La Contraloría General de la República entregó al Congreso un concepto favorable sobre el proyecto de Acto Legislativo que modifica el Sistema General de Regalías (SGR) para aportar recursos, que la Exposición de Motivos del mismo calcula en cerca de $18 billones, a fin de implementar el “Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto Armado y la Construcción de una Paz Estable y Duradera”.

Para el organismo de control, el proyecto de Acto Legislativo de Regalías acoge los lineamientos de la Sentencia 699 de 2017, sigue la línea del Acto Legislativo para la Paz, y viabiliza el cumplimiento de este Acuerdo Final, refrendado por el Congreso de la República el 30 de noviembre del 2016, “dando estricto cumplimiento a los presupuestos de conexidad y urgencia que justifican el fast track”.

El proyecto establece que los criterios de distribución de los recursos privilegia los territorios que han sufrido mayores afectaciones derivadas del conflicto armado, según  indicadores de pobreza rural, grado de afectación derivado del conflicto armado, debilidad institucional y existencia de economías ilegales.

Sin embargo,  tanto del texto del Acto Legislativo como de la Exposición de Motivos se desprende que no necesariamente las zonas más afectadas por el conflicto armado, con mayor pobreza rural e incidencia de economías ilegales serían las principales beneficiarias de estos recursos.

Alcances 

La propuesta a consideración del Congreso consiste en destinar el 7% de los recursos del Sistema General de Regalías, que según el Ministerio de Hacienda y Crédito Público equivaldrían a una suma de $398 mil millones en promedio por año.

Además de lo anterior, se destinarían $300 mil millones adicionales correspondientes a los rendimientos financieros del SGR y $150 mil millones promedio anual de los excedentes de las entidades territoriales del Fonpet.

También se sumará el saldo de los recursos sin aprobar del Fondo de Ciencia,  Tecnología e Innovación del SGR, que a diciembre de 2016 ascendía a $1.5 billones; de los cuales la Exposición de Motivos señala que se trasladaría $1 billón. Este monto se utilizaría por una única vez y se respetaría la distribución por departamentos existente.

En su análisis, la Contraloría formuló observaciones sobre algunos aspectos del Acto Legislativo que modifica el Sistema de Regalías, como el monto de los recursos que se prevé obtener en los próximos veinte años, señalando que el cálculo de los $150 mil millones promedio anual de excedentes de las entidades territoriales en el Fonpet debe considerarse como un dato aproximado, que podría estar sobreestimado.

Eficiencia

Por otro lado, la CGR respalda la propuesta de destinar $1 billón del saldo de recursos sin aprobar del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación teniendo en cuenta que este presenta serios problemas, no sólo de eficiencia, sino de diseño institucional, que están poniendo en riesgo la calidad del gasto que se aprueba y se está ejecutando.

Tal situación amerita que, por una única vez, esos saldos disponibles se usen apoyando la construcción de la paz, y no que estén a disposición de actores e intereses equivocados o, en las arcas del Tesoro, sin uso alguno.

Pero el máximo ente de control fiscal no está de acuerdo con que se mantenga  la distribución de los saldos del Fondo, por una razón de peso: los saldos más altos no corresponden a los departamentos más afectados por el conflicto armado.

Así mismo, para distribuir los recursos provenientes del 7% del recaudo de las regalías y los rendimientos financieros, que ascenderían a $700 mil millones anuales (un total durante los 20 años cercano a los $14 billones) en la Exposición de Motivos se señala que la distribución de recursos destinados a la implementación del Acuerdo de Paz privilegie a los territorios productores, debido a que han sido especialmente vulnerables a las consecuencias del conflicto armado en el país.

Establece así “que los recursos del Sistema General de Regalías deben aportar recursos adicionales para resarcir y compensar los daños que históricamente se han causado en estas zonas derivados del conflicto armado”.

La CGR considera que de aprobarse este Acto Legislativo se deben respetar los criterios de distribución territorial que lo motivan: nivel de pobreza rural, grado de afectación derivado del conflicto armado, debilidad institucional, y existencia de economías ilegales, tanto para los recursos provenientes del 7% del recaudo y los rendimientos financieros, como para los que se trasladarían del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación, para que se cumpla verdaderamente con el objetivo de la construcción de una paz estable y duradera.