La unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas entregó Asistencia Humanitaria de Emergencia a 1.303 familias conformadas por 4.199 personas afectadas por los combates entre grupos armados ilegales en Buenaventura a finales de noviembre.

En total se enviaron 35 toneladas de Ayuda Humanitaria, compuesta por alimentos no perecederos e implementos de aseo. Así mismo, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar brindó acompañamiento psicosocial a las familias afectadas y entregó bienestarina a aquellos núcleos familiares con menores de edad.

Los enfrentamientos para controlar la minería ilegal y el narcotráfico, produjeron la salida masiva de 2.307 personas de los barrios La Playita, Puente Nayeros, Calle La Ramiro, Alfonso López Pumarejo, Piedras Cantan y Viento Libre.

En el puerto va en  aumento la aparición de las llamadas ‘oficinas de cobro’ o sicariato y a la utilización de niños, niñas y adolescentes para insertarse en estas oficinas y otros oficios criminales.

En el marco del Comité Territorial de Justicia Transicional, realizado el 7 de noviembre, se estableció el compromiso con la Fuerza Pública de realizar presencia en las comunas afectadas las 24 horas del día y patrullajes con el Ejército Nacional, la Infantería de Marina y la Policía Nacional; todo ello con el objetivo de evitar las incursiones armadas, los asesinatos selectivos y las amenazas contra la población civil por el control poblacional y territorial efectuados por los actores armados ilegales, que son la causa de los desplazamientos masivos intraurbanos.

En su momento, el defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora pidió una gerencia especial para Buenaventura  que articule toda la institucionalidad del Estado y que permita enfrentar de manera más efectiva la situación de violencia y el abandono que presenta este puerto sobre el Pacífico.

En Buenaventura Los Rastrojos y Los Urabeños libran una cruenta guerra por el control del territorio, que cuenta como tercer protagonista a la bacrim de La Empresa.