Quedó certificado que el gobierno y las Fuerzas Armadas de Colombia respetan los derechos humanos; el anuncio lo hizo el Gobierno de Estado americano.

"El Departamento de Estado determinó y certificó al Congreso que el gobierno y las Fuerzas Armadas de Colombia cumplen con los criterios legales con respecto a los derechos humanos y los grupos paramilitares", señaló el comunicado del portavoz Ian Kelly. Esta decisión "permite que el total de los fondos del año fiscal 2009 asignados a la asistencia de las Fuerzas Armadas colombianas sean entregados", indicó.

El Congreso estadounidense aprobó para el presente año una ayuda de más de 500 millones de dólares, dentro del Plan Colombia para la lucha contra los grupos ilegales y el narcotráfico. De ese monto, el Congreso condiciona la entrega de un 25% a la certificación de que en Colombia se respetan los derechos humanos.

Desde 2000, Estados Unidos entregó a Bogotá unos 6.000 millones de dólares en asistencia militar a través del Plan Colombia. A pesar de que el Departamento de Estado reconoce una tendencia positiva en el último año en Colombia en el respeto de los derechos humanos, destaca que "no hay dudas" de que debe mejorar "en ciertas áreas".

El Departamento reconoció que los esfuerzos del gobierno por mejorar el entrenamiento de los efectivos militares ha producido un mayor respeto de los derechos humanos. De igual forma, el fiscal general ha perseguido casos de violaciones de esos derechos.

"Aunque estos avances son positivos, Colombia sigue enfrentando retos inquietantes", como la aparición de nuevos casos de ejecuciones extrajudiciales, señaló el departamento. Entre los casos que menciona, figura el arresto de varios generales bajo cargos de violación de derechos humanos y el procesamiento de cinco miembros del ejército por haber actuado junto a fuerzas paramilitares en el asesinato de 20 civiles.

Además, resalta el caso "intolerable y preocupante" de las escuchas del servicio de inteligencia, la DAS, que depende directamente del presidente Alvaro Uribe, y que espió a políticos, periodistas y jueces.

Estados Unidos "está comprometido" a tomar medidas para alentar un respeto más estricto de los derechos humanos por parte del ejército colombiano así como apoyar cualquier investigación independiente del escándalo de las escuchas, apuntó el comunicado.
La certificación que el Departamento de Estado le transmitió al Congreso se produce en momentos en que está pendiente de ser firmado un acuerdo que permitirá a Estados Unidos utilizar al menos siete bases colombianas, lo que ha levantado preocupación en varios países de la región.

Otro asunto pendiente en el Congreso es la ratificación del Tratado de Libre Comercio (TLC), suscrito por Estados Unidos y Colombia en 2007, pero al que los legisladores demócratas se oponen hasta tanto Bogotá persiga a los autores de asesinatos de sindicalistas y garantice el respeto a los derechos laborales.

AFP