Impune. Así está hoy, 25 años después, el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado. Si bien es cierto que horas después de perpetrado el asesinato del líder conservador a la salida de la Universidad Sergio Arboleda, el 2 de noviembre de 1995, las autoridades dijeron tener las primeras pistas sobre los autores materiales del crimen, un cuarto de siglo después no hay claridad sobre estos ni los instigadores de un homicidio que marcó la historia del país.
De hecho, desde entonces han pasado doce fiscales generales y cada uno de ellos, en su momento, se comprometió a impulsar las investigaciones ¿Cómo explicar que mientras otros magnicidios han sido esclarecidos en estas dos décadas y media, el de Gómez Hurtado permanezca en la incertidumbre?
Una respuesta a este interrogante la dio la propia familia del líder inmolado esta semana, en medio de un conversatorio organizado por el Directorio Nacional del Partido Conservador.
Allí Mauricio Gómez, hijo del asesinado exdesignado, excandidato presidencial y reconocido periodista, así como sus sobrinos, Miguel y Enrique Gómez Martínez, hicieron un análisis muy detallado de las hipótesis que a lo largo de 25 años se han investigado alrededor del homicidio y cómo en la mayoría de ellas lo que hubo fue la clara o velada intención de desviar las pesquisas para esconder que se trató, en realidad, de un “crimen de Estado”.
La explicación principal estuvo a cargo del abogado Enrique Gómez Martínez, a quien la familia delegó la representación como parte civil en todos los procesos.
“Crimen de Estado”
De acuerdo con el abogado, la hipótesis de que se trató de un “crimen de Estado” se sustenta en tres escenarios racionales:
“Primero ¿A quién benefició? A un Presidente corrupto que estaba contra las cuerdas y que se libró de un gran adversario que estaba liderando las solicitudes de su renuncia. Una segunda evidencia demoledora es el enorme esfuerzo del Estado por desviar la investigación a lo largo de muchísimos años, sin ninguna consideración por la destrucción de, por lo menos, trece imputados, y dirigiendo constantemente los esfuerzos de una Fiscalía más bien connivente con esa desviación hacia hipótesis sin sentido”, explicó.
Agregó que un tercer escenario es el que se pudo concretar con el esfuerzo de la familia a partir del año 2008 “cuando decidimos entre todos financiar e involucrarnos directamente para dirigir la investigación y propender por la práctica de pruebas… Aquí hay un enorme universo de indicios y pruebas que validan que esto fue un ‘crimen de Estado’”.
Impune. Así está hoy, 25 años después, el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado. Si bien es cierto que horas después de perpetrado el asesinato del líder conservador a la salida de la Universidad Sergio Arboleda, las autoridades dijeron tener las primeras pistas sobre los autores materiales del crimen, un cuarto de siglo después no hay claridad sobre estos hechos.
A su turno, Mauricio Gómez recordó que la muerte de su padre ocurrió cuando él estaba fuera del país. “… No entendía por qué mataron a mi papá. Alguien me preguntó si había leído los editoriales de mi papá. Me puse en esa tarea y concluí que, como en el dicho, blanco es y frito se come. Era un presidente (Ernesto Samper) contra el muro, mi padre decía ‘no le estoy pidiendo la renuncia pero no se puede quedar’ ¿Qué cosas más grave le pueden decir a uno, además siendo Presidente?”.
Mal comienzo
Para Gómez Martínez, es claro que el 2 de noviembre, antes de las 2 de la tarde, ya estaba “sembrada la semilla” de la destrucción de esta investigación: el turno para la indagación correspondía al CTI, pero lo tomó la Dijin.
“Sorpréndase que la inspección judicial al lugar de los hechos fue realizada por el Jefe de Archivo de la Dijin, una persona que nunca en su vida había hecho una inspección de lugar de los hechos. De entrada, y así lo muestran los videos, la recolección de pruebas fue caótica, nunca se aseguró la zona, no se aseguró el vehículo, la mitad de los manifestantes, periodistas y fotógrafos de Colombia tocaron el vehículo”, sostuvo el abogado.
