La Procuraduría General de la Nación, a través de la Regional Tolima, ha avanzado en su gestión preventiva con las entidades competentes para la solución de la problemática que se registra en el Complejo Carcelario y Penitenciario de Ibagué.

En una reciente reunión de seguimiento, a instancias de este organismo de control, delegados de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPC), presentaron el plan de acción para la adecuación del rancho (lugar de preparación de los alimentos) del bloque 1, que atiende las especificaciones dadas por la Secretaría de Salud de Ibagué; se espera que la obra sea entregada antes de finalizar el presente año.

Los aspectos técnicos y el plan de contingencia para el rancho durante el tiempo de las obras, debe ser analizado por la USPC, la Secretaría de Salud de Ibagué y el contratista para el suministro de alimentación “Proalimentos”. De otra parte, se informó sobre la optimización de los procesos de inspección a los inventarios de alimentos y la contratación de un nutricionista para la evaluación y control de la calidad de lo suministrado a los internos.

Respecto de la prestación del servicio de acueducto, la Procuraduría conoció los resultados de las visitas técnicas adelantadas tanto por la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL,como por la USPC. Se evidenció, entre varias deficiencias, que hay fallas en los medidores que impiden establecer los niveles exactos de consumo para la facturación. Se acordó que el 17 de julio próximo se deberá presentar un informe por parte de los equipos técnicos de las citadas instituciones, referido a las alternativas concretas que permitan el suministro de agua las 24 horas al complejo carcelario.

En cuanto a los servicios de salud, se informó que de los 5.782 internos 3.924 están afiliados a la EPS del régimen subsidiado Caprecom. Esta entidad informó al Ministerio Público que a la fecha se han atendido el 56% de consultas pendientes y se han programado brigadas de medicina general, odontología, optometría y prótesis.

Caprecom asumió, entre otros compromisos, el de continuar con la atención de autorizaciones de servicios de salud; adelantar, en conjunto con el Inpec, las brigadas de salud que se requieran según la declaratoria de emergencia carcelaria, y continuar el proceso de depuración de cartera con el Hospital Federico Lleras Acosta de Ibagué.

Por su parte, la dirección del complejo carcelario deberá avanzar en la identificación de la población interna respecto de las entidades prestadoras de salud a las que se encuentran afiliados; optimizar la coordinación con Caprecom, el Inpec y el Hospital Federico Lleras Acosta para dar solución inmediata a los fallos judiciales que ordenen servicios de salud, y acudir ante el Inpec para gestionar la dotación de colchonetas y elementos de aseo que requieren los internos.

Mediante comunicación dirigida a la dirección del complejo carcelario, la USPC informó que en atención a la declaratoria de emergencia carcelaria se programó la intervención prioritaria de aspectos como la rehabilitación de pabellones en la parte antigua de la cárcel que actualmente no se encuentran en uso; la rehabilitación de baterías sanitarias en siete pabellones del bloque 1; la instalación de una acometida de red hidráulica para el abastecimiento de uno de los tanques y el mantenimiento correctivo de redes en el bloque 5. La Procuraduría conoció que para el efecto se contemplan inversiones por $1.030 millones de pesos.