Hoy son dinamitados los equipos encontrados en actividades de minería ilegal 

______________________

Con ponencia positiva arribó a la Comisión Sexta del Senado, para tercer debate, la iniciativa que permitiría que la maquinaria pesada incautada en actividades ilícitas sea entregada en comodato a los municipios de categoría 4ª, 5ª y 6ª, para que la utilicen en la ejecución de obras públicas que beneficien a la comunidad. Este proyecto ya se había hundido, sin embargo, sus promotores consideran que la medida sería de gran utilidad en lugar de destruir estos equipos, como lo ordena la ley.

La Contraloría General de la República, a través de un informe sobre la explotación ilícita de recursos minerales, ha señalado que la explotación ilícita de recursos minerales, de manera contraria al concepto del respeto sobre los aspectos enunciados, usurpa la propiedad pública sobre los bienes de la Nación, desaprovecha abiertamente los recursos naturales no renovables, afecta de manera sensible fauna, flora, aire, agua y suelo, genera sobrecostos en el uso de recursos imprescindibles para la vida y genera pasivos ambientales, que “niegan a los pobladores el racional usufructo de dichos recursos, ocasiona problemas de salubridad pública, seguridad alimentaria, desplazamiento forzoso y muchos otros problemas de orden social, esto sin mencionar otros aspectos de carácter económico, fiscales y de seguridad pública”, indica el proyecto de ley.

Agrega que por tal motivo se requiere que se amplíen las medidas legales que permitan contrarrestar esta situación y permita otorgar un uso adecuado, razonable y proporcional a las máquinas incautadas a las personas naturales o jurídicas que se encuentren realizando actividades de exploración o explotación de recursos minerales de manera ilegal.

Este articulado ya había sido presentado en el año 2013 por parte del representante Eduardo Agatón Diazgranados, no obstante tras superar sus dos primeros debates en la Cámara, terminó hundiéndose en el Senado por términos.

El año anterior, el representante a la Cámara Eduardo Agatón Diazgranados, y el senador Andrés García Zuccardi, vuelven a presentar esta iniciativa  (No 073 de 2016, Cámara), logrando en noviembre pasado su aprobación en primer debate en la Comisión Sexta de Cámara de Representantes; mientras que la plenaria de esta Corporación también en junio pasado le dio luz verde.

Alcances

Uno de los argumentos para que en 2015 se hundiera en el Congreso el proyecto que permitiría que la maquinaria pesada incautada en actividades ilícitas sea entregada en comodato a los municipios para obras de desarrollo es que, por lo general, está ubicada en zonas de difícil acceso para su movilización. Sin embargo, la ponencia para el tercer debate indica que por esta misma razón el Estado debe hacer presencia en estos lugares adjudicando estas herramientas para su aprovechamiento en la agroindustria.

La iniciativa establece que la maquinaria pesada que sea encontrada en la realización de actividades ilícitas ejercidas por cualquier persona natural o jurídica, también será objeto de la extinción de dominio a que hace referencia la Ley 1708 de 2014.

De igual forma crea el Fondo Nacional de Maquinaria Pesada, adscrita al Ministerio de Transporte, que tendrá por objeto la administración para entregar en comodato maquinaria pesada que haya sido objeto de extinción de dominio.

Toda aquella organización de campesinos o asociación gremial agropecuaria que declare ante notario público, que no cuenta con recursos económicos y que requiera maquinaria, también se puede postular en las convocatorias y les será dada la maquinaria; con el objeto de incentivar la producción agropecuaria y generar competitividad en el sector.

Ante el incremento de la minería ilegal que contamina suelos y agua, la administración Santos decidió acudir a una medida de choque dinamitando la maquinaria que sea encontrada en estas actividades, para lo cual se fundamentó en que el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 prohibió usar maquinarias pesadas sin título minero;  en tanto que la Decisión 774 de la Comunidad Andina de Naciones aprobó en la lucha contra la minería criminal el decomiso, incautación y destrucción de equipos utilizados en esos casos.

En 2014 el Consejo de Estado negó la suspensión provisional del Decreto 2235 de 2012,  que le otorga a la Policía la facultad de la destrucción de esta maquinaria, porque si bien reconoció que la ley no contempla este procedimiento, dijo que  el Estado tiene la facultad sancionatoria en materia ambiental.