6 militares recibieron medida de aseguramiento por parte de un fiscal de la Unidad de Derechos Humanos. Los uniformados sindicados son el sargento segundo Edwin Darío Polo, y los soldados profesionales Ferney Antonio Osorno, Ober José Madrid, Óscar Antonio Ferraro, Benito Ramón Moreno y Luis Felipe Pastrana.

Según la fiscalía, los militares habrían pagado a reclutadores, uno de ellos desmovilizado, para viajar a Barranquilla en octubre de 2007 y ofrecer trabajo a cinco personas en fincas de Córdoba por un pago mensual de 800.000 pesos. Los jóvenes habrían sido asesinados tras llegar a esas fincas y habrían sido presentados posteriormente como insurgentes muertos en presuntos combates con el Gaula de la zona.

Las víctimas fueron identificadas como Juan Alexander Palma, Jhonsnin Darío Hernández, Humberto Alonso Márquez, Juan Carlos Maestre y Juan Diego Vergara. Uno de los reclutadores, Robinson Manuel Ruiz Blanco, ya fue condenado por estos crímenes a 21 años y nueve meses de prisión por los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir.

Además, el fiscal del caso se abstuvo de imponer medida de aseguramiento al cabo primero Alexander Javier Díaz, y al soldado profesional Diógenes Villorina Vélez, porque no se contó con pruebas suficientes.