La Comisión Regional de Moralización para Bogotá y Cundinamarca analizó las problemáticas que existen en la obra de Transmilenio y resolvió inquietudes de la comunidad, promovió soluciones efectivas para los ciudadanos afectados y ejerció acción de vigilancia en este proceso.

La Procuraduría General de la Nación, como parte de la Comisión Regional de Moralización para Bogotá y Cundinamarca, coordinó en audiencia pública las acciones que deben ejercer las entidades territoriales en lo referente a prevención, investigación y sanción de posibles actos de corrupción relativos a las obras de Transmilenio que conectarán al municipio de Soacha con la capital colombiana.

En este sentido, el grupo articulado de trabajo analizó las problemáticas relacionadas con este proceso de contratación estatal: demoras en la construcción de puentes peatonales, terminación de las calzadas de los articulados, seguridad en la obra, entre otros.

Al respecto, el Ministerio Público instó a las empresas y corporaciones involucradas a ofrecer respuestas concretas a la comunidad de Soacha y Sibaté, así como a las de las localidades bogotanas de Ciudad Bolívar y Kennedy, interesadas en buscar alternativas de solución.