El futuro de las megapensiones de que aún gozan congresistas y magistrados por encima del tope establecido de 25 salarios mínimos mensuales se juega hoy en una audiencia pública que desarrollará la Corte Constitucional, con la participación de diferentes entidades y sectores que podrán expresar sus posturas sobre este candente tema.

Los demandantes reclaman la inconstitucionalidad contra el artículo 17 de la Ley 4 de 1992, que ordena el establecimiento de un régimen especial de pensiones a favor de congresistas.                       

Alegan que esta disposición desconoce el derecho a la igualdad consagrado en el artículo 13 Constitucional, así como las previsiones contenidas en la Reforma Constitucional 1 de 2005, que modificó el régimen de pensiones poniendo punto final a los regímenes especiales con excepción del presidente de la República y los integrantes de las Fuerzas Armadas, y que además estableció un techo de 25 salarios mínimos mensuales en las pensiones, dadas las fabulosas mesadas que a la fecha recibían ex funcionarios del Estado de diversos sectores como la justicia y el propio Congreso, que contrastaba con las exiguas mesadas del escaso porcentaje de colombianos que logra jubilarse y la bomba pensional que desde hace años el país tiene entre manos porque el sistema no es capaz de autofinanciarse con los aportes de los afiliados, quedando a costa del Estado la mayor parte de la carga.

A pesar de que el artículo demandado hace referencia al régimen pensional especial que favorece a los congresistas, en caso de que el fallo de la Corte Constitucional lo tumbe, arrastraría en su caída el esquema de que hoy gozan los magistrados y otros altos operadores de la rama judicial, que de largo superan el tope de los 25 salario mínimos mensuales, es decir, unos $15 millones.

En este sentido se generó un enfrentamiento entre la Corte Constitucional y el Consejo de la Judicatura, de un lado, frente a la Corte Suprema de Justicia, que al lado del Consejo de Estado consideran que las pensiones de los magistrados son intocables.

En el caso del Consejo de Estado señala que hay unos derechos adquiridos y que la Corte Constitucional no es competente para definir sobre este tema sino que los jueces son los que deben pronunciarse frente a demandas por pensiones mal liquidadas. Igualmente, esta Corporación protestó porque no fue invitada por la Corte Constitucional a esta audiencia para que expusiera sus posturas.

La demanda

Los demandantes alegan que el artículo 17 de la Ley 4 de 1992 desconoce el derecho a la igualdad consagrado en el artículo 13 Constitucional, así como las previsiones contenidas en la Reforma Constitucional 1 de 2005, que modificó el régimen de pensiones.

Con respecto a la violación del artículo 13 argumentan que la norma favorece a las personas con mayores ingresos a pesar de que el Constituyente ha ordenado que las acciones estatales de promoción deben dirigirse a la población menos favorecida. De igual manera, ordena el establecimiento de un régimen especial de pensiones de congresistas, lo que implica la trasgresión del mandato constitucional de dar un tratamiento igualitario a todas las personas.

En cuanto al Acto Legislativo 01 de 2005 exponen que la norma constitucional prohíbe la consagración de regímenes especiales o exceptuados y, por tanto, actualmente no existe ninguna razón constitucional que justifique un tratamiento desigual entre la generalidad de los ciudadanos y los congresistas.

En este sentido, la demanda señala que el artículo 17 de la Ley 4 de 1992 permite que los congresistas reciban pensiones muy superiores a lo efectivamente cotizado y el valor de las pensiones devengadas por los congresistas pone en riesgo la estabilidad financiera del sistema de

pensiones.

En el estudio de esta demanda, para la cual fue designado Jorge Pretelt como magistrado ponente, la Corte Constitucional en una sesión adelantada el pasado 4 de diciembre decidió convocar a esta audiencia pública e invitó a la misma a los demandantes y representantes de diferentes sectores como el de pensionados, el sindical; así como Roy Barreras en su calidad de presidente del Congreso; en tanto que por el Gobierno nacional asistirán el Ministro de Trabajo y de Hacienda. Por las autoridades de control fueron invitados el Procurador General, la Contralora General y el Defensor del Pueblo.

