El juez 52 penal municipal de Bogotá, con función de control de garantías, por solicitud de la Unidad de Investigaciones contra Funcionarios de la Rama Judicial, cobijó con medida de aseguramiento en establecimiento carcelario a un juez de control de garantías  y otros  7  funcionarios judiciales que son investigados por incurrir presuntamente en acciones ilícitas en el desempeño de sus funciones.

Los  imputados, quienes no aceptaron los cargos, incurrieron en graves delitos, más aún cuando todos son servidores de la rama judicial y eran conocedores plenos de que su actuación se hallaba por fuera de las normas estipuladas en la ley, explicó el fiscal que les imputó cargos.

Por su parte, el funcionario que decretó las medidas de aseguramiento indicó que algunos de los imputados dirigían los procesos para que el juez asegurado favoreciera a quienes pagaban por un beneficio, tal como ocurrió en una audiencia adelantada el 30 de julio de este año, cuando se otorgó el beneficio de prisión domiciliaria a  un detenido que canceló una suma millonaria para lograr la excarcelación.

La investigación adelantada usando agentes encubiertos, interceptaciones telefónicas  y fotografías permitió conocer  la forma como operaba la red, indicó la Fiscalía. En otra ocasión, aseguraron durante la diligencia judicial, se hizo el cobro de 13 millones de pesos por trasladar un preso de un centro carcelario a otro.

Durante la audiencia, el ente acusador afirmó que la falta en la que incurrieron los servidores judiciales fue gravísima, por lo cual son considerados un peligro para la comunidad y en especial para la recta administración de justicia.

Al final de la audiencia fueron cobijados  con medida de aseguramiento  en establecimiento carcelario  el  Juez 26 penal Municipal de Bogotá con función de control de garantías, Ricardo del Cristo Rodríguez Vilar, y  los funcionarios judiciales Alejandro Francisco Navas Flores, Carmen Alicia  Garzón Pinto, Daniel Esteban Hurtado Rey, Jaime Eduardo Camargo Lucero, Javier Yesid  Español  Palacios y  Manuel Humberto González Cuéllar.

Contra Ana Adelina Corredor, asistente del juzgado 26, el juez le conedió la detención domiciliaria por  tener una hija con parálisis cerebral.

A estas personas les imputaron los delitos de concierto para delinquir agravado en concurso homogéneo y sucesivo con prevaricato por acción agravado, en concurso con falsedad ideológica en documento público en concurso con concusión agravado en concurso con  tráfico de influencias, en concurso con cohecho  y  revelación de  secretos.

En su decisión, el juez 52 de garantías se abstuvo de imponer medida de aseguramiento contra el juez 38, Francisco Javier Barbón López, y los asistentes del centro de servicios Marvin Quecano Urueña y Manuel Velásquez Ayala, quienes quedaron en libertad