Hay malestar con el Gobierno entre los congresistas de la bancada tolimense por la insinuación de que se desacatará la  decisión popular de los habitantes de Piedras que le dijeron “no” a la minería en su municipio.

El domingo, el 99,2 por ciento de los pobladores de esa localidad tolimense se pronunciaron en contra de que en su jurisdicción se desarrollen actividades mineras relacionadas con la explotación de oro.

La determinación implica que en Piedras no se permitiría la instalación por parte de la empresa Anglogold Ashanti de una planta procesadora de la mina de oro de La Colosa, ubicada en Cajamarcá, también en Tolima.

El senador Guillermo Santos, del Partido Liberal, manifestó que “somos consciente de que el Ejecutivo, en el momento en que se presentó para que fuera elegido presidente, uno de los temas propuestos fue la famosa locomotora minero-energética y con esos 9 millones consideraba que puede adelantar todas estas actividades en el territorio nacional”.

Sin embargo, para el senador Santos lo que no se puede es desconocer “un acto limpio y democrático, donde la comunidad se pronunció”.

El senador Jorge Enrique Robledo, del Polo Democrático, anotó que “esto demuestra la gran contradicción que el presidente no quiere reconocer. En lo legal, lo que se hizo es perfectamente válido. Los estudios de mi oficina dicen que la consulta se citó conforme a todo lo que se indica en el derecho y es de perfecta aplicación”.

Robledo manifestó que ahora lo que el Gobierno quiere es desconocer el hecho. “Lo que es evidente es que si el Gobierno adelanta la consulta en sentido de negar esa posibilidad, ahí pues queda la duda resuelta”, comentó.

El congresista calificó como muy grave que se quiera desacatar el resultado. “Lo que tienen que hacer es respetar la voluntad del pueblo y no ponerse al lado de las transnacionales. Cuando son los pequeños mineros, palo a la lata; y cuando son las trasnacionales, blanditos”, anotó.

El representante Rubén Darío Rodríguez, del Partido Liberal, recordó que la Constitución dice explícitamente que el pueblo es soberano. “Las determinaciones no se pueden desconocer por parte de ninguna autoridad y la decisión que tomó el municipio de Piedras es transcendental, que puede servir de modelo para otros municipios del país”, dijo.

Rodríguez indicó que el Ejecutivo no puede desconocer esa determinación del constituyente primario y “mucho menos el Procurador  puede amenazar por la carta que le envió al alcalde del municipio de Piedras, en donde le dice que cualquier determinación podría incurrir en una usurpación de funciones”.

Rodríguez concluyó que por encima de todo están las determinaciones del pueblo y sus decisiones. “De todas maneras, como surgen diferentes posiciones, ya hay algunos que dicen que es el Gobierno el que debe tomar esas determinaciones. Pero lo que no se puede hacer es pasar por encima de las determinaciones de los habitantes del Piedra Tolima”, expresó.

El senador Juan Mario Laserna, del Partido Conservador, recalcó que es más un acto político, que un acto legal. “La verdad es que la ley no dice que ese tipo de consultas tengan ningún impacto jurídico”, indicó.

Laserna recordó que por ese motivo los ministros han dicho que esas son decisiones del Gobierno nacional; sin embargo, precisó, “creo que se abre un debate muy importante sobre quién es el encargado, de quién es la jurisdicción: si las determinaciones se toman localmente o nacionalmente”.

El senador Laserna indicó que ya se está preparando un debate sobre el tema de la jurisdicción.

Pero es claro que “el 90 por ciento de las personas está opuesta a La Colosa”, señaló.

El representante Alfredo Bocanegra, del Partido Conservador, dijo que este se configura como un acto de dignidad de la población que está defendiendo su territorio.

“El Gobierno nacional ha dicho que las autoridades locales no son las competentes para tomar estas determinaciones. Esto es discutible, porque el caso de Piedras es diferente a otros municipios. El que administra el subsuelo es la Nación, pero aquí se habla del suelo”, señaló.

Bocanegra dijo que las autoridades locales sí tienen toda la competencia teniendo en cuenta que afecta el medio ambiente. Y lo que se argumenta por parte de las autoridades locales es que no se habla del subsuelo, sino de la explotación.