Para Gómez Martínez es claro que hubo ese día graves errores desde el punto de vista de criminalística y recopilación de testimonios. Unos nueve fiscales empezaron, junto con la Dijin, la Sijin y el CTI, a recaudar esas evidencias el día de los hechos y eso “hizo que el cuaderno de testigos directos presenciales se volviera prácticamente un cementerio de pruebas”.
“Grupo Sincelejo”
La primera hipótesis de las autoridades en el caso de Gómez Hurtado surgió apenas unos días después del crimen.
“Desde el primer momento estaba enfocada al fracaso esta investigación, y muy rápidamente, antes del 15 de noviembre, el ministro del Interior (Horacio Serpa), sale a la televisión nacional y declara resuelto el crimen. Señala, con base en información de Inteligencia de la Sijin de Sincelejo, a tres jóvenes de una barriada miserable”, explicó el abogado.
Según esta hipótesis, los señalados habían tomado un avión en Sucre en la madrugada del 2 de noviembre y aterrizado en una pista clandestina en Bogotá. Luego, antes de mediodía, asesinaron a Álvaro Gómez y volvieron a la pista clandestina y regresaron a Sincelejo ese día a las 2 de la tarde.
Para el abogado Gómez Martínez esta hipótesis no tiene ningún sustento. “El espacio aéreo de Bogotá es controlado, no existe en la Sabana ni en ninguna parte de Bogotá una pista clandestina porque ese espacio aéreo es controlado por la Aeronáutica Civil… De entrada la sola hipótesis lucía absurda”.
Explicó Gómez Martínez que pese a ello Carlos Alberto Lugo, un informante, señaló a estos tres jóvenes (Héctor Paul Flórez Martínez, Manuel Mariano Montero Páez y Flaminis Tovar Pérez) de estar celebrando la muerte de Álvaro Gómez esa noche del 2 de noviembre en Sincelejo.
De hecho, desde entonces han pasado doce fiscales generales y cada uno de ellos, en su momento, se comprometió a impulsar las investigaciones.
“Estas personas son encerradas en los calabozos de la Sijin y allí comienza una aventura lamentable para ellos, de vinculación al expediente con muy poquita o ninguna evidencia sobre su autoría intelectual, ninguna prueba sobre el financiamiento de esa operación. Ese fue el primer gran escenario de desviación de la investigación”, sostuvo el abogado.
Según Gómez Martínez, su visión después de analizar por tantos años esta hipótesis es que “fue algo casual, algo fortuito. Lugo es un hombre que después resultó un mentiroso compulsivo, se le compulsaron pruebas dentro del proceso, se le sacó después del programa de testigos… Se le apareció a la Sijin en Sincelejo y ellos decidieron darle un valor significativo a esa hipótesis”.
Sin embargo, agregó el abogado, esta hipótesis fracasó en juicio porque los tres señalados logran demostrar que al momento del crimen de Gómez estaban en un entierro de la abuela de uno de ellos en Sincelejo.
“Recientemente -porque creo que la desviación no es solamente algo del pasado- hemos logrado obtener y aportar al proceso un informe de la Dirección Nacional de Homicidios de la Dijin, del 27 de noviembre de 1995, que exonera totalmente a esas tres personas. 25 días después del crimen, se confirma la presencia de ellos en el entierro y nunca los ubica en las tabernas donde supuestamente celebraron la muerte de Álvaro Gómez”.
El abogado de la familia Gómez señaló que ese informe “se le presentó al director de Homicidios, entonces mayor William Duarte, fue escondido de la investigación, nunca fue llevado al Juzgado Segundo Penal Especializado y ese ocultamiento que justifica la condena de Héctor Paul Flórez, único condenado por la muerte de Álvaro Gómez, condenado de forma tan injusta, que personalmente lo he representado ante la Corte Suprema de Justicia en busca de que se revise la sentencia condenatoria”.
“Grupo Bogotá”
La segunda línea de investigación en el magnicidio de Álvaro Gómez es la denominada “Grupo Bogotá”.
