A un poco más de cinco meses para que el procurador general Alejandro Ordóñez termine su segundo periodo -a menos que salga del cargo antes por una demanda en contra de su reelección que cursa en el Consejo de Estado-, el pulso político para su sucesión empieza a tomar un inusitado ritmo.
El 15 de enero del próximo año vence el segundo periodo del jefe del Ministerio Público, por lo que todo el proceso de postulación de candidatos, conformación de la terna definitiva y elección en el Senado tiene que realizarse antes de mediados de diciembre, cuando termina el primer tramo de la legislatura.
Ya la semana pasada el Consejo de Estado abrió el periodo de inscripciones de juristas interesados en ser postulados por el máximo tribunal del contencioso-administrativo, lapso que se cerrará el 18 de agosto. Cumplido ese plazo se procederá a la publicación de la lista de aspirantes para que la ciudadanía opine sobre los nombres y luego la Sala Plena del alto tribunal citará a la respectiva sesión para definir su candidato.
En estos pocos días ya hay varios inscritos, como el viceministro de Asuntos Multilaterales, Javier Francisco Echeverri, el exsenador liberal Jairo Mantilla, el juez administrativo de Bogotá José Luis Ortiz y dos juristas que fueron candidatos a un escaño en la Corte Constitucional, Ana Feliz Romero y Lenis Gustavo Ampudia.
Baraja abierta
Sin embargo, en los corrillos políticos y jurídicos se asegura que todavía no se han conocido los nombres más fuertes, sobre todo porque el Partido Conservador aún analiza en dónde se juega sus cartas más fuertes.
El dilema radica en que la bancada parlamentaria considera que debe concretarse con el presidente Santos un compromiso político para que terne a un jurista de ascendencia azul para Procurador. De ese tema ya se ha hablado en la Casa de Nariño y, según algunos senadores y representantes azules, el Jefe de Estado se habría mostrado dispuesto a respaldar a un conservador siempre y cuando no tenga una postura política contraria al proceso de paz, como ocurre hoy con el procurador Alejandro Ordóñez. Este, como se sabe, siempre ha militado en el conservatismo e incluso suena como posible precandidato presidencial de ese partido para 2018.
Los conservadores quieren que alguien de su partido continúe como titular del Ministerio Público y saben que ello sólo es posible si el Gobierno da el ‘guiño’ político respectivo, pues de lo contrario no se lograría la mayoría en el Senado. Y también saben que si la coalición santista (La U, liberales y Cambio Radical) juega en contra de las intenciones azules, entonces los acuerdos políticos estarían en vilo y habría que replantear las relaciones con Santos de alguna manera.
Incluso en las toldas azules se hace el siguiente rompecabezas: la Defensoría del Pueblo (elección que la Cámara de Representantes debe hacer en próximas semanas, una vez el Gobierno remita la terna antes del 8 de agosto) quedará en un liberal o alguien de La U; la Fiscalía tiene ahora a Néstor Humberto Martínez como titular, muy cercano a Cambio Radical; y la Contraloría sigue con un liberal santista como Edgardo Maya al frente. En ese panorama, entonces a los conservadores debería respetárseles su cuota en la Procuraduría.
“… La elección de Procurador en el Senado no sólo pasa por el guiño que haga la Casa de Nariño a la coalición, que al final de cuentas respetó los acuerdos de la Unidad Nacional para la escogencia en julio pasado de las nuevas directivas del Congreso, sino también por lo que ocurra con la elección del Defensor del Pueblo y la no menos crucial, aunque con un plazo más largo, elección de varios magistrados de la Corte Constitucional, a menos claro que se determine antes la salida de Pretelt (conservador uribista) por el proceso que le tiene el Senado ahora… Todos esos elementos estarán entrelazados no sólo entre ellos, sino también con la postura que tome el conservatismo frente al plebiscito de paz y la implementación posterior de los acuerdos con las Farc”, explicó ayer un dirigente político conservador, que pidió la reserva de su nombre.
En ese orden de ideas, si los conservadores concretan un pacto político con Santos y con otros partidos alrededor de estos temas, entonces ese partido presentaría sus nombres más fuertes a la Casa de Nariño para que de allí salga su ternado a Procurador y que el postulado llegue con viento de cola al Senado.
Incluso se han mencionado nombres como los del exsecretario de la Presidencia en el gobierno Pastrana, Juan Hernández, hoy muy distanciado de un exmandatario que es abierto crítico del proceso de paz. Igual se habla de una viceprocuradora delegada que, sin embargo, tiene como flanco débil su cercanía con Ordóñez.
Gavirismo asoma
Sin embargo, en los corrillos políticos se asegura que el gavirismo (que en su momento no ocultó su desencanto con que Maya fuera elegido Contralor y no Gilberto Rondón) quiere la Procuraduría y para ello tendría como carta fuerte al exministro y exembajador del gobierno Santos, Fernando Carrillo.
En algunos mentideros políticos y partidistas se asegura que Carrillo tiene chances de ser ternado por el presidente Santos, ya que el gavirismo es el principal aliado gubernamental para el proceso de paz y la campaña al plebiscito. Debido a esa hipótesis es que algunos conservadores consideran que debe buscarse que sea el Consejo de Estado el que postule la carta fuerte azul para el Ministerio Público y luego plantear un pulso político en el Senado.
Sin embargo, otros analistas dicen que el exministro Carrillo se inscribiría en la Corte Suprema de Justicia en busca de que sea este alto tribunal el que lo postule. Allí tendría que competir con otros nombres de peso como el expresidente de la Corte Constitucional, Humberto Sierra Porto (de ascendencia conservadora) y el -desde ayer- exvicefiscal Jorge Perdomo, muy cercano al exfiscal Eduardo Montealegre y quien en su momento se dijo que tenía del apoyo del gavirismo para que el Presidente lo incluyera en la terna para Fiscal General, lo que finalmente no ocurrió y generó roces entre liberales y la Casa de Nariño.
En la Corte también podrían hacer fila como aspirantes a ser ternados los expresidentes del Consejo Superior de la Judicatura Wilson Ruiz y María Mercedes López (considerados cercanos a los conservadores). Es más, la jurista cuatro años atrás fue ternada por el presidente Santos para la Procuraduría, pero ganó la reelección en el Senado Ordóñez, postulado por la Corte Suprema.
Lo cierto es que al terminar agosto o -máximo- en la primera semana de septiembre tanto el Consejo de Estado como la Corte Suprema deberán oficializar su ternado. ¿Cuándo lo hará el Gobierno? No se sabe. Se dice que esperará hasta el último momento, incluso después de votarse el plebiscito, ya que ello le da un amplio margen de maniobra política de cara a mantener apoyos conservadores y gaviristas.