Gobierno deberá llevar un registro de las obras públicas inconclusas

Foto cortesía

Fue aprobado en último debate por la plenaria del Senado el proyecto de ley que crea un Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas para acabar con los mal llamados elefantes blancos en todo el territorio colombiano.

Con el registro de aquellas obras financiadas total o parcialmente con los recursos públicos se busca que los alcaldes y gobernadores estén obligados a terminarlas.

Según el ponente de la iniciativa, el senador Horacio José Serpa, del Partido Liberal, “en las regiones se habla de elefantes blancos. Lo decía el Contralor hace unos meses: en Colombia han sido identificadas más de 1.193 obras abandonadas que le han podido costar al Estado casi $9 billones –entre colegios, acueductos, vías– y todo esto no solo genera un costo fiscal, sino también genera un costo social incalculable: menos jóvenes yendo a las escuelas a educarse, menos personas con la posibilidad de un acueducto o un alcantarillado, más pobreza para las personas dedicadas de llevar sus productos a las cabeceras municipales porque no hay posibilidad de sacarlos rápidamente. Aquí existe una posibilidad para empezar a enmendar esta situación y este proyecto hace parte del paquete anticorrupción”.

Según dijo, “este será un inventario reportado únicamente por las entidades estatales que harán parte del banco de proyectos de la respectiva entidad. En este registro debe haber una información básica como la entidad contratante, la clase de obra la identificación de los contratistas para que podamos contar con una base de datos seria y adecuada. La entidad encargada de este registro será la Contraloría General de la República”.

Tras la aprobación de este proyecto, el Estado tiene “tres meses para hacer el primer registro y después este se hará en línea”, explicó el ponente. Agregó que “hoy en día las entidades territoriales deben enviar la información de su ejecución presupuestal a la Contraloría, ellos envían un registro trimestral lo que se busca es que con esta misma figura se amplíe la información sobre obras civiles inconclusas”.

En ese sentido destacó que los mandatarios locales deberán “meterle recursos a la obra y terminarla, porque aquí no solo vamos a saber lo que está mal hecho en Colombia, sino que le buscaremos una solución y una mejora. Por otro lado, si no hay posibilidad de recuperar la obra por daños estructurales, o porque está en pésimas condiciones se aprueba la posibilidad de demolerlas evitando así el posible daño que se le pueda ocasionar a las personas. O la terminamos o la demolemos”.

Pérdidas

Según la senadora Claudia Rodríguez, de Cambio Radical, autora del proyecto, “aquí había un desorden en el país, lo que pasaba era que un Alcalde iniciaba una obra civil y la dejaba inconclusa para que el nuevo Alcalde la terminara, y el nuevo no la hacía por distintas razones políticas y quedaba invertido un dinero importante ahí, enterrado. Lo que se quiere es tener un registro en la Contraloría. Hoy hay una cantidad de obras que representan $8,9 billones de pérdidas, que es lo mismo que quiere alcanzar el Gobierno con la ley de crecimiento económico, este proyecto busca cerrarle la puerta a la corrupción y es de origen parlamentario”.

La senadora recalcó que “estas obras inconclusas, basadas en el registro deben quedar incluidas en el plan de desarrollo de cada alcalde, cada uno llega y sabe cuáles son las obras inconclusas y hay un presupuesto para que las termine, en la ley había un vacío, por eso cada mandatario hacía lo que bien le parecía. Ahora se obliga a los alcaldes a terminar esa obra inconclusa”.

En el articulado final fue incluido un parágrafo en el que se tiene en cuenta la fuerza mayor, propuesto por el senador Álvaro Uribe, del Centro Democrático.

“Estamos de acuerdo en el proyecto cuando por dolo del contratista no se termina la obra, pero hay otros casos fortuitos o fuerzas mayores como los inviernos tropicales, una creciente de un río. Queremos que en el proyecto haya un artículo para que una autoridad competente pueda decir que la obra se demoró por razones que no permiten calificarla como inconclusa. No es lo mismo un contratista que procede negligentemente a uno afectado por la creciente del río Cauca”, explicó.