“Días antes de la muerte de Gómez se le hizo un atentado al abogado Antonio José Cancino, entonces abogado de Ernesto Samper ante la Comisión de Acusaciones. Los supuestos autores de ese atentado aparecen vinculados al caso de Álvaro Gómez”.
De acuerdo con Gómez Martínez, este era el grupo de Gustavo Alvares, alias, ‘Tavo’, una banda de atracadores donde también estaba Hermes Ortiz, alias ‘Pastel’, que fueron vinculados al proceso “sin evidencia sólida.
“Ellos tienen una ruta distinta a la de los muchachos de Sincelejo que tenían 19, 18 y 18 años, no tenían un peso, aterrizan en La Modelo y se les viene el mundo encima. En cambio ‘Tavo’ y sus compinches tienen plata para abogados y comienzan muy rápidamente a desvirtuar esa hipótesis”, explicó el abogado.
Sin embargo, de acuerdo a Gómez Martínez, cuando entra a la Fiscalía Alfonso Gómez Méndez se insiste en que se impulse esa hipótesis de investigación “con un efecto perverso para el expediente” ya que se acumularon todos los crímenes de esta banda, investigada por otros homicidios en la capital del país.
De esta forma, por los menos seis crímenes de la señalada banda se acumulan al expediente de Álvaro Gómez, lo cual lo vuelve inmanejable. “Es otra cosa que está hecha a propósito, porque la unidad jurídica que pide la Fiscalía de agrupar todas las causas del ‘Grupo Bogotá’ hace inmanejable el expediente, al punto de que para finales de 1999 la misma Fiscalía le pide al Tribunal Superior de Bogotá que separe todos estos procesos porque la evidencia contra el ‘Grupo Bogotá’ se derrumba rápidamente”, agregó.
Sin embargo, el Tribunal negó la solicitud y obligó a la Fiscalía a llevar a todas estas personas a juicio también.
“Grupo Cazadores”
Según el abogado de la parte civil, “un tercer escenario de desviación” partió de un artículo de Alfonso Gómez Méndez en la revista Semana.
“Sin ser Fiscal General todavía, él postula la tesis de que existía un golpe de estado y que los golpistas habían propuesto a Álvaro Gómez su participación en el golpe y que, ante su negativa, para tratar de evitar que los ‘sapeara’ lo habían asesinado”.
Esa hipótesis -según el abogado- vino a materializarse cuando Gómez Méndez asumió como Fiscal General. “Recuerdo que un año antes, en el 96, él la había materializado en Semana. Y un año después, a partir de junio del 97, la promueve desde la Fiscalía”.
¿Cómo explicar que mientras otros magnicidios han sido esclarecidos en estas dos décadas y media, el de Gómez Hurtado permanezca en la incertidumbre? Una respuesta a este interrogante la dio la propia familia del líder inmolado esta semana, en medio de un conversatorio organizado por el Directorio Nacional del Partido Conservador.
De acuerdo a lo explicado por el abogado, esta hipótesis se materializa como la del ‘Grupo Cazadores’, compuesta por un grupo de homicidas y de agentes encubiertos de la Brigada 20 o la Brigada de Institutos Militares, “que estaba repartida en todo el país, con sede en la brigada de Bucaramanga y que, supuestamente, habían asesinado a Álvaro Gómez por orden del coronel Bernardo Ruiz, quien era el comandante de la Brigada 20 a nivel nacional”.
Según Gómez Martínez, esta hipótesis implicó la vinculación de cuatro exmilitares (los hermanos Gaona y los hermanos Berrío), luego de otros dos soldados profesionales, los hermanos Carvajal, más el coronel Ruiz.
Precisamente por todo lo anterior es que la familia Gómez insiste en que hay una desviación intencional de las pesquisas.
“Un total de 13 personas fueron a juicio en estas tres hipótesis. De entrada les pido que reflexionen un poquito en torno a si hay o no un crimen de Estado: había tres hipótesis en juicio de grupos diferentes. A quién se le ocurre ir a juicio con tres grupos de sicarios distintos y de orígenes distintos: unos sicarios militares de Bucaramanga, otros jóvenes de Sincelejo y otros atracadores de Bogotá ¿Qué lógica tiene la Fiscalía al acusar a los tres al mismo tiempo? Pues imagínense: el juicio tardó 18 meses”, recalcó Gómez Martínez.
