Aunque no se sabe con exactitud cuántos menores de edad han sido vinculados, contra su voluntad, a la guerra por las Farc, el Eln, las antiguas autodefensas o ahora las Bacrim, sí se tiene conocimiento de que el riesgo ha aumentado, que se utilizan peligrosas modalidades de vinculación y que los utilizan para combates, extorsiones, contrabando de gasolina, sicariato, para labores de inteligencia y hasta para satisfacer el apetito sexual de los cabecillas.

“La vida allá en los grupos armados es muy dura, porque a uno le toca levantarse a las cuatro, a las cinco o a la una de la mañana para hacer emboscadas al Ejército. Uno no puede descansar tranquilo, no puede ni siquiera comer tranquilo; hay que salir a caminar mucho, cocinar, cortar leña y cargar agua porque a veces nos queda muy lejos. Ese es un día allá…”, relató uno de los más de 5.400 menores que han sido rescatados de los grupos armados ilegales que operan en el país.

Pero muchos de los menores no han tenido la suerte de volver al seno de sus familias. Miles de niños, niñas y adolescentes permanecen en manos de los grupos armados ilegales, cuyos cabecillas los convirtieron en víctimas de todo tipo de vejámenes y vulneraciones de sus derechos, arrebatándoles sus sueños y la posibilidad de una vida adulta digna, serena y en el calor de un hogar. 

El número de menores de edad reclutados en los grupos armados ilegales es incierto. Lo que sí se conoce es que entre noviembre de 1999 y diciembre de 2013, el programa de atención especializada del ICBF recibió 5.417 niños, niñas y adolescentes desvinculados de los grupos armados ilegales, para brindarles la protección y el apoyo necesarios para sanar sus heridas, reconstruir sus proyectos de vida y reintegrarse a la sociedad. 

Solo en 2013, el programa atendió 342 menores de edad víctimas del reclutamiento ilícito. La cifra es un 29.5% más alta que la registrada el año anterior, cuando la entidad recibió 264 menores de edad desvinculados. Cabe aclarar, sin embargo, que el crecimiento en el número de niños desvinculados no es, necesariamente, un indicio de que el reclutamiento haya aumentado.  

El 60% de los niños desvinculados dice haber sido reclutado por las Farc, que históricamente ha sido el mayor vinculador. Sin embargo, otros grupos como las desmovilizadas Auc, muchos de cuyos combatientes entraron a engrosar las filas de las bandas criminales o Bacrim, y el Eln son, según las propias víctimas, los responsables del 20% y el 15% de los casos respectivamente.

Pero las Bacrim entraron al escenario y por ahora se sabe que tienen una incidencia del 3% en este delito.

De la misma manera, se tiene conocimiento de que el 83% de los menores de edad desvinculados hasta el 31 de diciembre de 2013, se entregó voluntariamente y el 17% fue rescatado por las Fuerzas Militares durante operativos o en medio de enfrentamientos con los grupos ilegales. 

Informes de riesgo

Como resultado de 72 informes de riesgo y 40 notas de seguimiento elaboradas por el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, entre los años 2012 y 2013, se evidenció la vulnerabilidad que frente a los derechos de la población infantil por esta práctica existe en 153 municipios de 28 departamentos en el territorio nacional.

“Si bien las Farc y el Eln siguen siendo responsables de la vinculación de menores de edad al conflicto (hecho que según la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas involucra a 6.920 niños. niñas y adolescentes), los grupos post desmovilización de las Auc o bandas criminales -Bacrim- son protagonistas principales del reclutamiento mediante la sustracción de personas en zonas rurales y urbanas, la incorporación ilegal al brazo armado de esas organizaciones y la utilización de los jóvenes en actividades de inteligencia o colaboración permanente.

A los informes de riesgo emitidos por el SAT, se suma una investigación en terreno realizada por funcionarios de la Delegada para la Niñez y la Juventud entre octubre y diciembre del año pasado, quienes documentaron preocupantes modalidades de vinculación de los niños, niñas y adolescentes por parte de los grupos ilegales en diferentes regiones del país:

En la Guajira, por ejemplo, se constató la instrumentalización de los menores de edad para el hurto y comercialización de combustibles para beneficio de las Bacrim.

En Zaragoza y El Bagre (Antioquia) se evidenciaron casos de explotación sexual en niñas, mientras en Tumaco (Nariño), Buenaventura (en el Valle) y algunos municipios del Cauca (con 119 episodios recientes de reclutamiento), se documentaron situaciones de violencia sexual con menores de 8 años, así como el rapto de adolescentes que fueron violadas y obligadas a consumir sustancias sicoactivas en hoteles durante períodos de entre 3 y 5 días.

“Precisamente en el barrio San Francisco de Asís de Buenaventura, la Defensoría del Pueblo encontró que los actores armados distribuyen helados y dulces impregnados de marihuana, para de esa manera manipular la voluntad de los niños y someterlos a sus intereses criminales”, señaló el organismo humanitario.

En el Chocó, particularmente en municipios como Quibdó, Cértegui, Istmina y Tadó, se registran en promedio entre dos y tres denuncias mensuales por reclutamiento, las cuales comprometen mayoritariamente a las Farc, y en un segundo lugar al grupo de Los Rastrojos.

