Un informe del ente acusador da cuenta de los procesos más importantes adelantados en esas materias. EL NUEVO SIGLO publica en su integridad este aparte del balance presentado la semana pasada

Caso DRFE

Este caso, que se adelanta desde finales de 2008, se relaciona con la investigación desplegada en contra de la captadora ilegal de dinero, llamada comúnmente “pirámide”,  Proyecciones DRFE (Dinero rápido, fácil y efectivo) y su creador, Carlos Alfredo Suárez, quien logró establecer 74 franquicias en Colombia, a través de las cuales captó más de 1,2 billones de pesos a más de 334.000 víctimas.

Se determinó que la actividad de captación de dineros inició en Pasto en septiembre de 2007 y se extendió a once ciudades del país. Suárez autorizaba a personas cercanas, entre ellas, a sus familiares, para abrir sedes y conformar la cúpula de la pirámide. Toda fue desmantelada.

En más de 400 mil folios y dos bodegas de evidencias están los registros de este caso, en el que se han judicializado a 28 personas, 20 de ellas condenadas.

Actualmente hay trece procesos terminados con sentencias ejecutoriadas, cuatro de los cuales están en apelación y casación. Asimismo, cuatro están en juicio y dos en trámite de imputación. Se indaga por 125 personas que hicieron parte de esta estructura piramidal, y sobre quienes la Fiscalía tomará una decisión, respecto de la acción penal.

El 23 de abril de 2014 la Corte Suprema de Justicia, mediante sentencia de casación, dejó en firme la condena de nueve años y nueve meses de prisión, proferida por el Tribunal Superior de Pereira (Risaralda) el 14 de agosto de 2012, en contra de Carlos Alfredo Suárez por los delitos de captación masiva y habitual de dineros y lavado de activos.

De acuerdo con la providencia, no hubo irregularidad alguna en el proceso de entrega y aceptación de cargos por parte del procesado, como lo argumentó su defensa.

Por otra parte, Cristina Omaira Suárez, prima de Carlos Alfredo y segunda al mando de DRFE, fue condenada a18 años de prisión como responsable de los delitos de captación masiva y habitual de dineros, lavado de activos, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir agravado.

Lavado de activos en empresas de Enilce López

Mediante información suministrada por la DEA Cartagena, un fiscal de la Dirección Nacional Especializada Antinarcóticos y Lavado de Activos estableció que entre los años 2000 y 2010 se desarrolló una operación de blanqueo de capitales a través de las empresas Uniapuestas S.A., Aposmar S.A., Aposucre, Unicat S.A., Seguridad 911 y Uniproducciones, propiedad de la familia de Enilce del Rosario López, conocida también como las Gata, respecto de las cuales se detectaron diversas irregularidades como doble contabilidad o registros paralelos, al parecer realizados para cubrir el ingreso de dineros de origen ilícito provenientes de las arcas del excomandante paramilitar Salvatore Mancuso, extraditado a Estados Unidos.

Como resultado de la indagación se determinó la existencia de una organización criminal liderada por López, que a través de un emporio empresarial dedicado a actividades de chance, juegos de azar y relacionadas, permitió el ingreso y salida de grandes sumas de dinero provenientes del narcotráfico para hacerlos aparecer como resultado del objeto social de estas empresas al administrar, dar apariencia de legalidad, ocultar, encubrir e invertir tales sumas.

Por estos hechos, la Fiscalía solicitó el 31 de mayo de 2014 ante el Juez 12 Penal Municipal con función de control de garantías de Cartagena (Bolívar) órdenes de captura en contra de algunos de los miembros de la familia Alfonso (esposo e hijos de López) y algunos de sus colaboradores; posteriormente el 1 de junio de 2014 la fiscal del caso expidió las órdenes de registro y allanamiento con fines de captura.

Al día siguiente el personal de la Unidad Especial de Investigación de la Dirección de Investigación Criminal (Dijín-SIU), capturó a 13 personas: Héctor Julio Alfonso, esposo de López, quien fue accionista de las empresas Uniapuestas S.A, Aposucre S.A., Unicat S.A; los hijos de la pareja, José Julio y Jorge Luis Alfonso, accionistas de las empresas Aposmar S.A. y Aposucre S.A; Arquímides Segundo García, hermano de la empresaria, y quien habría prestado su nombre para recibir dineros y aparecer como propietario de bienes.

