Fue radicado ayer en el Congreso un proyecto de ley que busca establecer un marco legal especializado con el cual las Fuerzas Militares tengan facultades para combatir a las ‘bandas criminales’ (bacrim), usando un despliegue de fuerza igual o similar al que utilizan actualmente para combatir a los grupos guerrilleros. La iniciativa del senador del Partido de La U Juan Lozano también le permitirá al Gobierno, a través del Ministerio de Defensa, identificar a los grupos armados, criminales y organizados que debe combatir.
Como actualmente las ‘bacrim’ son consideradas como grupos de delincuencia común, limitan en un gran porcentaje los operativos que se puedan realizar en su contra, y además, tiene el agravante de que los uniformados que participen en operativos no permitidos se podrían ver en líos porque serían procesados judicialmente.
El espíritu del proyecto, según lo planteado en el texto radicado, es: “Habilitar a las Fuerzas Militares para que en virtud del cumplimiento de sus deberes constitucionales, de mantener la integridad del territorio nacional (…) usen todo su accionar en el enfrentamiento de uno de los mayores flagelos generadores de violencia que azotan a la Nación, como son las acciones criminales realizadas por estructuras armadas ajenas a la aplicación directa del Derecho Internacional Humanitario”.
El autor explicó que este proyecto nació como una estrategia para frenar el accionar de las ‘bacrim’ y como una forma de demostrar que no hay que quedarse quietos ante la presencia de estos grupos.
“No podemos seguir con los brazos cruzados frente a este fenómeno, ni podemos tampoco, ingenuamente, condenar a nuestros compatriotas a que las ‘bacrim’ o cualquier banda criminal organizada, hoy o mañana siga ejerciendo su poderío criminal sin una respuesta eficaz del Estado”, dijo Lozano, quien agregó que con la iniciativa no solo piensa dotar de herramientas al Ejército, sino también a la Fuerza Aérea y la Armada Nacional, para que a través del trabajo conjunto puedan combatir a los grupos criminales.
Aunque la iniciativa ni siquiera se encuentra publicada en las gacetas oficiales, por su reciente radicación, ya empezó a tener adeptos y detractores. El ex director de la Policía Nacional General (r) Luis Ernesto Gilibert está a favor, según lo hizo saber en diálogo con este Diario.
“La Policía cubre el tema urbano, es experta en el tema urbano, no es tan fuerte en el tema rural, y yo estoy convencido de que en la Fuerza Pública tienen que apoyarse los unos con los otros, de manera que donde la Policía puede hacer una labor de Inteligencia el trabajo operativo lo hace el Ejército, y en los lugares donde el Ejército sea fuerte y necesite de la Inteligencia de la Policía, pues que se ayuden”, dijo.
La moción fue apoyada también por el analista de temas de seguridad John Montaño, quien considera que la propuesta es una estrategia del Gobierno para enfrentar los nuevos perfiles criminales que se vienen presentando en el país y que cada vez están adquiriendo más poder y generando mayor temor en la sociedad civil.
“Lo que está haciendo esta nueva propuesta es dotar del marco legal que dé piso a las Fuerzas Militares para que puedan con su armamento atacar a estas nuevas organizaciones que están adquiriendo mucho poder, control territorial y, por supuesto, armamento más sofisticado cada día”, explicó Montaño, quien dijo también que es necesario hacer ajustes legales para poder combatir todos los nuevos tipos de amenazas.
Sin embargo, otros conocedores del tema no le dan tanto crédito al proyecto e incluso llegaron a calificarlo como una leguleyada.
Para el analista Alejo Vargas, ese proyecto de ley es “una leguleyada muy colombiana” y considera que una forma más simple de resolver el dilema es que el Gobierno acepte que las ‘bacrim’ también son actores del conflicto.
Vargas cree, además, que desarticular esas bandas ya no será una tarea de bombardeos u hostigamientos, sino que irá más allá, teniendo en cuenta que estos nuevos grupos usan estrategias como las redes de intimidación y de control de las regiones.
