El alto consejero para el Posconflicto del gobierno colombiano, Rafael Pardo, aseguró que la guerrilla del ELN y las bandas criminales estarían detrás de las amenazas a las familias que se están vinculando a programas de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos de coca.

“Hay bandas criminales que no quieren el proceso de sustitución ni erradicación porque viven de la renta de la coca”, explicó el funcionario.

Pardo dio esta declaración un día después del asesinato de un líder de sustitución de cultivos ilícitos en Tarazá, Antioquia.

La política anticultivos del Gobierno busca reducir 100.000 hectáreas de coca, la mitad con el proceso de sustitución voluntaria y la mitad con el proceso de erradicación forzada. “Estas dos políticas hacen parte de una misma estrategia”, explicó Pardo.

“El proceso de sustitución va generando resultado en diferentes partes del país. El procedimiento debe completar 25.000 familias. En este momento hay 19.000 familias en proceso”, explicó el alto funcionario en una rueda de prensa este lunes 23 de octubre.

Tumaco es una de las zonas que más preocupa al Gobierno. Hace tres semanas enfrentamientos entre la fuerza pública y cultivadores de coca en este municipio, que aún son materia de investigación, dejaron 6 muertos.

Pardo anunció que se han erradicado los cultivos ilícitos de 1.800 familias y se han certificado 400 hectáreas en Tumaco. “Se está trabajando en el consejo comunitario Alto Mira y Frontera con 4.400 familias quienes ya iniciaron su proceso de inscripción individual a estrategias de sustitución voluntaria”, dijo el alto consejero.

A las familias que inician el proceso de sustitución voluntaria se les da un subsidio de COP 1.000.000 (USD 340) mensuales y un aporte de COP 19.000.000 (USD 6.460) para iniciar un proyecto productivo legal. También se inicia un proceso de asistencia técnica para hacer eficientes los cultivos lícitos.

Pero muchos campesinos aseguran que el proceso de sustitución no se está desarrollando como especifica el acuerdo de paz de La Habana.

Luz Perly Córdoba, vocera del Movimiento Social y Político Marcha Patriótica, manifestó que el gobierno colombiano no ofrece avances significativos en las garantías de seguridad para los líderes sociales y las comunidades en los territorios rurales.

Organizaciones sociales y grupos de campesinos cocaleros iniciaron este lunes un paro nacional indefinido en Colombia, en protesta por los asesinatos de líderes sociales y la erradicación forzosa de cultivos ilícitos.