Durante 2007 Y 2011, las políticas públicas para la población en situación de desplazamiento en cuanto a generación de empleo, vivienda y tierra fueron insuficientes.

Esta es la principal conclusión del más reciente informe de la Contraloría General en la que dichas estrategias “no fueron suficientes y no cumplieron con el objetivo de lograr su estabilización socioeconómica”.

En el documento se explica que de 305 proyectos de vivienda para población desplazada “aprobados por el Banco Agrario de Colombia entre 2003 y 2011, el 52% tiene las pólizas vencidas, es decir 158 proyectos”.

Por ello, en el informe se expone que se generó una función de advertencia sobre 9.256 millones de pesos en riesgo por pólizas vencidas en el Banco Agrario.

“En total hubo 188 hallazgos, cuatro de los cuales tienen connotación fiscal por valor de 733.6 millones de pesos, otros 15 hallazgos son de carácter disciplinario”, añade el documento.

La Contraloría adujo que la auditoría generó también una función de advertencia, “dos procesos administrativos sancionatorios para el SENA y el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS). Y se solicitó una actuación especial respecto al pago de subsidios y ayudas para Generación de Ingresos en proyectos del DPS”.

Po ejemplo, argumenta la Contraloría “la forma como está diseñado el proceso para las convocatorias destinadas al otorgamiento del subsidio integral de tierras, presenta deficiencias que limitan el derecho de los desplazados a la propiedad de la tierra y otros factores productivos”.

Además, “esto se advierte en las dificultades presentadas para acceder al subsidio, así como para permanecer en el predio y para lograr sostenibilidad de los proyectos”.

En cuanto a la generación de ingresos, “la Política Pública ha sido ineficiente, pues no se ha logrado contribuir a la estabilización económica de la población desplazada. La ruta del empleo no se completa y no ha sido sostenible en el tiempo”.