El analista de seguridad Alfredo Rangel también hace parte del grupo que no está de acuerdo con el proyecto del senador Lozano, teniendo en cuenta que durante el gobierno de Álvaro Uribe las Fuerzas Militares combatieron por igual a los grupos guerrilleros y a los paramilitares.
“Me parece que la iniciativa del senador Lozano apunta a solucionar un problema que ha creado el Gobierno del presidente Santos, y es que según este Gobierno las Fuerzas Militares no pueden combatir a las ‘bacrim’ o a los nuevos grupos paramilitares y creo que esa es una visión equivocada de parte del Gobierno Nacional que trata de ser corregida con esa iniciativa”, afirmó Rangel.
A pesar de las opiniones a favor y en contra de los expertos, serán los congresistas los encargados de definir el futuro del proyecto y quienes tendrán en su mano la decisión de darles o no las herramientas a las Fuerzas Militares para que hagan uso de sus estrategias para combatir a las bandas criminales que tanto afectan el tema de la seguridad en el país.
Alejo Vargas – Politólogo
“Yo creo que esa es una leguleyada muy colombiana, porque yo creo que lo hay que aceptar es que esos grupos de ‘bacrim’ también son actores del conflicto, y listo, con eso queda resuelto ese tema (…) Esas bandas, con algunas excepciones, ya no operan como operaban los paramilitares que tenían cuerpos de ejército; son redes de intimidación, de control de las regiones y eso no requiere bombardeos”.
Alfredo Rangel – Analista de Seguridad
“Durante el Gobierno anterior las Fuerzas Militares combatieron por igual a los grupos guerrilleros y a los grupos paramilitares y no se necesitó ninguna ley para que las Fuerzas Militares combatieran con mucha contundencia a los grupos paramilitares (…) La iniciativa del senador Lozano apunta a solucionar un problema que ha creado el Gobierno del presidente Santos, y es que las FF.MM no pueden combatir a las ‘bacrim’ o a los nuevos grupos paramilitares”.
General (r) Luis E. Gilibert
“Estoy convencido de que en la Fuerza Pública tienen que apoyarse los unos con los otros, de manera que donde la Policía puede hacer una labor de Inteligencia el trabajo operativo lo hace el Ejército y en los lugares donde el Ejército sea fuerte y necesite de la Inteligencia de la Policía, pues que se ayuden”.
León Valencia – Director Nuevo Arco Iris
“Para pelear contra esos fenómenos hay la necesidad de armar estas fuerzas combinadas de Ejército y Policía, que sean como bloques de búsqueda que se ensañan con una actividad de Inteligencia muy grande y con una presión del Estado y de la sociedad sobre todos los aliados que tienen esas fuerzas, como empresarios, políticos y abogados”.
John Montaño – Analista de Seguridad
“Lo que está haciendo esta nueva propuesta es dotar del marco legal a las Fuerzas Militares para que puedan con su armamento atacar a estas nuevas organizaciones que están adquiriendo mucho poder, control territorial y, por supuesto, armamento más sofisticado cada día. Es hacer unos ajustes legales para que puedan hacer un combate más efectivo”.
Texto del proyecto de ley
Artículo 1°.Objeto. El objeto de la presente ley es la implementación de medidas que permitan garantizar la seguridad nacional, mediante la habilitación de competencias al interior de la Fuerza Pública, para el combate de la criminalidad organizada en el territorio nacional y la protección de las víctimas de estos grupos.
Artículo 2°. Grupos criminales, armados y organizados. Para efectos de la aplicación de la presente ley se entenderá por grupos criminales, armados y organizados, aquel conjunto de personas armadas y organizadas al margen de la ley que, bajo la dirección de un mando responsable, realiza operaciones ilegales repetidas sobre una parte del territorio nacional.
Artículo 3°.Con el fin de mantener la integridad del territorio nacional y defender el orden constitucional, las Fuerzas Militares de la Nación deberán diseñar, desarrollar, ejecutar y conducir operaciones militares que permitan combatir efectivamente los grupos criminales, armados y organizados.
