lejos, durante el reciente trámite de la Reforma Tributaria en Colombia, hubo una fuerte presencia de lobistas en los pasillos del Congreso, quienes representando los intereses de diferentes sectores se dieron a la ‘caza’ de congresistas de las comisiones económicas y luego en las plenarias, con el fin de plantearles, por ejemplo, las preocupaciones por los efectos que podría tener determinado artículo para el sector que representan.

Esos lobistas camuflados entre las miles de personas que a diario visitan el Congreso, realizaban su labor de una manera sigilosa pero efectiva para los intereses de esos sectores que pagan sus servicios, que por cierto son costosos por el grado de confidencialidad que se maneja.

Y es precisamente ese sigilo, ese actuar debajo de la mesa, lo que preocupa sobre la legítima labor del cabildeo en Colombia. Vale recordar que en 2009, durante la discusión de la ley antitabaco, hubo denuncias sobre supuestos intentos de soborno por parte de lobistas.

En ese sentido el entonces senador Jesús Bernal Amorocho dijo que las multinacionales “están utilizando lobistas para persuadir a los congresistas para que no voten el proyecto de ley antitabaco”. “Me dijeron que qué necesitaba, y les respondí que lo que necesitaba era que se aprobara el proyecto”, aseguró en esa oportunidad Bernal.

Estas afirmaciones fueron desmentidas por Coltabaco Phillip Morris, la cual a través de su entonces presidente, John Ruiz, dijo que “puedo asegurar tajantemente que hemos hecho un lobby que es legal. Nunca hemos tratado de quebrar la ley en prácticas que sean delictivas para mover un proyecto de ley en un sentido que nos interese”.

Estatuto Anticorrupción

A principios del año 2011, el Congreso aprobó el proyecto de Estatuto Anticorrupción que presentó la administración Santos, el cual dicta normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.

Dicha iniciativa presentaba un capítulo completo, el IV, sobre regulación del cabildeo, definiendo su práctica, con qué temas se relaciona y estableciendo un registro público de lobistas, para quienes además se fijaban unas prohibiciones como “defender o representar, de manera simultánea, intereses opuestos o contradictorios, aunque se haga ante autoridades o instancias distintas”.

Sin embargo, el capítulo sobre regulación del cabildeo fue ‘peluqueado’ de tal forma en su trámite en el Congreso, que al final quedó reducido en La Ley 1474 a una breve mención al derecho a la información, pero solo en caso de que existan pruebas de algún delito:  “Artículo 61. Acceso a la información. La autoridad competente podrá requerir, en cualquier momento, informaciones o antecedentes adicionales relativos a gestiones determinadas, cuando exista al menos prueba sumaria de la comisión de algún delito o de una falta disciplinaria”, indica la norma.

 

En contra

En desacuerdo con el cabildeo y la forma como se accede a éste se mostró el representante a la Cámara por Bogotá, Germán Navas Talero (Polo Democrático), al considerar que solo los poderosos tienen los recursos para pagar para que defiendan sus intereses; mientras que los pobres no tienen cómo colocar lobistas.

Señaló que esta consideración llevó a que se cayera en el Congreso la regulación del cabildeo que proponía el Gobierno en el proyecto del Estatuto Anticorrupción, “porque se creaba una especie de lobby especialísimo, donde quien tuviere dinero podía hacer lobby en Bogotá, en cambio la gente de provincia no tendría lobby”.

 

Un nuevo intento

En varias oportunidades han sido presentados al Congreso proyectos de ley orientados a reglamentar el cabildeo, sin embargo, no han logrado consenso y han terminado siendo hundidos.

El representante a la Cámara por Bogotá, Germán Varón Cotrino, fue ponente del proyecto de Estatuto Anticorrupción, por lo que recuerda que “nosotros presentamos toda una reglamentación del lobby, que consideramos era necesaria, pero en la plenaria y en las comisiones de conciliación lo suprimieron, y no pudimos sacarlas adelante”.

El Parlamentario de Cambio Radical señaló que como consecuencia sobre cabildeo en Colombia la única normatividad que existe es lo consignado en el Estatuto Anticorrupción, aunque “solo hay una mención muy general, pero no hay una serie de cosas que establecían de manera clara a quién se representaba, por cuenta de qué actuaba, cómo era el registro de las persona”.

En ese sentido, Varón dijo que es necesario volver a presentar un proyecto de ley al Congreso con el fin de reglamentar la práctica del cabildeo en el país.  

 

 

Todo vale

Hay intereses que no han permitido que sea aprobado en el Congreso alguno de los intentos que se han hecho para regularizar la práctica del cabildeo, dijo Elisabeth Ungar, directora Ejecutiva de Transparencia por Colombia, quien incluso recordó “que una de las personas que más proyectos presentó fue Germán Vargas, primero como senador e incluso como ministro”.

Añadió que hasta ahora no se ha aprobado esta iniciativa “porque a nadie le conviene que haya unas normas claras y precisas sobre los alcances del cabildeo, ni a los lobistas ni a quienes ellos representan, que en muchas ocasiones son los mayores financiadores de la política, quienes tienen una incidencia muy fuerte en la formulación de políticas públicas y en las decisiones públicas, y por supuesto tampoco a los congresistas”.

En consecuencia Ungar dijo que es preocupante la forma como se adelanta el cabildeo en Colombia porque siendo una actividad legítima que se adelanta en la mayoría de países, “el problema es que al no estar reglamentada, todo vale por decirlo de alguna manera”.

En ese sentido dijo que el cabildeo mal utilizado o abusado constituye un riesgo de corrupción muy grande.

 

 

Será retomado el tema

El Gobierno nacional tiene la intención de retomar la reglamentación del cabildeo. Al respecto el secretario de Transparencia, Carlos Fernando Galán, dijo que “nosotros estamos trabajando desde hace unos meses con el apoyo del PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) en la construcción de la política anticorrupción, y en este marco uno de los temas que está incluido en la discusión, al principio en un diagnóstico y ahora en unas propuestas para enfrentarlo, es la problemática alrededor del lobby o el cabildeo”.

En ese sentido dijo que se han revisado las experiencias internacionales en la materia, aunque con la claridad que no necesariamente tienen que funcionar en Colombia, “pero aquí consideramos que por una parte es fundamental trabajar en el campo de conflicto de interés, visibilizar los conflictos de intereses, que sean transparentes. Cuando una persona tenga un conflicto de interés en una entidad o en una corporación pública, es fundamental que eso se exprese y se manifieste. El conflicto de interés per se no  es corrupción, así la persona tenga una propiedad de acciones en una empresa o haya tenido un vínculo con esa empresa, eso no es corrupción. Lo que sería corrupción es que no manifieste el conflicto de interés y que tome decisiones que pueda favorecer a esa empresa o a ese sector”, dijo Galán.

Por otra parte, el funcionario indicó que también está una iniciativa por parte del Ejecutivo, pero se espera que se sumen los otros dos poderes públicos, para que vía un proyecto de ley se “visibilicen las relaciones que hay entre el privado y el público, es decir, no está mal que una empresa o alguien que representa una empresa privada visite a un funcionario público que tiene capacidad de decisión, siempre y cuando eso sea transparente y se publicite, y sea, digamos, visible para la ciudadanía. Que quede claro que la empresa tal fue a visitar al funcionario público para tal tema, en tal fecha y la respuesta del funcionario público fue tal. Eso es fundamental para que se evite que se hagan discusiones por debajo de la mesa y que obviamente se tomen decisiones para favorecer un sector”.