Hacia mediados de noviembre, el proyecto de Ley de Tierras entrará al Congreso, anunció el Gobierno. Se busca actualizar las normas y brindar un mayor desarrollo del campo. Socialización de la iniciativa avanza con comunidades.

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Con mensaje de urgencia y luego de la socialización que se cumple por estos días con las comunidades indígenas, Rom y afro, será presentado el proyecto de Ley de Tierras al Congreso de la República hacia la segunda semana de noviembre, con mensaje de urgencia.

Así lo anunció el viceministro de Desarrollo Rural, Juan Pablo Díaz Granados, quien sostuvo en un conversatorio sobre el tema, que en este proyecto en el que han trabajado los Ministerios del Interior y Agricultura, la Presidencia, la Agencia Nacional de Tierras y la Unidad de Restitución de Tierras, es una reforma o una actualización a la Ley 160 de 1990.

Señaló que lo que se busca es despejar las zonas grises que tiene la normatividad para actualizar los instrumentos con que se cuenta para el desarrollo del campo en la nueva realidad del país.

Lo que se busca es un desarrollo integral del campo con el respeto a la propiedad privada y delimitar en la ley los conceptos de una política pública que se pone al día con la vida actual del país.

Con esta iniciativa se podrán titular cerca de 10 millones de hectáreas de los 114 millones de hectáreas que hay en el país, permitiendo que el campo avance para generar oportunidades de inversión, empleo y crecimiento para las familias colombianas.

Dijo el Viceministro que se pretende mediante este instrumento distribuir 3 millones de hectáreas a campesinos que no tienen tierra, que provendrán de diferentes fuentes, en especial de los bienes adquiridos ilegalmente.

Formalizar 7 millones de hectáreas, que hoy en día están en manos de campesinos que por diversas razones no han podido legalizar su derecho de propiedad.

 Colombia cuenta con el potencial para convertirse en uno de los proveedores de alimentos más importantes del mundo. Entre más alimentos podamos producir, mayor será el beneficio para el bolsillo de los colombianos.

 La propiedad privada siempre será respetada. Esta Ley no modifica los procedimientos de expropiación mediante sentencia judicial, consagrados en la Constitución Política de Colombia y las leyes ya existentes.

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Los puntos clave

Díaz Granados destacó que hay varios puntos que son importantes para despejar las dudas que los colombianos puedan tener sobre cómo será, luego de ser aprobada la iniciativa el manejo de la tierra en el país.

Señaló que hoy más que nunca se hace necesaria una reforma a la legislación actual en materia de tierras.

El Gobierno comparte que la Ley 160 de 1994 es una herramienta legal sin antecedentes en la historia del país, pero también reconoce que dejó ciertos vacíos y que fue redactada con unos mecanismos de implementación que hoy resultan obsoletos y que la hacen ineficaz. 

Por estas razones es fundamental abrir la discusión y actualizar la norma.

 

1. Desarrollo integral del campo

El Viceministro dijo que el proyecto reconoce que para que se dé un desarrollo verdadero del sector agropecuario no basta solo con la tierra, sino de un consenso social entre el Estado y quienes habitan el campo sin importar su origen o patrimonio.

Igualmente señaló el funcionario que la oferta de bienes públicos y la planeación territorial son fundamentales para desarrollar el campo de manera sostenible y equilibrada.

 

2. Caducidad agraria

El proyecto introduce la “Caducidad Agraria” como una figura nueva que reemplaza las figuras de reversión, condición resolutoria del subsidio y caducidad administrativa, unificando en uno solo los mecanismos.

Sanciona los incumplimientos a las obligaciones derivadas de la adjudicación de predios del Fondo para la Reforma Rural Integral.

 

3. Expropiación

La figura de la expropiación no se modifica en su esencia y tradición legal, dijo el funcionario, pero se aclara que la aplicación de la medida será residual o de última instancia cuando no sea posible nutrir el Fondo de Tierras con otros mecanismos.

 

4. Minifundio

En este sensible tema para la economía agraria, en el proyecto de ley se crean mecanismos para combatir la creación de minifundios, tales como: reajuste de terreno y adjudicación por compensación.

 

5. Derechos de uso sobre la tierra

Hoy el Estado no cuenta con una norma que permita otorgar derechos de uso sobre la tierra, entendida como un recurso finito que debe administrarse de forma más inteligente facilitando la productividad y el ordenamiento del territorio.

Permite aprovechar de mejor manera los bienes inmuebles del Estado sin necesidad de transferir el dominio.

 

6. Baldíos

Este es otro de los temas que mayor discusión ha demandado y que es sensible no solo entre los habitantes del campo sino entre los empresarios del sector.

Sobre baldíos el proyecto de Ley contempla reducir la incertidumbre jurídica frente al concepto de "baldío",  evitar conflictos de interpretación a partir de la clarificación de las reglas aplicables y presenta de manera compilada y organizada los motivos por los cuales son inadjudicables.

Explicó cómo hay un bloque sancionatorio al respecto por inexplotación, se dan alertas por el mal uso del suelo que no esté dedicada a la producción de alimentos.

Igualmente se busca solucionar los problemas que se tienen por la ocupación histórica de estas tierras, regular las situaciones que se han generado, que no reglamentaron y que dejaron en el limbo a muchas personas.

 

7. Segundos ocupantes en bienes de las Farc

Es necesario para avanzar de manera idónea en la reparación a las víctimas prevista en el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto firmado entre el Gobierno de Colombia y las Farc.

Se determina qué ocurrirá con los segundos ocupantes de buena fe que se encuentren en predios inventariados por las Farcep, más aún si se trata de población vulnerable.

Según las cifras oficiales manejadas por el DANE, Colombia tiene 114 millones de hectáreas, de las cuales unos 40 millones son aptas para la producción de alimentos y solo están activas 8 millones de hectáreas.

Con el proyecto se busca ampliar la frontera agrícola del país a través de la titulación de los predios a quienes los trabajan y los explotan de manera adecuada, sobre todo en materia de seguridad alimentaria para el país.

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