El pasado viernes se inició la vacancia judicial, o vacaciones de la Rama, la cual se extenderá hasta el próximo 10 de enero, cuando las altas Cortes retomarán procesos de gran impacto y cuyos fallos está esperando el país.

En lo que corresponde a la Corte Constitucional entre los principales asuntos pendientes de fallo se encuentra la reforma al Código Electoral, el cual fue aprobado el año pasado por el Congreso con mensaje de urgencia, con la intención de que se pudiera estrenar en las elecciones presidenciales y legislativas del 2022.

Pero debido a que a la fecha no se ha producido una sentencia, el nuevo Código no se puede implementar en las elecciones legislativas de marzo próximo.

En el caso de las presidenciales de mayo del 2022, hay posibilidad de que algunas de sus disposiciones alcancen a entrar; claro está, si un eventual fallo de exequibilidad de la Corte se produce entre enero y febrero.

La Corte Constitucional debe pronunciarse también sobre una demanda a los artículos 117, 140 y 143 del Código Civil, en los cuales se establece la edad de 14 años como la mínima para casarse, con permiso de los padres.

Aunque también hay un fallo de la Corte Suprema de Justicia en el cual determinó que las personas entre 14 y 18 años se pueden unir libremente sin necesidad del permiso de los padres.

Otro tema candente pendiente de fallo de la Corte es la demanda que busca despenalizar el aborto, el cual, sin embargo, está permitido en tres causales, según una sentencia de este alto Tribunal en 2006: si existe peligro para la vida o salud de la mujer, si el feto tiene una grave malformación o el embarazo fue producto de una violación o incesto.

La demanda fue presentada por una plataforma que reúne más de 40 organizaciones que luchan por los derechos de la mujer.  

Hace algunas semanas la Corte se aprestaba a producir un fallo sobre el particular; sin embargo, se presentó una recusación contra el magistrado Alejandro Linares por unas declaraciones que dio previamente sobre este tema.

Asimismo, la Corte debe pronunciarse sobre la exequibilidad o no de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, la cual fue aprobada en junio pasado por el Legislativo.

Esta iniciativa es fruto del trabajo concertado del Gobierno con las altas Cortes, que modifica la Ley 270 de 1996, y permite, según el ministro del ramo Wilson Ruiz, dar respuesta a problemáticas de funcionamiento y transformación digital que se han presentado durante los últimos 25 años.

También se quedó para el próximo año el pronunciamiento de la Corte sobre las demandas contra la suspensión de la Ley de Garantías Electorales, lo que se hizo en un artículo del Presupuesto General de la Nación para el 2022.

Desde el pasado 13 de este mes, según la Ley de Garantías, se debieron suspender los convenios interadministrativos entre el Gobierno nacional y sus entidades con gobernaciones y alcaldías.

No obstante, la administración Duque, atendiendo reclamos de gobernadores y alcaldes en el sentido de que esta norma frenaría la reactivación económica, incluyó en el Presupuesto General del 2022 suspenderla de cara a las elecciones presidenciales y legislativas del próximo año.

La  oposición alega que esta suspensión abre la puerta a que los dineros públicos sean utilizados con fines políticos en favor de los candidatos del partido de Gobierno y sus fuerzas afines.

Mientras tanto, las demandas que se han presentado contra la suspensión de esta norma se fundamentan en que esto no se podría hacer en una ley orgánica, como es la del Presupuesto, sino que se tendría que realizar por medio de una estatutaria.

De igual forma este alto Tribunal debe pronunciarse acerca de una demanda en contra de los artículos 530 y 533 de la Ley 906 del 2004, los cuales establecen la aplicación del Sistema Penal Acusatorio a los delitos cometidos con posterioridad al 1 de enero del 2005 y el régimen de implementación gradual del nuevo modelo, cuya fecha límite era el 31 de diciembre del 2008.

Los accionantes sostienen que, a pesar de lo dispuesto, la Fiscalía ha abierto procesos  bajo la Ley 600 después del 31 de diciembre del 2008.

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Entonces, la demanda argumenta que permitir que la Ley 600 se aplique después del 31 de diciembre del 2008 para delitos cometidos luego del 1 de enero del 2005, es contrario al Acto Legislativo 03 del 2002 que prohibió el modelo inquisitivo luego de las fechas establecidas.

Corte Suprema

La Corte iniciará a principios del próximo año el juicio contra el precandidato presidencial Sergio Fajardo por los presuntos delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado, después de que hace unos días la Fiscalía lo acusara.

El caso tiene que ver con un contrato para sustitución de deuda de Antioquia que se hizo durante la administración de Fajardo como gobernador,  el cual se realizó en dólares, pero según la Fiscalía no se tuvo en cuenta incluir una cobertura cambiaria, lo que dijo significó un detrimento a los recursos del departamento porque subió la tasa de cambio.

Otro de los expedientes que debe resolver el alto Tribunal es la investigación al exrepresentante a la Cámara por el Huila, Álvaro Hernán Prada, quien está vinculado a un proceso por el presunto delito de soborno en actuación penal en calidad de cómplice.

Esta investigación igualmente se sigue al expresidente Álvaro Uribe, pero que en su caso la Corte perdió la competencia para investigarlo, después de que este renunciara a su curul en el Senado el año anterior, por lo que ahora el expediente está en manos de la Fiscalía.

En julio pasado, la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema determinó mantener la competencia para continuar investigando al exrepresentante Prada Artunduaga, pese a la renuncia a la curul como representante a la Cámara.

Consejo de Estado

Pasó un año más sin que el alto Tribunal emita un fallo de fondo sobre dos decretos suspendidos tras una demanda, que permitirían la exploración de hidrocarburos a través de la técnica del fracking.

Desde noviembre de 2018, están en pausa las reglas que le permiten al Gobierno nacional otorgar permisos a empresas para que hagan proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos con esta técnica.

No obstante, mientras se produce un fallo de fondo, el Consejo de Estado dio su visto bueno para que se realicen unos planes piloto con fracking, para lo cual ya se avanza en  su implementación.

De igual forma, el alto Tribunal debe pronunciarse sobre el fallo de responsabilidad fiscal por $4,3 billones que emitió la Contraloría General contra 26 personas naturales y jurídicas por los atrasos en la construcción de Hidroituango.

No obstante, en días pasados la aseguradora Mapfre suscribió un acuerdo con EPM, comprometiéndose a reconocer $3,9 billones por los daños en el proyecto, lo que exime a las 26 personas naturales y jurídicas del pago de estos recursos y de la responsabilidad fiscal que ello conlleva.