En tanto que en los corregimientos de Bilbao (municipio de Planadas), Puerto Saldaña y Herrera (en Rioblanco), así como El Limón y Amoyá (en Chaparral), se verificaron casos de incorporación ilegal para la siembra de minas antipersona y la elaboración de artefactos explosivos.

La alerta derivada de los informes de riesgo del SAT, cobija a 14 municipios en cada uno de los siguientes departamentos: Chocó, Córdoba y Nariño; 12 municipios en Antioquia; 11 en el Meta; 10 en Bolívar; 8 tanto en Cauca como en Norte de Santander; 6 en Quindío e igual número en el Valle del Cauca; 5 en Caquetá, Sucre y Vaupés, respectivamente; 4 localidades tanto en Arauca como en Boyacá, Guaviare, Putumayo y Tolima y tres en Cundinamarca, incluido Soacha, donde en las últimas dos semanas se registraron al menos cuatro muertes violentas de jóvenes, incluido un adolescente de 16 años hijo de una lideresa que el 18 de Noviembre del año pasado reportó amenazas contra su vida, razón por la cual la Defensoría Regional de Cundinamarca adelantó los trámites y solicitó las medidas de protección correspondientes ante las autoridades.

Dado este panorama, el Defensor del Pueblo (e), Esiquio Manuel Sánchez, condenó el accionar de los grupos armados ilegales, a quienes exigió abandonar el reclutamiento e instrumentalización de niños, niñas y adolescentes; reiteró su llamado a las partes para que se incluya en la agenda de paz la desvinculación de los menores inmersos en el conflicto; a la vez que reiteró su exhortación al Gobierno nacional, a los alcaldes y gobernadores y demás autoridades competentes para que se adopten medidas eficaces a fin de contener el reclutamiento forzado de menores, que ya no sólo se presenta en las zonas rurales sino también en las grandes ciudades para la comisión de actividades de sicariato, extorsión, hurto y microtráfico.

El peor de los delitos

Según Alma Bibiana Pérez, directora del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, la lucha del Estado por la prevención debe ser constante: “El reclutamiento es el peor de los delitos, vulnera todos los derechos de las niñas y de los niños que son víctimas. Y la mejor manera de prevenir que esto le ocurra a nuestros niños y a nuestras niñas es garantizando la totalidad de sus derechos; un niño que tenga educación, que tenga un entorno seguro, que tenga un entorno familiar amable, va a pensarlo dos veces antes de caer en las redes de los que quieren utilizarlo o de los que quieren reclutarlo”.

La protección inicia en casa

Según el documento Observar para Proteger, resultado de una investigación de ICBF, con el apoyo del Departamento para la Prosperidad Social, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional  (USAID), “Los niños, las niñas y los adolescentes sufren situaciones de violencia que motivan su búsqueda de protección en los grupos armados organizados al margen de la ley, (GAOML).

Por ejemplo, el maltrato infantil, la violencia intrafamiliar y la violencia sexual, con énfasis en las niñas, se convierten en móviles para que la niñez busque en los GAOML un medio de protección. Lo que encuentran en estos grupos es un espiral de violencia más intenso y diverso al que ya sufrían”. 

“Estos análisis ratifican la necesidad que existe de fortalecer la protección de la niñez desde todos los entornos en los que se desarrolla. La familia debe ser un entorno protector para la niñez, todos los integrantes de la familia hacen parte del proceso de atención y de restablecimiento de derechos y también es vital en la prevención del reclutamiento”, afirmó Solange García, asesora de la Dirección de Niñez y Adolescencia del ICBF. 

Dentro de las tres rutas de prevención (temprana, urgente y en protección), establecidas para actuar de manera adecuada en la circunstancia diferenciada en la que se encuentre el menor de edad, se identifica el punto de riesgo en que se encuentra el niño o la niña y los actores que deben intervenir para evitar que llegue a ser reclutado.

“Una vida muy dura”

“La vida, allá en los grupos armados, es muy dura porque a uno le toca levantarse a las cuatro, a las cinco o a la una de la mañana para hacer emboscadas al Ejército. Uno no puede descansar tranquilo, no puede ni siquiera comer tranquilo, hay que salir a caminar mucho, cocinar, cortar leña, cargar agua porque a veces nos queda muy lejos, ese es un día allá”, relató Francisco. 

Esta es la realidad que tuvo que vivir Francisco durante los 2 años que estuvo vinculado a un grupo armado ilegal. Desde los 14 años de edad salió de su hogar porque fue reclutado por el comandante de uno de dichos grupos.

En el tiempo que estuvo en las filas, no solo perdió la posibilidad de ejercer derechos como a la educación,  a tener una familia, a la salud, a jugar, a recibir buen trato, sino que también, se vio obligado a hacerle daño a gente que no conocía, y eso, según Francisco, le marcó la vida.

Aun siendo menor de edad, fue rescatado de los grupos armados ilegales, y luego de haber vivido, lo que él denomina,  un largo y duro proceso de restablecimiento de derechos en el Programa de atención especializada del ICBF, ahora lucha para sacar adelante a su familia, que está compuesta por su pareja y su hijo, quiere hacer una carrera profesional y lograr una vida que en algún momento sintió perdida. 

“Mi sueño es seguir adelante y estudiar sicología, quiero ser sicólogo para ayudar a todos los jóvenes que han sido obligados a estar en los grupos armados ilegales, para ayudar a sanar todo lo que yo viví”, agregó Francisco.