Unos 2.000 migrantes recibirán en total 47 millones de euros de indemnización por su detención en un muy controvertido campamento 'offshore' australiano, decisión saludada este miércoles como una victoria para los defensores de los derechos humanos.

Este compromiso amistoso permitirá asimismo al gobierno australiano y a las empresas de seguridad Transfield y G4S encargadas de la gestión del campamento, evitar una proceso.

En total, 70 millones de dólares australianos serán repartidos entre 1.905 personas que están o estuvieron detenidas desde 2012 en el campamento de la isla de Manus, en Papuasia-Nueva-Guinea, según el gabinete de abogados Slater and Gordon que se encargó del recurso colectivo (class action) de los demandantes.

Australia es muy criticada por las organizaciones de defensa de los derechos humanos, y por la propia ONU, por su política extremadamente dura frente a los solicitantes de asilo.

Su marina rechaza sistemática a los barcos clandestinos. Quienes, pese a todo, consiguen llegar a las costas australianas, son ubicados en campos de retención fuera de Australia, como en Manus, o en Nauru, una pequeña isla del Pacífico, a la espera de que su solicitud de asilo sea examinada.

La propia existencia de esos campamentos suscita desde hace años la indignación de las ONG que denuncian también las condiciones de vida en estas instalaciones, la falta total de perspectiva para los detenidos, las violaciones de derechos humanos, o los intentos de automutilación o de suicidio.

Los detenidos de la isla  interpusieron el año pasado un recurso colectivo para exigir indemnizaciones por el perjuicio físico y moral padecido.

- No sufrir más en silencio -

Los refugiados denunciaban además una detención arbitraria e invocaban una sentencia dictada el año pasado por la Corte suprema local, que consideró "ilegal" e "inconstitucional" la detención en Manus de los solicitantes de asilo.

Los demandantes han obtenido además 20 millones de dólares australianos en gastos de justicia.

"Las personas detenidas en Manus han vivido en condiciones extremadamente hostiles, pero ya no volverán a sufrir en silencio" declaró el abogado Andrew Baker, del gabinete Slater and Gordon.

Aunque su demanda de asilo sea juzgada legitima, Canberra no autoriza a los migrantes clandestinos a instalarse en Australia. Australia considera que esta política muy dura es la única que puede disuadir a los refugiados a lanzarse en la peligrosa travesía hacia sus costas.

El miércoles la organización Amnesty International saludó una decisión "histórica", y una "brecha importante en el sistema oficial australiano que vacila".

Pero el ministro australiano de Inmigración afirmó que el pago de la indemnización no supone de ninguna manera un reconocimiento de responsabilidad por parte de su gobierno. El objetivo es evitar una juicio largo y costoso.

Un eventual juicio habría llevado a debate en la plaza pública la política migratoria de Australia y las condiciones de vida en los campamentos. Y Australia ha sido acusada a menudo de falta de transparencia en este asunto,

El campamento de Manus debe supuestamente cerrar próximamente debido a la decisión de justicia de Papuasia. El gobierno australiano no ha anunciado de momento ningún proyecto de cierre para el campamento de Nauru.