Marcela Madrid Vergara

Periodista El Nuevo Siglo

En el principal puerto de Colombia, que recientemente ha protagonizado los titulares nacionales por las atroces prácticas de violencia, la solución parece ser la militarización.

Algunos habitantes de Buenaventura y por supuesto las autoridades, destacan los beneficios de esta estrategia, por medio de la cual hoy más de 2.400 hombres de la fuerza pública custodian a una población de 370.000 personas.

Pero además de las dantescas referencias que identifican al municipio con el terror, este presenta los peores índices en los aspectos sociales. A pesar de ser el punto por donde circula el 60% del comercio nacional, el desempleo llega al 65% y el mismo alcalde reconoce que los pocos que trabajan se dedican al rebusque. La pobreza extrema llega al 13,5% y casi el 40% de los niños no están escolarizados.

Ante estas cifras, que desfasan el promedio nacional, cabe preguntarse ¿el aumento en el pie de fuerza sigue siendo la salida?

Una visita concurrida

El viernes pasado, el casco urbano del municipio, donde vive el 90% de su población, recibió al ministro de defensa Juan Carlos Pinzón y a la cúpula militar para escuchar los logros de la militarización.

En su recorrido por los barrios Lleras y Alfonso López, de la comuna 4, fue acompañado por hombres, mujeres y sobre todo niños que salían de sus casas de madera alzadas sobre el agua, o se asomaban por las ventanas para no perderse el acontecimiento.

Pinzón explicó que 37 días después de la implementación de la estrategia, 19 de ellos se han vivido sin ningún homicidio. Además, 232 miembros de Los Urabeños y La Empresa (bandas post desmovilización paramilitar) están siendo judicializados. Aunque las acciones violentas continúan, el Ministro lo atribuye a los “vacíos de poder” que quedan tras la captura de algunos jefes.

Al llegar al CAI de la Policía del barrio Lleras, un bonaverense dueño de una panadería cuenta que “como estamos cerca al CAI nos acostamos tarde, nos sentimos bien. Uno va cogiendo más confianza desde que esto está militarizado”.

Dos de sus vecinos confirman esta percepción: “Estamos en el Pacífico. Cuando la marea sube, la gente se alborota; cuando baja, todo se calma. Así pasa con el orden público: cuando los militares vienen, está tranquilo; pero cuando se van, se calienta”, opina uno mientras contempla la visita ministerial. Un compañero a su lado remata asegurando que “la militarización es lo primero, porque si hay violencia no puede haber empleo ni educación ni nada”.

Mientras lanzan sus opiniones, varios soldados los rodean. También se quejan de que casi nadie estudia un pregrado en las universidades públicas que hacen presencia ahí porque “sin palanca no se puede”. Estos dos bonaverenses sostienen con certeza que ninguna de esas instituciones es gratis, aunque no se han tomado el trabajo de averiguar cuánto cuesta un semestre.

La otra vía

Para otros, la efectividad de esta medida por sí sola no es tan clara. El defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, anunció en días pasados que, si bien militarizar Buenaventura contribuye a mejorar el orden público, “lo que va a hacer es regular el tema de la seguridad, pero aquí hay una demanda contra el Gobierno Nacional de política pública, de servicios públicos, de educación, de salud, de acceso a empleo. Esperamos una intervención en ese sentido".

Otro de quienes proponen una acción alternativa es el obispo de Buenaventura, Héctor Epalza. Aunque ha afirmado que respeta la estrategia, cree que es necesario que el Gobierno llegue con un plan para combatir el desempleo.

Durante la visita del viernes pasado, nadie habló del obispo, que se ha dado a conocer por sus denuncias sobre la crisis en Buenaventura y la existencia de ‘casas de pique’. Al preguntar por él, la respuesta parecía obvia: sería raro encontrarlo en cualquier acción relacionada con el aumento al pie de fuerza. 

Acogiendo estos argumentos, el presidente Santos ordenó también medidas de inversión social como construir un nuevo Sena, ampliar el programa Empleos de Emergencia y de Jóvenes en Acción, construir un megacolegio y destinar 5.000 millones de pesos del Plan Maestro para el acueducto.

Buenaventura se ha convertido en el centro de todas las miradas, no solo del Gobierno. Algunos candidatos presidenciales la han incluido en sus giras y han planteado propuestas exclusivas para mejorar la situación del puerto. Además, el gobernador de Valle del Cauca, Ubeimar Delgado, trasladará su despacho al municipio temporalmente. Tal vez la propuesta más peculiar provino de la Canciller, quien anunció la construcción de un campo de rugby en este municipio con más del 30% de necesidades básicas insatisfechas. 

Sin embargo, esta reciente tendencia a interesarse por el puerto del Pacífico no se vio reflejada en la percepción de la ciudadanía, que el 9 de marzo no fue a votar en su mayoría porque, según cuenta un bonaverense “ no creemos en la política. Si acaso salgo a votar, rompo el cartón”.

UNA CIUDAD ‘DE TRANQUILIDAD’: ALCALDE

Con respecto al informe publicado por la organización Human Rights Watch (HRW), el alcalde de Buenaventura, Bartolo Valencia, se manifestó en desacuerdo a varias de las revelaciones que este contiene.

El reporte, publicado el día anterior a la visita ministerial, califica a Buenaventura como la ciudad con la más crítica situación de violencia en el continente, a lo que Valencia respondió: “No, eso no puede ser. Buenaventura tiene una alteración si hay 59 muertos, no se pueden hacer ese tipo de comparaciones. Me parece que es arriesgado y es estigmatizar al municipio, no lo compartimos. Hay que corregir de dónde  sale esa fuente. Buenaventura es una ciudad de convivencia, de tranquilidad en la que hay muchos intereses”.