Bajo la lupa más alcaldes y concejales por tramites del POT

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Exalcalde de Cajicá fue cobijado por tres cargos disciplinarios, dos de ellos calificados como faltas graves, y el restante como falta gravísima.

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Por presuntas irregularidades en la modificación del Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT) de Cajicá, Cundinamarca, la Procuraduría General de la Nación le profirió pliego de cargos a quien fuera alcalde de ese municipio en 2014, Óscar Mauricio Bejarano.

Según la información suministrada por la Procuraduría, el exalcalde Bejarano fue cobijado por tres cargos disciplinarios, dos de ellos calificados como faltas graves, y el restante como falta gravísima.

Los hechos materia de investigación disciplinaria tendrían que ver con la aprobación de un área de expansión urbana en suelos de especial protección ambiental, clasificados como de clase agrícola III y cuyo uso prioritario es agropecuario, para desarrollar actividades de vivienda y colegios campestres.

También se habrían presentado inconsistencias en la proyección de la población del municipio, cifra que sirve de insumo para calcular la demanda de vivienda en el municipio y ajustar los cambios al PBOT. Adicionalmente, el ente de control reprocha que en el PBOT de Cajicá se haya aprobado una Unidad Mínima de Actuación por debajo a la establecida en la norma nacional.

La Procuraduría General de la Nación también les formuló pliego de cargos a los exsecretarios de Planeación del municipio, Leonardo Higuera y Germán Camilo Bello, por irregularidades en la expedición de una licencia de subdivisión en suelo tradicionalmente agrícola, y por incumplir los índices de construcción y de ocupación establecidos en el PBOT para la expedición de licencias de construcción.

Las medidas también se formularon para varios exconcejales (Juan Ricardo Quintero, Benito Triana, Julio Esteban Vanegas, Héctor Javier Galindo, Álvaro Andrés Pinzón, Flor María Ruíz, Benjamín Forero, Carlos Javier López, Juan Carlos Carreño, Marco Aurelio Bohórquez, Saúl Orlando León y Nelson Bello Moreno) por presuntas faltas disciplinarias calificadas como gravísima a título de culpa gravísima y falta grave con culpa gravísima.

El procurador general Fernando Carrillo ya había advertido que los POT se convirtieron en “una colcha de retazos y un botín político”. Según dijo, “no hay una causa más eficiente del conflicto armado en Colombia que la tierra. Ese tiene que ser uno de los primeros puntos, como la defensa de los líderes sociales en los territorios. Que los alcaldes y gobernadores pongan el ordenamiento territorial en la primera de todas las prioridades”.

Además, advirtió que se debe combatir el volteo de tierras, la aprobación de licencias de construcción por exigencias de dirigentes políticos, “la irresponsabilidad se ha apoderado del manejo de los POT. El 81% de los planes de ordenamiento (892 municipios) no está actualizado. El desorden y la desarticulación amenazan la descentralización política y administrativa del país”.

El caso de Cajicá no es el único en Cundinamarca. Por ejemplo, en El Rosal la Procuraduría le formuló pliego de cargos al exalcalde Luis Jaime Forero, nueve concejales y la exsecretaria de Planeación, Carolina Pinilla, por irregularidades en el cambio del uso de la tierra con el fin de hacer negocios.

En Tenjo, el Ministerio Público le formuló cargos al exalcalde Hansy Zapata, un exdirector de Planeación y cuatro concejales por presuntamente desconocer los principios ambientales y no cumplir las funciones relacionadas con la gestión del riesgo del municipio.

El caso se repite en Funza, en donde la Procuraduría les abrió pliego de cargos al exalcalde Jorge Enrique Machuca, su jefe de planeación (Yeimi Villamil) y 10 concejales por presuntas irregularidades relacionadas con el POT.

Según el organismo disciplinario, Machuca habría autorizado construir modificando suelos con vocación agrícola y hacer sustracción de áreas rurales protegidas, específicamente en el Distrito de Riego La Ramada.

En Nemocón, la Procuraduría también investiga al exalcalde Luis Felipe Castro por supuestamente modificar el uso de 600 hectáreas clasificadas como rurales, para destinarlas a actividades diferentes como vivienda, comercio e industria. En ese municipio se habría ampliado el perímetro urbano sobre el área de influencia y zona arqueológica de Salinas, y se habría permitido que actividades mineras continuaran en zonas declaradas como áreas arqueológicas.