También fueron judicializados Carmelo Erazo, inicialmente jefe de talento humano, luego gerente administrativo y posteriormente representante legal de Aposmar S.A, y Omar de la Cruz Perdomo, contador de la misma empresa.

Asimismo Lizandro López, representante legal de Uniapuestas S.A; Félix Manuel Díaz, tesorero de esa empresa entre 2000 y 2010; Marisol Moreno, contadora; Raúl Antonio Montes, empleado del que se detectan irregularidades en el crecimiento de su patrimonio personal, y Aleyda Salazar, empleada de servicios generales en esta firma, quien habría prestado su nombre para recibir dinero y figurar como propietaria de un inmueble.

Finalmente, Ómar Alberto Patiño, representante legal de la empresa Unicat S.A, y Martha Elena Dereix Martínez, exesposa de Salvatore Mancuso, quien a través de la doble contabilidad recibía supuestamente utilidades de las compañías Aposmar y Uniapuestas. Los dividendos aparecen liquidados a nombre de López. El 3 de junio de 2014 se radicó la solicitud de audiencia preliminar ante los jueces penales municipales con función de control de garantías con el fin de legalizar los registros y allanamientos, órdenes de captura, así como formular imputación y solicitar medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario por los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particulares y concierto para delinquir.

Así, fueron cobijados con medida de aseguramiento López, por parte del Juzgado Segundo Penal Municipal de Barranquilla (Atlántico), mientras que los otros implicados fueron afectados con medida de aseguramiento por el Juzgado Noveno de control de garantías de Cartagena (Bolívar). A tres de los procesados el juzgador les concedió la detención domiciliaria y los restantes permanecen recluidos en centros penitenciarios.

En septiembre de este año, un juez de garantías de Barranquilla dejó en libertad por supuesto vencimiento de términos a dos de los empleados de López. Sin embargo, la Fiscalía apeló la decisión.

 

Aseguramiento de nueve integrantes de organización dedicada al lavado de activos

 

Como resultado de una investigación adelantada bajo la Ley 600 de 2000, en la cual fueron vinculados, condenados y extraditados varios ciudadanos colombianos, y luego de un estudio minucioso de los documentos obtenidos durante diligencias de allanamiento, así como de verificaciones a cuentas corrientes y de ahorro por parte de la Fiscalía, se logró la captura de David Ernesto Ricardo, Martha Isolina Padilla, Sara Sánchez, Rosa Inés Gómez, José Iván Gómez, Mario Nieves, José Nepomuceno Leal, Elsa Marina Correal y Orlando Serrano, aprehendidos el 16 y 17 de junio del presente año en Medellín, Bucaramanga y Bogotá, con el fin de ser escuchados en indagatoria por el presunto delito de lavado de activos.

Al resolver su situación jurídica, el fiscal del caso les dictó medida de aseguramiento por, presuntamente haber prestado su nombre para recibir dineros ilícitos. En este proceso hay 101 personas vinculadas.

 

Condena de 11 personas por tráfico transnacional de cocaína y heroína

 

Luego de pactar un preacuerdo con la Fiscalía, once personas que conformaban una red de tráfico transnacional de estupefacientes fueron sentenciadas a penas que oscilan entre los cinco y los trece años de prisión, por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Cúcuta (Norte de Santander).

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía Quinta de la Dirección Nacional Especializada Antinarcóticos y Lavado de Activos, la red delictiva tenía como centro de operaciones las ciudades de Cúcuta, Abrego y Ocaña (Norte de Santander), Barranquilla (Atlántico), así como los departamentos de Cauca y Nariño.

Esta estructura adquiría la marihuana, la cocaína y la heroína en los citados departamentos, para transportarlas luego en buses de servicio público intermunicipal o camufladas en tarros de champú, talcos, leche, conservas, neumáticos de llantas de bicicleta, electrodomésticos, entre otros.

Igualmente, la Fiscalía estableció el envío a través de correos humanos quienes eran preparados con dietas y medicamentos para ingerir las sustancias en cápsulas y con ello soportar largas jornadas de viaje, pues los estupefacientes tenían como destino Estados Unidos y países de Europa, pasando antes por Caracas (Venezuela) o ciudades costeras como Isla Margarita, Aruba y Curacao.

Cuando los alucinógenos llegaban a su destino final eran comercializados y el dinero producto de la venta era enviado a Colombia por medio de casas de cambio, consignaciones en cuentas bancarias tanto colombianas como venezolanas y giros en pocas cantidades reclamadas por personas previamente reclutadas para este fin, actividad conocida como ‘pitufeo’.

