Fue radicado en el Congreso un proyecto de ley por medio de la cual las personas naturales o jurídicas, tanto del sector público o privado, reconocen y pagan una suma de dinero voluntariamente o en cumplimiento de una obligación legal, a ciudadanos o comunidades que realizan actividades que proveen servicios ambientales, tales como regulación hídrica, protección de los bosques. Este sistema de compensaciones ya fue establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018.

Se trata del proyecto de ley No. 215 Cámara, radicado el pasado 30 de marzo por el representante conservador por el departamento de Antioquia, Nicolás Albeiro Echeverry Alvarán, el cual está pendiente de ponencia para primer debate en la Comisión Quinta de la Cámara.

El Parlamentario explicó a EL NUEVO SIGLO que “es un proyecto de compensación ambiental que ya se ha desarrollado en la jurisdicción de Cornare Antioquia (Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los ríos Negro y Nare) y ha dado excelentes resultados”.

Echeverry Alvarán dijo que de esta forma se pretende “elevar a ley ese programa. Ese es un programa de una Corporación, y la iniciativa es que sea acogida por el Gobierno a través de las diferentes corporaciones y a través del desarrollo de un artículo del Plan Nacional de Desarrollo, que le ordenó al Gobierno presentar la ley de compensaciones ambientales y de pago por bienes y servicios ambientales”.

Es decir, anotó Echeverry, con la iniciativa se quiere “desarrollar el artículo del Plan de Desarrollo que ordena el trámite legislativo para las compensaciones ambientales como estrategia de conservación y protección de bosques, agua, flora y fauna”.

Añadió el Representante a la Cámara por Antioquia que “es una iniciativa que busca la equidad, que busca proteger las cuencas, proteger los bosques primarios de las laderas de las comunidades más pobres, que busca la asociatividad y la innovación, que busca la proyección de bienes y servicios ambientales a través del pago por compensación”.

El programa BanCO2, adelantado por Cornare, es una estrategia de pago por servicios ecosistémicos mediante el cual tanto personas naturales como empresas pueden medir y pagar por el uso de estos servicios. Explica el mismo que el 100% de los recursos pagados llega al habitante del ecosistema/socio por medio de su celular a una cuenta de ahorro.

El proyecto

La iniciativa de ley establece que  “el programa BanCO2 -Servicios Ambientales Comunitarios- se desarrollará bajo las políticas y dirección del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y se operará bajo la coordinación de las Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales, las cuales estarán encargadas, entre otras, de regular los mecanismos e instrumentos de implementación en el marco del programa”.

Añade que dichos pagos se harán a personas o comunidades que realizan actividades que proveen servicios ambientales, tales como regulación hídrica, protección de los bosques y de la biodiversidad, captura de carbono, paisajismo, entre otros, y que inciden directamente en la protección y mejoramiento del medio ambiente.

En ese sentido el programa que se quiere llevar a nivel nacional por la vía de una ley plantea entre sus objetivos ser uno de los mecanismos de compensación dirigido a comunidades o campesinos propietarios o poseedores regulares de los ecosistemas o áreas de interés estratégico que realicen las labores de conservación, preservación, restauración, recuperación y rehabilitación de estas zonas.

Además ser objeto de inversiones del Fondo de Compensación Ambiental (local/regional), que para tales efectos se creará, y que permita la administración del proyecto BanCO2, financiado de forma voluntaria por empresas y personas que en su vida diaria y en sus procesos productivos ocasionen alteraciones a los recursos naturales, o derivados de una obligación legal orientado al pago por los servicios ambientales, la generación de proyectos sostenibles, y el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades o campesinos propietarios de estas zonas administrado directamente por la autoridad ambiental o por un tercer operador.

La iniciativa establece también que los usuariosserán las personas que sean poseedoras de bosques naturales localizados en predios ubicados dentro del Sistema de Áreas Protegidas y Reserva Forestal; bosques naturales localizados en las cuencas hidrográficas que surten acueductos poblacionales; bosques naturales en áreas de reservas municipales, regionales o de la sociedad civil y bosques remanentes de gran valor biológico o ecosistémico-áreas o ecosistemas ambientales estratégicos.