La minería impulsó el crecimiento de la economía colombiana en la última década, alentando al gobierno a convertirla en motor de desarrollo con grandes proyectos, pero conflictos sociales y trabas jurídicas dificultan ese objetivo.

En 2012 este sector representó 2,3% del PIB (que creció 4%) y pagó 2.100 millones de dólares en impuestos y regalías, dijo a la AFP el director de la Cámara de la Minería, César Díaz.

El repunte obedeció a los altos precios de las materias primas, lo que en 2012 se tradujo en 46.000 millones de dólares de exportaciones y 2.263 millones de inversión extranjera directa.

Ello, pese a que Colombia no es una potencia minera, observó Díaz, si bien es el mayor productor mundial de esmeraldas y el cuarto exportador de carbón, sus renglones tradicionales.

Pero fenómenos como la minería informal e ilegal (en la que intervienen grupos armados) conspiran contra la apuesta del presidente Juan Manuel Santos de consolidar al sector como una de sus cinco "locomotoras" de desarrollo.

Además, la actividad se ve afectada por conflictos laborales, como el de la estadounidense Drummond, que explota carbón y enfrenta una huelga desde hace tres semanas, y Minas Cerrejón (propiedad de la suiza Xstrata, la británica Anglo American y la australiana BHP Billiton), que también estuvo parada un mes a principios de año.

Auge de la minería ilegal

"Los mayores problemas son el crecimiento exponencial de la minería informal e ilegal, y la poca articulación entre políticas mineras y ambientales", señaló Díaz.

Estos problemas "afectan principalmente a los nuevos proyectos de oro", indicó a la AFP el director del Observatorio de Energía de la Universidad Nacional (pública), Germán Corredor.

En Colombia operan firmas como la sudafricana AngloGold Ashanti, que prevé extraer 14 millones de onzas de oro a partir de 2022 en Cajamarca (centro) y 4,1 millones en San Roque (noroeste), pero aún espera por licencias ambientales pese a que llegó al país en 2005.

El 28 de julio, el poblado de Piedras rechazó la explotación en la vecina Cajamarca en una consulta popular.

"Entre más trabas se le pongan a la minería formal hay una mayor tendencia a la informalidad", estimó Díaz, aclarando que no se pide flexibilidad sino rapidez en los permisos ambientales.

Desde hace un mes, miles de mineros informales protestan en reclamo de unos 2.000 títulos y denuncian que el gobierno busca sacarlos del negocio para beneficiar a multinacionales. En Colombia hay 14.357 unidades de producción, de las cuales 56% carece de licencia.

"Hay zonas en las que ha habido minería informal durante años, lo que genera conflictos, porque viene una compañía con licencia y encuentra que ya se está explotando", apuntó Corredor.

La protesta deja ocho muertos: el 7 de agosto una persona falleció en una asonada en Zaragoza y siete perecieron el domingo en Jardín (noroeste) arrolladas por un conductor que supuestamente eludía un ataque de manifestantes.

La Confederación de Mineros de Colombia -que reúne a 200.000 empresarios y obreros informales- asegura que pese a no tener títulos sus 1.280 empresas pagan impuestos, aunque reconoce el daño ambiental.

"No estamos en contra de los grandes proyectos, sino de que nos desplacen", declaró a la AFP Ramiro Restrepo, presidente de la asociación.

La Confederación produce 42 toneladas de oro al año (70% del total), equivalentes a 1.300 millones de dólares, según Restrepo.

Penetración de grupos armados

El gobierno ha expresado su intención de regularizar a los informales, pero denuncia que "dentro de la pequeña minería hay muchos criminales disfrazados de mineros artesanales".

Restrepo admite que los altos precios del oro (a mediados de 2011 la onza llegó a 2.000 dólares) condujeron a algunos a usar la actividad para lavar capitales, pero rechaza que a todo el tenga una excavadora se lo tilde de "criminal".

Un estudio de la ONG Centro Internacional de Toledo para la Paz señala que guerrilleros y exparamilitares irrumpieron en el sector porque es menos riesgoso que las drogas.

Corredor sostiene que este fenómeno se presenta desde hace un lustro y causa graves destrozos.

A ello se añade que el sector minero y petrolero son con frecuencia blanco de ataques y secuestros por parte de las guerrillas.

Hace apenas unas semanas, la minera canadiense Braeval Mining anunció que se retiraba de Colombia por "desfavorables condiciones de mercado".

Aunque la empresa no lo mencionó, la guerrilla ELN tiene cautivo desde enero a su ingeniero Jernoc Wobert, de nacionalidad canadiense y quien fue tomado rehén junto a otros empleados peruanos y colombianos ya liberados.

En este contexto, el sector minero apenas creció 1,4% en el primer trimestre de 2013, frente a 14,2% de igual período de 2012, lo que Díaz atribuye a la baja de los precios de las materias primas y a problemas de mercado.

Estos factores "inciden en el desinterés de algunos inversionistas", afirmó Díaz, quien sin embargo anota que estos siguen esperanzados en que algunas restricciones surgidas en los últimos años desaparezcan.