Estamos entrando en un verdadero frenesí consultivo en Colombia. Auscultar la opinión de las comunidades es bueno, siempre y cuando no se convierta en un mero ritual para convocar reuniones tumultuarias que a la postre dejan frustradas a las gentes cuando se dan cuenta que gran parte de lo que proponen se desconoce. O cuando desembocan en una avalancha de pedimentos que, si se traducen desordenadamente en gasto público, acaban destruyendo la sostenibilidad fiscal del país.

¿Cómo se visualiza el frenesí consultivo que estamos viviendo?

Están en primer término las “consultas previas” que por la inoperancia del sistema mantienen paralizados miles de proyectos de inversión, que no han logrado superar la endemoniada muralla de instancias y dilaciones que imponen estas consultas. Se había anunciado un proyecto de ley para racionalizar su trámite. Pero nada se ha hecho. Los ejemplos abundan. Y algo tan elemental como no aceptar que “consultar no significa asentir” está terminando por paralizar la acción administrativa del país.

Siguen enseguida los 50 llamados consejos regionales “vinculantes” a través de los cuales -según se les promociona en televisión- se construirá el próximo plan cuatrienal de desarrollo, del cual el gobierno ya presentó las “bases”. El mismo departamento nacional de planeación ha admitido que todo esto se les estaba saliendo de las manos. A Turbaco, donde estuvo convocado el primero de ellos, se invitó a 500 personas y se presentaron 5.000. Cada una con una respetable solicitud de inversión bajo el brazo, pero sin fórmulas para financiarla. Un verdadero carnaval de listas de mercado.

Olvidando que el artículo 339 de la constitución indica que en la ley del plan se incluirán solo “los principales programas y proyectos” que se desarrollarán durante el cuatrienio. Nunca una disparatada lista de obritas desperdigadas que surjan de estas consultas regionales.

De hecho, cuando se revisan los antecedentes constitucionales del artículo 339 de la Carta del 91, queda en claro que lo que quisieron los constituyentes fue que en plan se consignaran solo las grandes obras, a las que debería dárseles continuidad durante el cuatrienio para evitar las inversiones que a menudo quedan inconclusas al final de un gobierno. Pero nunca una disparatada lista de mercado bautizadas ahora con la pomposa condición de “vinculantes”.

En acuerdo de Escazú recientemente ratificado en el congreso incluye también un refinado entramado de consultas obligatorias que deben adelantarse en torno a las inversiones que tengan que ver con lo ambiental. La rueda dentada de las consultas de Escazú comenzará a rodar próximamente.

Y como si lo anterior fuera poco, ahora la ministra de Minas y Energía anuncia que se dará comienzo, durante 24 semanas, a una maratón de consultas con cuanto estamento, gremio u asociación se le ha ocurrido, para construir, dice ella, la ruta de la transición energética en Colombia.

Como van las cosas en Colombia no quedará tiempo a los administradores públicos sino para consultar: no para gobernar. Y esto puede convertirse en un bumerán diabólico contra la eficiencia administrativa.

El exceso de democracia consultiva tiene límites y peligros que no pueden soslayarse. Por ejemplo, la ley orgánica de las consultas populares prohíbe que se consulte a la ciudadanía sobre su parecer en cuanto tiene que ver con la imposición de tributos. Por una razón sencilla: la respuesta siempre será negativa.

Durante varios años estuvo paralizado un importante programa de obras en el municipio de Medellín después de que se consultó a quienes iban a salir beneficiados si estaban de acuerdo con que se cobrara el impuesto de valorización para financiarlas. La respuesta como era de esperar fue negativa.

En cambio, el método consultivo resulta siempre eficaz para pedir más gasto público, sobre todo si lo que se decida en estas consultas populares recibe el título sonoro de decisiones “vinculantes.