Siguiendo la propuesta del presidente Juan Manuel Santos, contenida en las objeciones presentadas la víspera, el Congreso hundirá la reforma a la justicia en las sesiones extras citadas para hoy y mañana.
La Cámara está citada para el mediodía y el Senado para las 3 de la tarde.
El presidente del Congreso, Juan Manuel Corzo, se mantuvo en su posición “de decir que no promulgaba y, si no se promulga, no nace a la vida jurídica” el acto legislativo.
“Los hechos sobrevinientes públicos, cuando la gente se manifiesta, llevaron a que el Presidente haga una convocatoria inmediata a unas extraordinarias”, aceptó Corzo.
Por lo pronto hoy, todas las bancadas políticas con asiento en el Congreso estarán listas para acudir, a pesar de su temor de estar avalando una ilegalidad.
Hoy serían anunciadas las objeciones y mañana cada una de las plenarias votaría en hundimiento de la totalidad de la reforma.
Corzo hizo la salvaguarda de que a esta jornada la convocó el presidente Santos con la finalidad de hundir la totalidad del acto legislativo.
“El acto de convocatoria es un decreto que tiene que estar sujeto a control de legalidad en el Consejo de Estado y una vez se haga ese estudio se sabrá si estaban viciadas o no. Pero mientras que estén en firme me toca como presidente del Congreso citar y cumplir lo que me corresponde”, anotó el senador Corzo, quien explicó que los legisladores tienen la obligación de asistir a una llamado que hace el Jefe del Estadio.
El senador Corzo reiteró que la reforma no ha nacido jurídicamente porque no ha sido promulgada ni por el Gobierno, ni por el Congreso. “Este es un proyecto del Ejecutivo y en todos sus pasos se hizo un acompañamiento especial”.
De acuerdo con lo expresado por los voceros de las diferentes bancadas políticas, existe un acuerdo para que esta reforma, después de ser analizada y debatida, sea archivada definitivamente por el Congreso.
Objeciones
"El Gobierno Nacional se permite objetar la totalidad del articulado aprobado por el Congreso”.
Esta es la frase que resume el contenido de las 67 páginas de las objeciones integradas a la reforma a la justicia radicadas el lunes en la Secretaría General del Senado con la firma de los ministros del Interior, Federico Renjifo, y de Justicia, Juan Carlos Esguerra.
Un par de horas más tarde, el presidente Santos afirmó que si el Congreso decide archivar la reforma durante las sesiones extraordinarias citadas para esta semana, será un acto bien recibido por el Ejecutivo.
“Habíamos pensado también en llamar a unas sesiones extras al Congreso, para que el Congreso discutiera y definiera estas objeciones. O si decide, en su buen y leal saber y entender, archivar toda la Reforma, bienvenido sea. Pero lo importante era también reducir ese estado de incertidumbre que estaba creando una situación cada vez más preocupante”, aseguró.
Durante la presentación del libro América Latina: Una Agenda de Libertad, evento que se cumplió en la Universidad Sergio Arboleda en Bogotá, el Mandatario informó que el Gobierno Nacional presentó este lunes las objeciones que hizo a la iniciativa por considerarla inconstitucional e inconveniente, teniendo en cuenta fuertes bases jurídicas, expuestas por diversos juristas.
“Descubrieron una serie de antecedentes jurídicos que le permitían al Presidente objetar un acto legislativo, y eso fue lo que hice hoy: envié al Congreso de la República toda una argumentación de objeciones por razones de inconstitucionalidad y por razones de inconveniencia, y lo hice a conciencia, a conciencia de que mucha gente iba a decir que ese acto puede tener cuestionamientos legales, pero lo hice a conciencia”, advirtió.
El Mandatario recalcó que estas decisiones, como la de la convocatoria a sesiones extraordinarias al Congreso para tratar el tema de la reforma, están dentro del marco de la Constitución y buscan el bien común.
“Tuvimos una discusión jurídica muy rica, muy interesante, sobre si llamar a extras para este tema era o no legal. También encontramos una base jurídica sólida diciendo: sí, esto es legal. Lo que pasa es que nunca se había utilizado antes, no hay antecedentes, pero estoy convencido de que si uno actúa siempre dentro de lo quiere la Constitución y las leyes le permiten, buscando el bien común, esa es la forma más acertada. Esa es la brújula, el principio que debe uno siempre mantener como Jefe de Estado”, enfatizó.
Conciliadores
La Comisión de Conciliación de la reforma, dejó en claro que todos los artículos consignados en ella fueron conocidos plenamente por el Gobierno y que hoy no pueden acusar al Congreso cuando el proyecto era de origen gubernamental.
El senador liberal Luis Fernando Duque explicó que con el ministro Juan Carlos Esguerra “se habló en las horas de la mañana de la manera más cordial” y le expresaron “que trabajaríamos juiciosamente hasta tener un documento único y que luego nos sentaríamos a hablar con él. Y efectivamente lo llamamos al finalizar la tarde”.
Duque recordó que el Ministro reviso articulo por articulo y posteriormente los asesores del Gobierno lo llevaron a la oficina de leyes.
El senador conservador Eduardo Enríquez coincidió con Duque en que el Gobierno sí sabía lo que se estaba estudiando. Los puntos incluidos en la conciliación ya estaban dentro de todo el debate y que lo que se hizo fue aceptar algunos elementos que venían de la Cámara y unirlos con los del Senado. “No nos pueden tildar de delincuentes por el hecho de que nos reunimos en mi casa”, dijo.
