Luego de cien días, el presidente intenta sellar una reforma laboral, que no tiene el visto bueno de la izquierda y los sindicatos. Una vez más, el tire y afloje entre gobierno y calle vuelve a jugar. Pese su decreciente popularidad, conserva bases y algunos le han dicho que no marcharán 

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En menos de cien días, Emmanuel Macron, el presidente más joven de la historia de Francia, se ha dado cuenta que su proyecto de reformar el estado francés tiene muchos enemigos..

Más de 200.000 personas ayer se movilizaron en contra de la reforma laboral,  objeto de duras críticas por parte de sectores de izquierda, que la ha calificado de zancadilla contra los derechos laborales de los franceses, conseguidos en diferentes gobiernos como el de León Blum, François Miterrand y Lionel Jospin.

Las numerosas organizaciones sindicales han aprovechado la decreciente popularidad de Macron, joven presidente que llegó al Elíseo con un paquete de promesas reformistas y neoliberales, para imponer una barrera a su iniciativa, una barrera con mucha historia detrás y adoctrinada en los principios de la izquierda de la Quinta República (1958-hasta hoy).

En lo que lleva de gobierno, su popularidad ha navegado del regocijo y la esperanza a la impopularidad. No muy atrás, recuerda el gobierno de François Hollande, el más impopular de la historia, cuando intentó limitar algunos derechos laborales y se encontró con los sindicatos, que le permitieron hacer unos pequeños –pequeñísimos- recortes.

“En Francia han existido diferentes esquemas para subsidiar el empleo. Pero, han servido poco o nada. El país tiene una tasa de desempleo del 9,5%, el doble de Alemania”

 

En Francia los sindicatos, aliados con sectores de izquierda, han fijado las políticas laborales, sin permitir un ápice de cambio. En más de treinta años, gobiernos socialistas, de derecha y de centro –Macron, no se sabe qué es-, han intentado modificar la rígida estructura laboral, que los empresario califican de “inadecuada” para el desarrollo económico.

Pese a esta realidad, Macron ha seguido “en Marcha” (nombre de su partido) su proyecto reformista. Con mayorías en el Parlamento, que le dieron un espaldarazo en las legislativas de julio, ha firmado la “Ley de Moralidad Pública”, para regular, entre varios temas, la contratación de familiar por parte de los funcionarios, que dejó al candidato conservador, François Fillon, en el ostracismo político, al involucrar a su familia en el Estado.

La izquierda, sin embargo, no le ha dado el visto bueno a la reforma laboral. Tras 300 horas de conversaciones,  mientras los franceses veraneaban, no llegaron a ningún acuerdo y rompieron la mesa de diálogo, generando la inmediata organización de las bases sindicales: a la calle, dijeron.

Lo imposible, vida real

Macron no es el único que ha intentado modificar el régimen laboral en Francia. Tampoco es la única víctima por intentarlo, como lo demuestra la historia del Siglo XX, y el caso de Hollande.

Dicen, por un lado, que las horas laborales en la semana son muy pocas y, por el otro, que el manejo legal de un despido o una reintegración es tan difícil como hacer un buen croissant. Esas quejas, también dicen, son parte de un esquema de garantías laborales que en opinión de los empresarios han estancado a Francia, superada  por la imparable Alemania de Merkel. .

Esas garantías laborales vienen de tiempo atrás, pero se han reforzado en las últimas décadas. En 2000, Lionel Jospin, presidente socialista, decretó que a la semana se trabajaban 35 horas laborales, iniciativa que fue explicada por Martine Aubrey, ministro de Trabajo en ese entonces, como “un proyecto de solidaridad” para los desempleados, en declaraciones a The Economist.

Desde entonces, los franceses se han opuesto a que les aumenten las 35 horas semanales. Algunos dicen que, en realidad, en Francia se trabaja más, que es puro mito. Pero, otros dicen que la normativa laboral, escrita en un código de 3.448 páginas, es extremadamente garantista, bloqueando el desarrollo empresarial y estatal.

El Estado, entonces, para combatir el desempleo, ha dirigido el gasto público para subvencionar el empleo, ante la poca iniciativa de los privados que critican el exceso de garantías laborales.

En los últimos tiempos, en Francia han existido diferentes esquemas para subsidiar el empleo, con contratos jóvenes, contratos de futuro, contratos de ayuda, reseña The Economist. Pero, han servido poco o nada. El país tiene una tasa de desempleo del 9,5%, el doble de Alemania  (en jóvenes es del 20%).

Para incentivar la contratación, frente a esta cifra tan negativa en la segunda economía de Europa, Macron ha prometido reformar la estructura laboral. Para ello, intenta flexibilizar las condiciones de trabajo, limitar los pagos por despido injustificado, bajar la capacidad de representación de los trabajadores en las empresas, eliminar sindicatos en pequeñas organizaciones y  hacer más fácil los acuerdos laborales en poco tiempo.

A la batalla

Si no es ahora, no es nunca. Hollande intentó hace la misma reforma y se encontró con los sindicatos en la calle. El punto es que, entre 32% y 9% de popularidad, hay una larga diferencia, y Macron tiene, al menos hoy, una favorabilidad aceptable que le permite enfrentarse a los poderosos líderes sindicales.

No se sabe hasta qué punto puede sostener este apoyo. El capital político se vence y la calle en Francia es tan poderosa, que Charles de Gaulle, uno de los presidentes más populares de la historia, perdió el referendo de 1969, vencido por las multitudinarias movilizaciones.

Su política de centro, esa de la que muchos hablan pero pocos definen, puede ser un antídoto contra sus críticos. Con un discurso alejado del bipartidismo, que hastió a los franceses, Macron debe tener la habilidad de comunicar la importancia de la reforma, para logar un leve consenso y apaciguar la calle.

El Parlamento es su mayor aliado. En las elecciones de mediados de año apabulló al resto de partidos, dejando en el olvido al tradicional Partido Socialista y muy lejos a la colectividad de Marine Le Pen, con una leve baja de los conservadores, golpeados por el escándalo de Fillon.

El mensaje, en todo caso, ya le ha llegado algunos. A diferencia de 2016, cuando Hollande lanzó la reforma laboral, dos de los tres grandes sindicatos esta vez han dicho que no se movilizarán. Por eso,  salieron 200.000 personas, no 600.000, como el año pasado.

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