Buscan nueva relación entre comunidad y justicia | El Nuevo Siglo
Viernes, 28 de Febrero de 2014

Establecer una nueva relación entre la comunidad y la justicia mediante la prestación de servicios legales, acordes con la realidad social, cultural y de conflictividad del sector, es el propósito de las Casas de Justicia.

Así lo comentó ayer Andrés Idárraga, director de Derechos Humanos de la Secretaría Distrital de Gobierno, al revelar que los casos o denuncias que más presentan los ciudadanos están relacionados con conflictos familiares, conflictos con vecinos, demanda por alimentos y arriendos, riñas, violencia intrafamiliar, y asesoría legal.

“En las seis casas de justicia con que cuenta el Distrito, la ciudadanía puede encontrar los diferentes servicios jurídicos que requiere para solucionar sus problemas legales, sin tener que recorrer distancias y, de paso, descongestionar el aparato judicial, pues cuentan con juzgados de pequeñas causas, comisarías de familia, unidades de mediación y conciliación, representantes de la Defensoría del Pueblo, de Medicina Legal, de la Personería Distrital, de la Secretaría de la Mujer, del ICBF”, señaló Idárraga.

Las Casas de Justicia están funcionando actualmente en las localidades de Ciudad Bolívar, Usme, Suba, Los Mártires, Bosa, y Keneddy. Al finalizar el año 2015 se tiene proyectado contar con unas 50 casas.

Según cifras de la Secretaría de Gobierno, el año pasado un poco más de 300.000 personas hicieron uso de estos servicios.

Las localidades donde más denuncias se presentan son: Bosa, con cerca de 110.000 querellantes; Ciudad Bolívar, Suba, Mártires, Kennedy y Usme.

Según un estudio realizado por el investigador Luis M. Prada (producto de una consultoría contratada por el Consejo Superior de la Judicatura y el Centro de Investigaciones para el Desarrollo de la Universidad Nacional), el tiempo y los costos asociados a un proceso de carácter civil, a manera de ejemplo, normativamente debería tardar 185 días en tramitarse pero, en tiempo real se está demorando 1.448 días y su costo promedio es de $3’000.000, de los que el Estado asume el 39% y el ciudadano o la ciudadana el 61%.