La gambiana Fatou Bensouda prestará juramento el viernes como fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), determinada a seguir el camino trazado por el argentino Luis Moreno Ocampo, de quien era adjunta desde 2004, pero dispuesta también a hacer "ajustes".

"Tenemos estilos diferentes", admitió recientemente Fatou Bensouda, de 50 años, en un encuentro con la prensa en la sede de la Corte en La Haya.

Ex jefa del gobierno de Gambia, Bensouda fue electa en diciembre de 2011 por consenso entre los representantes de los 120 estados integrantes de la CPI, principal tribunal mundial sobre genocidios y crímenes de guerra, en la sede de la ONU.

"Pero yo trabajo con Luis Moreno Ocampo desde hace cerca de ocho años (...) y es mi responsabilidad velar por consolidar lo que ha sido construido", añadió, reconociendo al mismo tiempo que "necesitaremos ajustes, que estoy dispuesta a realizar".

Fatou Bensouda prestará juramento el viernes a las 11H00 (09H00 GMT) en una corta ceremonia en la sala de audiencia 1 de la Corte.

Bensouda hubiera tenido que presentarse por primera vez ante los magistrados como fiscal el próximo lunes, frente al ex presidente marfileño Laurent Gbagbo, pero la audiencia fue aplazada al 13 de agosto.

Luis Moreno Ocampo, el primer fiscal de la CPI, prestó juramento el 3 de noviembre de 2003 para cumplir un mandato de nueve años, como ahora su sucesora. "Comenzó con menos de cinco personas, hoy 'heredo' 300 personas", subraya Bensouda.

La oficina de la fiscalía de la CPI, primer tribunal permanente encargado de juzgar a los presuntos autores de genocidios, crímenes contra la Humanidad y crímenes de guerra, está investigando en siete países, todos ellos africanos.

"Abriré nuevas investigaciones en África si debo hacerlo, pero no vacilaré en abrir en otros lugares si se cumplen los criterios del Estatuto de Roma", asegura.

"He dicho que soy africana y mi candidatura ha recibido el apoyo de la Unión Africana, pero soy el fiscal de 121 países" firmantes del Estatuto de Roma.

"El continente africano mostró una vez más su compromiso en favor de la justicia y de la corte", dijo tras ser electa, y agregó que ejercería su cargo "de manera imparcial", en representación "de todos los estados miembros".

A petición de la acusación, los jueces han dictado 20 órdenes de detención pero solo han sido detenidos seis sospechosos. Algunos desafían abiertamente a la Corte, como el presidente sudanés Omar el Bechir, que sigue viajando al extranjero a pesar de una orden de detención contra él por genocidio en Darfur y crímenes de lesa humanidad.

La Corte no tiene policía propia y cuenta con la buena voluntad de los países que han ratificado el Estatuto de Roma y se comprometen así a cooperar con ella y detener a los que busca.

Bensouda reconoce un "sentimiento de frustración" ante esta situación. Pero, asegura, "debemos cumplir con nuestro deber". "Nosotros debíamos investigar, perseguir, pedir órdenes de detención y presentar elementos de pruebas: lo hicimos en todos los casos".

Numerosos observadores destacan la extrema politización de la institución, que se encontraría sometida a una presión a la cual Bensouda tendrá dificultades para escapar.

Las presiones provienen de países africanos y también de actores mayores, como Estados Unidos, China y Rusia, que aun sin formar parte de la Corte intentan ejercer su influencia para que no afecte sus intereses.

"El problema con la CPI", subraya, "es que somos una institución judicial pero actuamos en una contexto político". "Uno de los principales retos de la Corte consiste en seguir actuando en el marco de la ley, aplicar estrictamente el estatuto de Roma". "Si es el caso, la Corte conservará su credibilidad", asegura.

AFP