Extraoficialmente se supo que el magistrado Pretelt propondrá en su ponencia declarar la inexequibilidad del artículo 4 de la Ley 4 de 1992, la cual será votada en las próximas semanas por cinco de los nueve magistrados: Jorge Pretelt, Gabriel Mendoza, Luis Guillermo Guerrero, Mauricio González y el magistrado encargado Alexei Julio, pues los cuatro restantes están impedidos.

Cifras astronómicas

Los congresistas se pensionan a los 55 años con el 75% del mejor salario que devengaron en el último año, que en la actualidad en promedio es de $21 millones mensuales, sin sumar la prima de mitad de año y la prima de Navidad.

El abogado Germán Calderón, uno de los demandantes del régimen especial pensional de los congresistas, explicó que “aproximadamente se pierden $58 mil millones por cuenta de estas pensiones que vienen siendo liquidadas con un régimen que no está en vigencia puesto que fueron proscritas esas pensiones a través del acto legislativo (reforma constitucional) 01 de 2005”.

En tanto que entre los documentos que maneja la Corte Constitucional para la audiencia de hoy, está un informe del Ministerio de Hacienda con corte al año 2011, que hace referencia al costo que ha significado para el erario de algunas decisiones judiciales que han extendido sin justificación regímenes de transición. “Esas decisiones afectan el objetivo de mejorar la sostenibilidad financiera del Sistema Pensional, pues pueden tener un costo de entre 11,7 y 20,1 billones de pesos para (pensiones) de la Rama Judicial, Ministerio Público y Contraloría General de la República”, indica.

El informe alerta que algunos de estos fallos podrían hacer que estos beneficios se extiendan a otros servidores públicos, incrementando la obligación pensional de 31,3 a 37 billones de pesos.

En tanto que otro de los documentos que serán contemplados en la audiencia pública de hoy reseña 93 pensiones de exfuncionarios de la rama judicial que están por encima del techo legal de  $15 millones.

Reacciones

La Corte Suprema expondrá hoy en la audiencia que el aspecto salarial es parte de la independencia de la rama y no se puede desmejorar. “Tenemos que hacer valer nuestra independencia que radica también en los sueldos y que si se van a tocar es para aumentarlos pero no para mermarlos porque eso nos quita la independencia judicial”, indicó el presidente de ese alto Tribunal, el magistradoJavier Zapata.

Por su parte el presidente de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, magistrado Néstor Raúl Correa, vio con buenos ojos que la Corte ponga punto final a los regímenes especiales. “Para los exmagistrados de las altas Cortes, más allá de los 25 salarios mínimos, que eso mal contados da 15 millones de pesos, un salario por encima de eso me parece que es inequitativo e injusto”.

En tanto que el magistrado Gustavo Gómez, del Consejo de Estado, dijo que se deben respetar los derechos adquiridos. Además alertó que “la instancia constitucional no es hábil para eso. Si lo hace, el país entra en una senda peligrosa de autoritarismo. No solo es que legisle, sino que estaría atentando contra derechos que el Estado ha reconocido. Implicaría recursos ante cortes internacionales y nosotros tenemos una situación complicada en esas instancias”.

Mientras tanto la ministra de Justicia, Ruth Stella Correa, dijo que “es hora de que haya un pronunciamiento serio sobre el tema”. La funcionaria también se refirió al carrusel de pensiones que es investigado en las altas Cortes. “Yo creo que sí, yo creo que basta con revisar los expedientes, analizar la documentación que se aportó para el reconocimiento de la pensión y en caso de que se encuentre que fue fraudulenta, en cualquier época, podrá ser demandada, porque las demandas de pensiones no tienen caducidad ni prescripción”.

Mientras que el presidente de la Cámara, Augusto Posada, dijo que el régimen especial pensional de congresistas benefició a quienes alcanzaron ese derecho antes de la reforma constitucional, pero que en la actualidad los parlamentarios se jubilan en las mismas condiciones que los demás colombianos. “Es un régimen especial, pero ese régimen no está aplicando para los congresistas actualmente. Se dio con el régimen pensional anterior, donde existe una transición. Digamos si alguien tiene régimen pensional especial ahora, son las Cortes, no el Legislativo”.