Una mayor rigurosidad con el control al lavado de activos y la financiación al terrorismo pidió la presidenta de Asobancaria, María Mercedes Cuéllar, durante el Congreso Panamericano que trata los dos problemas que azotan a la comunidad nacional e internacional.

La dirigente financiera sostuvo que los dos problemas “deben ser abordados desde una visión multidimensional e integral, como única vía para que las instituciones públicas y privadas, los sectores real y financiero y las jurisdicciones puedan afrontarlos con mejores posibilidades de éxito”.

Señaló que son tres las rutas a través de las cuales se han identificado efectos negativos en el terreno macroeconómico: distorsiones en los parámetros económicos -en especial frente al tamaño del PIB y al dinamismo de la actividad productiva en su conjunto-; alteración, tenencia y velocidad de circulación del efectivo;  y entradas masivas de capitales o divisas que derivan en peligrosas desviaciones cambiarias.

Diversas investigaciones han estimado el valor y tamaño del lavado de activos y de la financiación del terrorismo: el FMI, a finales de los años 90, cuantificó su valor entre el 2 y el 5% del PIB mundial. Con similares órdenes de magnitud, la ONU en 2009, lo estimó en alrededor del 3,6% del PIB mundial. El BID señaló en 2004, que este valor en América Latina fluctuaba entre el 2,5 y el 6% del PIB regional.

Y, para el caso colombiano en 2011, Caballero y Amaya lo calcularon en un rango de entre el 2 y el 3% del PIB.

Precisamente y dada la escasez de estudios rigurosos dedicados a estimar los diferentes impactos macroeconómicos y que sirvan como referente para tomar decisiones en contextos que reflejen de forma más asertiva las realidades de la economía, Cuéllar manifestó que “aplaudimos la iniciativa de la UIAF que, con el apoyo del Banco Mundial, viene adelantando una investigación que pretende estimar la tendencia de largo del lavado de activos y de su impacto sobre la economía. Se prevé que la metodología utilizada para tales efectos servirá de referente para aplicarla en otras jurisdicciones”.

De acuerdo con la intervención de la dirigente gremial, las implicaciones microeconómicas asociadas con el lavado de activos y la financiación del terrorismo tienen que ver con la eficiencia de los mercados. “Quienes se dedican a este tipo de actividades cuentan con la posibilidad de operar bajo condiciones que no son de mercado. En otras palabras, pueden producir bienes y servicios cuyos costos no recogen las señales de mercado”.

Las distorsiones en la eficiencia de los mercados se presentan tanto en el sector financiero como en el real.

En lo que se refiere al sector financiero, el lavado de activos y financiación del terrorismo tiene serias implicaciones para su integridad y genera riesgos reputacionales que podrían incluso inducir la quiebra de entidades o crisis financieras sistémicas.

Además, la Presidenta de Asobancaria recalcó, una vez más, que el exceso regulatorio y de las implicaciones de las normas antilavado tiene implicaciones negativas para el negocio financiero y para sus clientes: “las entidades bancarias están suspendiendo la vinculación de clientes que consideran riesgosos o sobre los cuales resulta imposible o costoso realizar las labores de información exigidas en las normas. A su vez, se nota una tendencia a la disminución a nivel global, e incluso la posible desaparición, de la banca corresponsal”.

Las redes criminales han optado por movilizar sus recursos a través del sector real o empresarial de la economía. Para Asobancaria, si bien ha habido avances normativos, “el gran desafío está en su adecuada supervisión y en el seguimiento a la aplicación de la normatividad expedida, a fin de asegurarse que con ella se estarán obteniendo los beneficios esperados, sin generar desestímulos a las actividades desarrolladas por los agentes económicos”.