Artículo 4°. En la investigación y juzgamiento de las conductas sancionables atribuidas a los miembros de la Fuerza Pública, realizadas en cumplimiento de cualquier tipo de operación destinada a combatir los grupos criminales, armados y organizados, se aplicarán, por remisión expresa de esta ley, las normas del Derecho Internacional Humanitario.
Artículo 5°. El Gobierno Nacional identificará los grupos criminales, armados y organizados y autorizará a través del Ministerio de Defensa Nacional, las operaciones necesarias para darle cumplimiento a esta ley.
Artículo 6°. La presente ley rige a partir de su publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.
¿Delincuencia común u objetivo militar?
Los alcances del proyecto de ley analizado van más allá de qué fuerza combate a las ‘bacrim’. En realidad hay varias y complejas implicaciones en juego.
1. YA SE COMBATEN:Aunque el proyecto de ley presentado busca que se cree un marco legal que les permita a las Fuerzas Militares (Ejército, Armada y Fuerza Aérea) combatir de una manera más directa a las ‘bacrim’, lo cierto es que esto ya ocurre en el día a día, como lo evidencian los partes de resultados del Ministerio de Defensa. Y ello ocurre porque buena parte de la estructura de estas organizaciones delincuenciales es ‘heredada’ de los grupos paramilitares, con la única diferencia de que sus integrantes no tienen el régimen cuasi-militar cerrado ni tampoco campamentario (es decir que tienen bases rurales), como tampoco utilizan uniformes distintivos o un sistema de jerarquías como el que tenían las autodefensas. Sin embargo, las ‘bacrim’ sí manejan armamento de largo alcance como fusiles, lanzagranadas, bazucas y explosivos, lo que las constituye en una estructura armada irregular, una grave amenaza que debe ser enfrentada con mecanismos de disuasión o represión más allá de los meramente policiales, que tienen un alcance limitado.
2. EL PROBLEMA DEL DIH:Algunos de los tratadistas en materia de estrategias de seguridad advierten que permitir desde el punto de vista legal que las FF.MM. creen una estrategia definida para atacar a las ‘bacrim’ les cambiaría el status, puesto que pasarían de ser simples, pero peligrosas, facciones criminales de delincuencia común y organizada, a convertirse en blancos legítimos de la fuerza militar del Estado, lo que implica que estarían dentro del conflicto armado, con todo lo que ello conlleva, empezando, por ejemplo, desde la obligatoria aplicación del Derecho Internacional Humanitario en el combate a las mismas. Este no es un tema menor y menos bajo la óptica del Derecho Internacional.
3. EL ESTATUS: Hay quienes temen que al declarar “objetivo militar” a las ‘bacrim’, éstas puedan tratar de presentarse como “ejércitos” alzados en armas y buscar algún tipo de estatus político negociador, desconociéndose así que estas bandas criminales están dedicadas mayoritariamente al narcotráfico y su fin no se enmarca dentro de ningún delito político (rebelión, sedición o asonada) sino que buscan claramente el enriquecimiento ilícito propio. Hoy por hoy, a la luz de la legislación vigente, a los cabecillas e integrantes de las ‘bacrim’ sólo se les permite someterse a la Justicia ordinaria y, por lo tanto, no pueden ser objeto de indultos, amnistías u otros mecanismos de Justicia transicional como la Ley de Justicia y Paz.
4. ¿BOMBARDEOS AÉREOS?:Cuando la amenaza a la seguridad ciudadana o la convivencia proviene de una delincuencia común y organizada, la institución a la que le corresponde neutralizar el riesgo es la policial, que, como se sabe, está definida como un cuerpo armado de carácter civil que depende del Poder Ejecutivo, ya sea nacional, departamental o local. Sin embargo, convertir a una facción armada ilegal en objetivo legítimo y declarado de la fuerza militar del Estado implica que, por ejemplo, las ‘bacrim’ podrían llegar a ser blanco de bombardeos o de la utilización en su contra de armamento de guerra más complejo como artillería y otros. Sin embargo, como se dijo, las ‘bacrim’ no operan como “ejércitos” sino como redes mafiosas, camufladas entre los civiles sin distintivos que permitan diferenciarlas.