Los integrantes de la organización criminal sentenciados son: Ángel Odilson Santana, alias el Cachetón o el Toro, cabecilla de la banda; Miguel Antonio Morales, alias el Indio o Caucano; José Gregorio Ochoa, alias el Gordo, y Bernardo Ochoa, quienes cumplirán una pena de diez años, seis meses de prisión y multa de 3.666 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Por otra parte, José Antonio Sandoval fue sentenciado a trece años y cinco meses; José Gregorio Hernández, alias Pedro, y Carlos Julio Pérez, alias Piti, purgarán doce años y trece meses, con igual sanción económica que los anteriores; mientras que Noel Torrado, alias Cachetes o Noetlito, fue condenado a seis años, cinco meses de prisión y multa de 2.333 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Finalmente, José Gabriel Barco; Eduardo Antonio Guillín, alias Gorro; y Xiomara de la Cruz fueron condenados a 59 meses y doce días de cárcel y multa de 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

 

Medida de aseguramiento por contaminación de contenedores con estupefacientes

 

 La investigación se relaciona con una organización criminal dedicada al tráfico de estupefacientes que utilizaba los puertos principales de la Costa Atlántica, con la colaboración de un funcionario de Policía Antinarcóticos quien desempeñaba sus funciones en el Puerto de Santa Marta.

La organización realizaba exportaciones a través de empresas fachadas creadas legalmente en Colombia ubicadas en la Costa Norte del país, con el propósito de obtener un récord y estadísticas para conseguir la confianza de las autoridades que ejercían control en los puertos y facilitar la salida de los estupefacientes camuflados en cajas de fruta (banano) de doble fondo, cuyos destinos eran los puertos de Antwerp (Bélgica) y Miami en el Estado de Florida (Estados Unidos).

En el marco de una investigación conjunta entre la Policía Antinarcóticos Grupo de Investigaciones Especiales y la Dirección de Fiscalía Nacional Especializada Antinarcóticos y Lavado de activos se adelantaron las capturas en las ciudades de Medellín y Turbo (Antioquia) y en Santa Marta (Magdalena).

Es así como en operativo del 22 de mayo último se produjeron las capturas de Manuel Din, alias don Manuel, principal inversionista; Yesid Abuchar, alias Yeko, coordinador de operaciones de la banda criminal; Jaime Manuel Manga, alias Manga; Hans Jurgen Wunderlich, alias Alemán, y el subintendente de la Policía Nacional, Marlon Bautista.

Estas personas fueron cobijadas con medida de aseguramiento por los delitos de concierto para delinquir con fines de narcotráfico, en concurso con tráfico, fabricación o tráfico de estupefacientes agravado, según decisión del Juzgado Segundo Penal Municipal Ambulante con funciones de control de garantías de Cartagena.

 

Captura de dos extraditables por tráfico de heroína

 

A partir de una información allegada a la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional por parte de la Agencia Antidrogas DEA para Colombia, se conoció de la existencia de una organización criminal dedicada al tráfico de sustancias estupefacientes desde Colombia hacia los Estados

Unidos, a través de puertos en la Costa Pacífica y Cartagena (Bolívar).

Los estupefacientes eran transportados en motonaves hasta Panamá, donde posteriormente eran embarcadas en vehículos acondicionados con rumbo a México para entregar las cargas a conductores de nacionalidad americana y así pasar la frontera.

En la indagación se estableció que la organización realizaba envíos de sustancias estupefacientes, principalmente heroína, mediante la modalidad de correos humanos, maletas doble fondo, contaminación de mercancía y otros, que tenían como destino final los países de Estados Unidos y Australia.

Por estos hechos fueron capturados el 14 de mayo de 2014 dos hombres con fines de extradición, identificados como Harold Didier Loaiza, alias Thomas o el Doctor, y José Osvaldo Beltrán, alias Osvaldo o Popeye.

También fueron aprehendidos el pasado 21 de mayo José Fredy Bonilla, alias Fredy o Ingeniero, y Eduardo Villegas, alias Flaco o Eduardo, por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado.

Una de  las organizaciones desmanteladas por las autoridades enviaba estupefacientes a Estados Unidos y países de Europa, pasando antes por Caracas (Venezuela) o ciudades costeras como Isla Margarita, Aruba y Curacao.