La procuradora general, Margarita Cabello, enfatizó e insistió en que no es posible que solo un juez penal sea el único que pueda sancionar a los funcionarios de elección popular.

Durante el Seminario Regional Socializar, que se celebró ayer en Villavicencio (Meta), dijo que en Colombia todos los ciudadanos tienen que ser sujetos disciplinables, y que “eliminar la posibilidad de justicia disciplinaria frente a los funcionarios de elección popular no es posible en nuestro país”.

“Donde no haya la posibilidad de investigar disciplinariamente a los funcionarios de elección popular, lo que va a regir en el país es la impunidad”, agregó Cabello, quien también manifestó que “sería una impunidad absoluta que solamente por delitos puedan ser sancionados los funcionarios de elección popular, y que no les apliquen todas las medidas de carácter disciplinario que se refieren a la ética y a la rectitud en el comportamiento”.

Del mismo modo, indicó que “lo que está diciendo la Corte Interamericana de Derechos Humanos es que la jurisdicción disciplinaria no le cabe a los funcionarios de elección popular; en Colombia todos los sujetos, todos los ciudadanos, tienen que ser sujetos de sus jurisdicciones", sostuvo la procuradora.

De igual manera, la jefa del Ministerio Público cuestionó que, por el contrario, "¿no sería necesario investigarlos doblemente, porque son ellos los que tiene bajo su responsabilidad el manejo de los dineros públicos?".

La idea

Como se sabe, el nuevo Gobierno ha planteado, de un lado, la posibilidad de que la Procuraduría deje de ser una entidad autónoma y pase a ser una dependencia de la Fiscalía General de la Nación, sobre todo en el tema anticorrupción. Otra de las alternativas va en la dirección de crear una instancia típicamente judicial que se encargue de juzgar y sancionar a los funcionarios públicos de elección popular, sobre todo en cuanto a decisiones que, como la suspensión o la destitución, implican apartar del cargo a gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles. 

Vale recordar que el ministro del Interior, Alfonso Prada, en la audiencia pública en torno a la reforma de la Comisión Primera de la Cámara, dijo que debe quedar en manos de los jueces el derecho fundamental de elegir y ser elegido, pidiendo quitarle a la Procuraduría el poder de inhabilitar a funcionarios por elección popular.

“Le pediríamos a la Cámara que reabramos el debate en la ponencia de los próximos días para plantear jurídicamente los argumentos”, sostuvo el jefe de la cartera del Interior.

Esto fue secundado por el presidente de la Cámara de Representantes, David Racero, quien habló de la iniciativa que se cayó en el Senado, mediante la cual se prohibía a la Procuraduría inhabilitar o sancionar a mandatarios elegidos popularmente, y dijo que la Cámara de Representantes servirá de salvavidas para proyectos que se cayeron en Senado, como este.

• Le puede interesar: Inician trámite de urgencia de reforma al Código Electoral

Reforma al Código Civil

Del mismo modo, el ministro del Interior, Alfonso Prada, estuvo ayer en el Congreso de la República, donde intervino acerca de la expedición del Código de Registro Civil, la identificación de personas y el proceso electoral colombiano.

Ante las comisiones conjuntas del Senado, Prada afirmó que “el ciudadano merece normas integrales, normas que pueda consultar directamente en los textos; por eso recibo con especial interés las observaciones y las críticas al código, me parece que los señores de la Registradora y del Congreso debemos tener una actitud democrática y tranquila en la revisión del texto, como la temporalidad de la entrada en vigencia de las normas mismas”.

“El proceso electoral comienza con el registro civil de nacimiento. Ahí se hace un colombiano que va a tener el derecho al sufragio, pero también vale la pena señalar que no le gusta al Gobierno y es que se genere algún tipo de monopolio a través de la autenticación porque creemos que la apertura y pluralidad del tema puede ser más democrático, más garantista”, recalcó el jefe de la cartera.

“Escuchamos con respeto las inquietudes de los expertos; lo que estamos es totalmente dispuestos a revisar los temas sin ningún tipo de restricción diferente a la constitucionalidad de las mismas, a la sensatez y a la eficacia de la norma”, concluyó el ministro del Interior.