Destituyen e inhabilitan por 15 años a Alejandro Lyons

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Una nueva batalla jurídica acaba de perder el polémico exgobernador de Córdoba, Alejandro José Lyons, luego de que la Procuraduría lo destituyera e inhabilitara para ocupar cargos públicos durante 15 años.

En desarrollo de las investigaciones por el llamado ‘cartel de las regalías’, el Ministerio Público halló responsable al exmandatario seccional por la firma irregular de cuatro convenios para ciencia y tecnología por valor superior a los $85.700 millones que fueron financiados con recursos del Sistema General de Regalías.

La Procuraduría comprobó el interés indebido de Lyons Muskus para sacar provecho personal de los convenios No. 733 de 2013 por valor de $16.018 millones; convenio 734 de 2013, por $47.561 millones; convenio 735 de 2013, por $14.115 millones, y 755 de 2013, por $8.078 millones.

El organismo de control pudo establecer que Lyons, junto con el exdirector de Regalías de Córdoba, Jairo Alberto Zapa, y el representante de las entidades cooperantes Jesús Eugenio Henao, acordaron una comisión de $12.000 millones a cambio de la firma de los contratos.

 

Las pruebas

La Procuraduría comprobó los tres cargos que le imputó a Lyons Muskus durante su gestión (2012-2015). El primero, interés indebido en la celebración de contratos.

“Para el despacho ello se cumple desde el instante en que Lyons Muskus acordó con Zapa Pérez, su delegado en temas de Regalías, traer personas desconocidas en el ámbito de la ciencia y la tecnología, sin ningún reconocimiento nacional, para que desarrollaran los cuatro proyectos aquí examinados entregando la elaboración, formulación y sustentación ante Colciencias. Interés que se acrecienta en la medida que avanzan los acuerdos hasta la celebración y ejecución de los negocios jurídicos acá relatados”, advirtió la decisión de primera instancia. 

El segundo cargo se relaciona con el incremento injustificado de su patrimonio y el de terceras personas con la celebración y ejecución de los cuatro convenios de ciencia y tecnología de manera directa, sin ningún proceso previo de selección. 

Para este caso se tomó como base la confesión hecha por Lyons Muskus ante la Fiscalía y la Procuraduría respecto de la firma de los cuatro convenios a cambio de un porcentaje. 

En su declaración, el exgobernador reconoció haber recibido $1.900 millones de Henao, a través de Sami Spath Storino.

El tercer cargo hace referencia a concierto para delinquir, pues en ejercicio de sus funciones legales y constitucionales decidió cohonestar con otras personas y servidores con el propósito de cometer delitos contra la Administración departamental. 

Entre las pruebas que argumenta la Procuraduría en su fallo está la confesión de Lyons de haber tenido acuerdos previos con el senador Musa Besaile, con Henao y Zapa para apropiarse ilícitamente de estos dineros. 

También se pudo comprobar que para el desvío de los dineros se acudió a la creación de la Corporación Centro de Investigación y Enseñanza Agroecológica (Ceniagroecológico), entidad sin ánimo de lucro, constituida y representada legalmente en principio por Henao, en cuyo nombre se crearon cuentas bancarias para hacer efectivas las transferencias de los dineros. 

 

Colaboración con la justicia

El exgobernador rindió versión libre ante le Procuraduría los días 26 de febrero, 27 y 28 de agosto de 2018 en la sede del Consulado de Colombia en Miami (Estados Unidos), donde corroboró, bajo la gravedad de juramento, lo dicho en sus declaraciones en la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia con el objetivo de obtener un principio de oportunidad. 

Lyons Muskus permanece desde hace más de dos años en Estados Unidos, bajo protección de las autoridades judiciales de ese país y desde allí ha rendido varios testimonios y delatado a otras personas, entre particulares y ex funcionarios de su administración, para esclarecer uno de los mayores escándalos de corrupción con recursos del Sistema General de Regalías.

En desarrollo del proceso penal, en marzo de 2014 fue asesinado Zapa luego de delatar a otros exfuncionarios de la administración departamental al parecer vinculados al desfalco.