Panfletos con amenazas de muerte fueron entregados en el Colectivo de abogados José Alvear Restrepo y en la Casa de la mujer, las amenazas dirigidas a defensores de los derechos humanos están firmadas por los grupos armados ilegales Los Rastrojos y el Bloque Capital de las Águilas Negras.
Según el Polo Democrático, los volantes anuncian que “tienen la orden de ejecutar” a militantes de esa colectividad como los senadores Jorge Enrique Robledo y Alexander López, el representante Iván Cepeda y el exlegislador Wilson Borja.
En la lista de los amenazados también se encuentran dirigentes políticos de otros Partidos Políticos, como la exsenadora Piedad Córdoba, la exrepresentante María Isabel Urrutia, el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, y algunas organizaciones defensoras de derechos humanos.
“Tanto Los Rastrojos como las Águilas Negras declaran objetivo militar a estos dirigentes políticos e instituciones activistas de derechos humanos que califican de izquierda y por adoptar una postura crítica a la Ley de Víctimas y de restitución de tierras”, explicó el comunicado del Polo.
En la comunicación, esa organización política expresó su “preocupación” porque hasta ahora no han recibido ningún tipo de pronunciamiento por parte del presidente Juan Manuel Santos respecto a las amenazas y ninguno de los mencionados ha recibido información sobre los esquemas de seguridad que deberían recibir y afirman que las intimidaciones son producto de “bandas criminales de ultraderecha”.
El anunció del Polo coincide con las denuncias realizadas la semana pasada por el representante en Colombia del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Todd Howland, quien dijo que durante los últimos días de febrero circularon panfletos con denuncias a defensores de los Derechos Humanos.
Howland pidió al Gobierno que “se investiguen las causas de las agresiones, se sancione a los responsables y las estructuras que puedan apoyarlos, y que se implementen las medidas estructurales para enfrentar estos ataques”.
El alto funcionario recordó que el deber de todos los Estados es el de proteger a los defensores y las defensoras de los derechos humanos.