La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia decidió ayer dictar medida de aseguramiento preventiva contra la senadora del Partido de La U Dilian Francisca Toro, en la investigación que le adelanta por su presunta responsabilidad en el delito de lavado de activos.

El proceso que le siguen a la Congresista está relacionado con la irregularidad del origen de algunos bienes de ella y de su esposo el ex senador Julio César Caicedo, los cuales habrían sido comprados a miembros del Cartel de Cali como Phanor Arizabaleta y Víctor Patiño Fómeque.

El fallo explica que, por ahora, la medida contra Toro es preventiva y aunque en un principio se dijo que la detención iba a ser domiciliaria, la Sala Plena rectificó y dijo que ella no tendrá el beneficio de la casa por cárcel y tendrá que ser trasladada a un sitio de reclusión intramural, es decir a una cárcel como El Buen Pastor en Bogotá, o se podría analizar la posibilidad de ser llevada a una guarnición militar de la Policía o del Ejército, dependiendo de la solicitud de la defensa.

Por ahora se encuentra recluida en el búnker de la Fiscalía luego de que agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) llegaran hasta la residencia de la congresista para hacer oficial la orden de captura.

La adquisición de las propiedades de Toro y su esposo son los casos que está estudiando la Corte, y entre ellos figura la compra de la Hacienda La Milagrosa en 2005, a pesar de que los cabecillas del Cartel de Cali figuraban entre los dueños del inmueble.

Además, la compra de los predios conocidos como El Barcilar y San Miguel por Toro y su esposo también son objeto de investigación por parte de las autoridades, quienes dicen tener documentos notariales que prueban que los bienes pertenecieron en primera instancia a personas que están siendo investigadas por el delito de narcotráfico.

A pesar de que la Senadora ya rindió indagatoria, la Corte Suprema señaló que las explicaciones que ella dio sobre el origen de sus propiedades y patrimonio no fueron satisfactorias.

Otro de los elementos que la Corte quiere esclarecer durante su investigación es si Víctor Patiño Fómeque, cabecilla del Cartel de Cali, buscó a la ex presidenta del Senado para ‘lavar’ una suma cercana a 5 mil millones de pesos que habrían sido producto del tráfico de drogas en el Valle del Cauca.

Opinión que fue controvertida por Iván Cancino, abogado de Toro, quien dijo que su apoderada no tiene ningún problema en explicar el origen de sus bienes y de las sociedades de las que ella hace parte y agregó que muchas de las propiedades de ella han sido objeto de transacciones que cuentan con el respaldo de reconocidas empresas.

Dilian Francisca Toro no hizo declaraciones a los medios de comunicación pero sí se expresó a través de su cuenta de Twitter, escribiendo que confía en la Justicia colombiana. “Confío en la Justicia, tenemos total tranquilidad, pues todo lo hemos hecho según las leyes colombianas. Jurídicamente están todas las pruebas”.

Este no es el único proceso que hay en contra de Dilian Francisca Toro. La Corte Suprema tiene abierto otro en etapa preliminar luego de que varios desmovilizados la relacionaran con grupos paramilitares del Valle y dijeran que algunos mandos de estos grupos ilegales habrían mandado a la gente de la región votar por ella.

En su defensa, la Senadora negó esas acusaciones y dijo que respondería ante la Justicia. “Quiero decirles a todos los colombianos que Dilian Francisca Toro nunca ha tenido ninguna relación con ningún tipo de persona al margen de la ley, ni financiera ni políticamente”.

Silla Vacía

Uno de los efectos que se hará visible en el Senado después de la decisión que tomó la Corte Suprema de Justicia será la ausencia de otro senador. La de Dilian Francisca Toro se convertiría en la segunda silla vacía de esta legislatura luego de la captura y condena de Javier Cáceres Leal por vínculos con la parapolítica.

La decisión la confirmó ayer el presidente del Senado el congresista del Partido de La U Roy Barreras, quien dijo que por el proceso penal contra la Senadora, lavado de activos, ella no podrá ser relevada. “Desde lo institucional está la certeza de que hay silla vacía y que mientras este proceso se cumple, entendiendo el tipo penal que se le achaca, pues no habrá reemplazo”.

Barreras agregó que confía en que su par pueda resolver de la mejor manera su situación jurídica y demostrar su inocencia para que La U no se quede sin la curul por un tiempo breve y dijo que cuando el Congreso sea notificado oficialmente de la decisión la mesa directiva empezará a hacer una revisión jurídica del asunto para dar un concepto.

La figura de la silla vacía se aplica desde 2009, cuando fue aprobada en la Reforma Política de 2009 y quedó consignada en el artículo 134 de la Constitución.

El Partido de La U está a la espera de que sea resuelta la situación jurídica de la Senadora para analizar si el caso amerita algún tipo de sanción interna en su contra.

Otros casos de Presidentes del Senado

Con este caso ya son siete los Presidentes del Senado que han sido cobijados con medida de aseguramiento durante los últimos diez años. De ellos sólo dos han sido absueltos.

* Luis Humberto Gómez Gallo. Partido Conservador. Fue condenado por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia a nueve años de prisión por el delito de concierto para delinquir en el proceso que le adelantaba por sus nexos con el denominado "Bloque Tolima" de las Autodefensas.

* Mario Uribe Escobar. Fundador de Colombia Democrática. Condenado a siete años de prisión por sus alianzas con el jefe paramilitar Salvatore Mancuso para ganar una curul en el Congreso.

*Javier Cáceres Leal. Cambio Radical. Condenado a nueve años de prisión por el delito de concierto para promover grupos al margen de la ley, luego de que la Corte probara que hizo pactos con paramilitares para que apoyaran su campaña al Congreso. Es el primer caso de silla vacía de este Gobierno.

* Miguel Pinedo Vidal. Cambio Radical. Fue condenado a nueve años de prisión luego de que validaran algunos testimonios que decían que el ex jefe paramilitar Hernán Giraldo había obligado a varias personas en el Magdalena a votar por Pinedo en las elecciones parlamentarias de 2006.

* Carlos García Orjuela. Partido de La U. Estuvo 14 meses en prisión tras ser acusado de presuntos nexos con grupos paramilitares del Tolima. Fue absuelto al no encontrar pruebas que lo incriminaran.

* Nancy Patricia Gutiérrez. Cambio Radical. Estuvo sindicada del delito de tráfico de influencias dentro del caso de las ‘chuzadas’ del DAS para obtener información privilegiada sobre la ex senadora Piedad Córdoba, pero fue absuelta el mes pasado por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

20 cambios

A pesar de que el caso de la senadora Toro sería considerado como silla vacía, con este serían 20 los cambios que se han presentado en el Congreso elegido en 2010. De esa cantidad, cinco se encuentran en este momento en prisión: Lucero Cortés, Iván Moreno Rojas, Javier Cáceres Leal, Carlos Alberto Escobar y Dilian Francisca Toro.