La importancia de abordar las políticas públicas en materia de infancia desde la perspectiva de derechos, y la inconveniencia de trasladar la rectoría del Sistema Nacional de Bienestar Familiar al Departamento para la Prosperidad Social (DPS), fueron entre otros los temas abordados por la procuradora delegada para la Infancia, la Adolescencia y la Familia, Ilva Myriam Hoyos Castañeda, durante su intervención en el reciente foro “Política De Cero a Siempre en el marco del posconflicto”.

La funcionaria señaló algunas debilidades evidenciadas por el Ministerio Público en el proyecto de ley “por el cual se establece la política de Estado para el desarrollo integral de la primera infancia De Cero a Siempre”. Entre ellas destacó especialmente la falta de congruencia con el cuerpo normativo existente en materia de infancia y adolescencia, la ausencia de una visión de garantía de derechos y de protección integral, la falta de claridad sobre las fuentes de recursos para respaldar su ejecución, la no previsión de una adecuada protección a la madre gestante, y la consideración de los niños y niñas como objeto de política pública y no como sujeto de derechos.

Manifestó igualmente la preocupación de este organismo de control porque en el documento sobre el que se adelantan los debates en el Congreso está ausente la fundamentación en los principios de dignidad humana y del interés superior del niño, al tiempo que se encuentran ambigüedades respecto de algunos de los términos centrales del proyecto de ley, entre otros las definiciones contempladas en el mismo.

Rectoría del Sistema Nacional de Bienestar Familiar

Frente a la propuesta de trasladar la rectoría del Sistema Nacional de Bienestar Familiar al Departamento para la Prosperidad Social, la procuradora delegada señaló que el Ministerio Público no lo considera pertinente y reiteró que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) debe ser fortalecido para que integre a los agentes sectoriales y logre una óptima articulación interinstitucional por la garantía de los derechos fundamentales y la protección integral de los niños, niñas y adolescentes. “Si bien el ICBF, por diversos factores, ha estado limitado en la rectoría del Sistema, no se puede pretender que la solución sea llevar esa responsabilidad al DPS; eso sería despojar al ICBF de su esencia, regresar al sistema irregular del Código del Menor y desconocer la prevalencia del interés superior del niño en un Estado Social de Derecho”, afirmó.

La doctora Hoyos Castañeda señaló finalmente que la función del Ministerio Público es formular observaciones frente al diseño y ejecución de las políticas, así como advertir sobre los riesgos, e invitó a la reflexión sobre la importancia de la construcción de la paz a partir de la garantía de los derechos de la infancia.