* Apretar el paso para últimos trece meses

* Priorizar hacer frente a varias urgencias 

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La cuenta regresiva para los actuales alcaldes y gobernadores se empieza a agotar. Les quedan un poco más de trece meses de mandato, de los cuales una tercera parte tendrá un margen de gestión restringida debido a las limitaciones contractuales, presupuestales y de nómina que empezarán a regir cuatro meses antes de los comicios regionales y locales de octubre de 2023, esto por cuenta de la Ley de Garantías Electorales.

En ese orden de ideas, las administraciones municipales y departamentales deben empezar a hundir el acelerador para el cierre de sus periodos. Es evidente que los planes de desarrollo aprobados en el primer semestre de 2020 no se han podido implementar en toda su extensión. No hay que olvidar que cuando los titulares de gobernaciones y alcaldías apenas si se estaban acomodando en sus cargos, el país entró (en marzo de ese año) en la emergencia por la pandemia del covid-19. Esta inédita crisis, como todo el país lo sabe, ocupó más de dos años y medio para ser superada en su etapa más crítica, obligando a que la agenda de los gobiernos Nacional, seccionales y locales se concentrara casi exclusivamente en el plan de contingencia sanitario, económico y social.

Aunque los reportes del Departamento de Planeación Nacional dan cuenta de un porcentaje potable de avance en los planes de desarrollo, así como en la ejecución presupuestal en muchos departamentos y municipios, es innegable que estos trece meses que restan para el relevo de mandatarios son clave para apuntalar las respectivas gestiones. Un proceso que se verá impactado, como es apenas obvio, por los cambios de énfasis gubernativos derivados de la llegada de un Presidente de izquierda a la Casa de Nariño.

Ya en estos más de cien días de la nueva administración se han dado pasos para acompasar las agendas que se venían desarrollando en los territorios con la que apenas está empezando a aterrizar el nuevo Ejecutivo. Es claro que ajustes iniciales del gobierno Petro, como la reforma tributaria, la política de paz y orden público así como algunos anuncios en materia de subsidios, estructura de destinación presupuestal, reingeniería pensional y laboral, futuro de la industria petrolera y minera, aumentos en el precio de los combustibles e incluso programas, obras y proyectos que serán modificados, tienen un alto impacto en la marcha de los gobiernos departamentales y municipales. También les corresponde a estos últimos estar muy involucrados en la construcción de las bases del nuevo Plan Nacional de Desarrollo, cuyo texto base, tras la estrategia de “Diálogos regionales vinculantes”, debe ser llevado al Congreso en febrero próximo.

Por otra parte, hay una serie de problemáticas muy preocupantes que deben ser afrontadas en este último año largo de gestión de los gobernadores y alcaldes. Hoy la urgencia es contener los efectos de la drástica ola invernal que ya tiene a más de 26 departamentos y casi medio millar de municipios en estado de calamidad pública. También requiere respuesta inmediata el escalamiento de la violencia armada en muchas zonas por cuenta de los combates entre Eln, grupos residuales de Farc, bandas criminales y carteles del narcotráfico. Igualmente están prendidas las alarmas por el incremento de los delitos de alto impacto en muchas ciudades y municipios. No menos complicado es el reto de maniobrar en medio de una creciente tensión social motivada por la disparada inflacionaria y el desaceleramiento económico, circunstancias gravosas que tienen a muchas familias contra la pared…

Como se ve, los trece meses que restan para que se produzca el relevo en gobernaciones y alcaldías tienen un panorama muy complejo. Sus titulares están llamados a redoblar el paso, no solo para cumplir lo más posible de sus promesas de campaña y planes de desarrollo respectivos, sino para amortiguar los efectos de las problemáticas ya señaladas. En siete meses empezará a regir la Ley de Garantías Electorales y, al decir de muchos observadores, de allí en adelante la gestión de los mandatarios salientes estará a media marcha, pues ya en el último bimestre, tras la escogencia de sus sucesores, tendrán un margen de acción muy limitado por razones propias del empalme.  

Como se dijo al comienzo, la cuenta regresiva ya entró en su recta final y los gobiernos territoriales deben apurarse para garantizar un cierre productivo, ordenado y funcional. Esa debería ser su mayor prioridad.