El representante vallecaucano Roosevelt Rodríguez, de La U y coordinador de ponentes e integrante del grupo de conciliación de la Cámara, dijo que asume sus responsabilidades.
“Confrontaré los argumentos de quienes consideran que hay unas conductas dolosas y demostraré mi buena fe en este procesos”, explicó.
El representante bogotano Germán Varón, codirector de Cambio Radical, manifestó que tiene la conciencia tranquila, y le asiste total tranquilidad; agrego que cuando el ministro Esguerra sale a dar unos nombres “está en su legítimo derecho de hacer las aseveraciones que considere convenientes para poder dejar salvedades sobre su proceder”.
El senador Camilo Sánchez, del Partido Liberal, advirtió que “la Comisión de Ética puede recibir una denuncia sobre el tema, pero acá es claro que si hubo un beneficio particular de los conciliadores”, por lo que “nosotros vamos a reunirnos a ver si se puede iniciar una investigación de oficio”.
Hundimiento total
Tras detallar las objeciones a 15 de los artículos aprobados por el Congreso, el documento de las objeciones expresó que “no obstante, dada la gravedad de estas irregularidades y las previsibles consecuencias que su implementación podría generar en la estabilidad institucional del país, en la afectiva prestación del servicio de administración de justicia y en el desarrollo transparente de la actividad parlamentaria, el Gobierno Nacional se permite objetar la totalidad del articulado aprobado por el Congreso”.
“En efecto”, se lee en el documento, “no obstante que el Gobierno no tiene objeciones respecto los artículos que no fueron expresamente enunciados en este escrito, los reparos sobre la legitimidad y la inconveniencia formulados contra el resto de las disposiciones desarticulan inconvenientemente la reforma, desprestigiando con ello todo el proceso de modificación constitucional, según ha quedado expuesto por la manifestación popular de rechazo abierto a esta iniciativa. Dicho desvertebramiento es también operativo, pues muchas de las normas modificadas por el Congreso, que fueron objetadas, estaban vinculadas directamente con otras que no lo fueron. Por ello, el hecho de que algunos artículos de la reforma permanezcan como fueron aprobados podría generar un daño muy serio a la Constitución Política, en la medida en que algunas de sus disposiciones podrían no ser consistentes con el resto de sus normas”.
Para el Gobierno, “el trámite a que se sometieron las normas objetadas durante la última etapa del procedimiento de aprobación del acto ponen en tela de juicio no sólo las normas directamente objetadas, sino el proyecto en su conjunto, lo cual afecta la coherencia y la unidad sistemática de la reforma. La carencia absoluta de competencia para modificar ciertas disposiciones del proyecto irradió las demás disposiciones del texto haciendo insostenible la supervivencia de las que no se vieron afectadas por esa inconsistencia”.
Lo que explicó el Ejecutivo es que “el proyecto tiene varias líneas gruesas. Está basado en grandes temas, muchas veces transversales, que requieren una sistemática de alta precisión, más aún, tratándose de una reforma constitucional. Por ejemplo, la descongestión judicial, el acceso a la administración de justicia, recursos para la rama judicial y el mejoramiento de los instrumentos e instituciones de administración, gobierno, gestión y ejecución de planes y programas de la rama judicial, se encuentran desarticulados en el texto conciliado, generando consecuencia de incalculables efectos, que contradicen, al rompe, con los loables y nobles propósitos que se pretendían materializar con este proceso de reforma constitucional a la justicia, que no era otra cosa que crear un eficiente y eficaz sistema de administración y gobierno de la rama, lo cual no se concretaría, ni siquiera, superando las objeciones antes anunciadas. De otra parte, el cambio del sistema de investigación y juzgamiento de cada uno de los grupos de altos funcionarios aforados, que en el texto conciliado presenta graves inconsistencias que conducirían a materializar la congestión y la impunidad en un sistema deficitario de administración de justicia, contrario a lo que se pretendía, ello es, a generar un fuerte sistema de investigación y juzgamiento para los aforados que respetara al mismo tiempo los derechos de los investigados, de las víctimas y de la sociedad general. Igual ocurrió con los procesos de pérdida de investidura en donde terminó desnaturalizándose dicha acción”.
La U
La determinación de las bancadas es la de asistir a la convocatoria de las sesiones extras, bajo la premisa de que es una citación del Gobierno Nacional.
Ayer en la tarde el Partido Social de Unidad Nacional (La U) se reunió con expertos en temas constitucionales
El presiente encargado de la colectividad, el senador Plinio Olano, manifestó que esa reunión se hace con la finalidad de adelantar todo el proceso bajo el más estricto orden de legalidad.
Olano dijo que en su consideración se deben estudiar las objeciones presentadas por el presidente Santos. “Vamos a escuchar los planteamientos del Gobierno y si vemos que podemos votar el hundimiento de la reforma. La votaremos”.
Ya la determinación de La U es la de asistir en pleno a las sesiones extras y acompañar al Gobierno.
Partido Conservador
Tal vez el que resumía mejor el panorama para ayer era el senador del Partido Conservador, Roberto Gerlein, quien expresó que había que votar las objeciones para evitar que más bien clausuren el Congreso.
“Todo esto me recuerda el episodio que sucedió en la elección para presidente del general José Hilario López. El Congreso tuvo que votar y el entonces congresista Mariano Ospina Pérez dijo que iba a votar por José Hilario López para evitar que asesinaran al Congreso”.
Gerlein considera que lo mismo pasa pero con las objeciones presidenciales. Recordó además que no puede haber sanciones disciplinarias a los congresistas si asisten a la votación porque las sesiones son convocadas por el Presidente.