Explicó que, a finales del 2001, el Juzgado Segundo Penal Especializado exoneró totalmente de cargos a 12 de los 13 imputados y quedó solo Héctor Paul Flórez, del ‘Grupo Sincelejo’, a quien lo acusa un único testimonio, “todos los demás testimonios se desvirtúan después o son testigos sin rostro que la Fiscalía se niega a traer al juicio. Héctor Paul es condenado por un testimonio de ‘El loco’, un señor que vendía marihuana en las proximidades de la Sergio Arboleda, que lo señalaba como el hombre del gatillo propiamente dicho”.
Pero las anomalías no terminan ahí. Según el abogado, la Fiscalía, después del fallo del Juzgado Segundo Penal Especializado, dijo que la hipótesis ‘Cazadores’ no la podía sustentar “sin unos testigos sin rostro porque en el búnker de la Fiscalía se habían robado el cuaderno con las identidades verdaderas de los testigos, por lo cual no sabía los nombres de sus propios testigos. Así lo dice y así está en el acta”.
El abogado de la familia del inmolado líder conservador insistió en que “Gómez Méndez, para seguir dilatando esto, para seguir implicando a estas personas y seguirlas dejando presas, ordena la apelación y el Tribunal Superior de Bogotá la niega, confirma las 12 absoluciones señalando que en el caso de ‘Cazadores’, en particular al exonerar al coronel Bernardo Ruiz, todo el acervo probatorio se trata de un montaje de la Fiscalía”.
¿Las Farc?
La última hipótesis que se ha puesto sobre el tapete es la revelada sorpresivamente unas semanas atrás, según la cual fueron las Farc las que en la “séptima conferencia” subversiva, en mayo de 1982, realizada en Meta, decidieron ordenar el asesinato de Gómez Hurtado por considerarlo un representante del establecimiento y de los partidos políticos tradicionales.
Según lo admitió hace un mes la cúpula del desmovilizado partido político de las Farc, el crimen fue perpetrado por cuatro integrantes de la ‘Red Urbana Antonio Nariño’, sin ningún tipo de complicidad con otro grupo ilegal. Los cuatro integrantes del comando que asesinó a Gómez Hurtado ya estarían muertos, según ‘Carlos Lozada’, hoy senador desmovilizado y años atrás jefe de las milicias urbanas de esa guerrilla en la capital del país. Incluso, con ‘Manuel Marulanda’, alias ‘Tirofijo’, se habría decidido no admitir la autoría del magnicidio para que el “establecimiento” se debilitara cruzándose los señalamientos sobre el mismo.
La hipótesis, que ya investiga la Fiscalía y la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), tiene muchos vacíos. Si bien las Farc insisten en que pueden demostrar la autoría del crimen, hay diferencias entre las facciones desmovilizada y disidente sobre las circunstancias de modo, tiempo y lugar.
A ello se suma que desde distintos sectores políticos y la propia familia Gómez no se le da credibilidad a la hipótesis e incluso se considera otro intento de desviación para seguir perpetuando la impunidad sobre el crimen.
De acuerdo con el abogado, la hipótesis de que se trató de un “crimen de Estado”.
“… Salir ahora con el cuento de las Farc es completamente extemporáneo. En el momento en que asesinaron a mi padre las Farc no estaban jugando ningún papel ¿Hacer un acto revolucionario para además callarlo 25 años? Esa mentira no se la pueden creer ni ellos mismos. No cabe duda de que fue un crimen de Estado. Personas que formaron parte del Gobierno (Samper), como Fernando Botero, él mismo dijo que había sido un crimen de Estado. Creo que él no ha dicho todo lo que sabe porque, de golpe, termina incriminándose él también por haber estado en las reuniones donde se planeó el crimen de mi padre”, indicó Mauricio Gómez en el conversatorio organizado por el conservatismo.
“Esta nueva hipótesis de las Farc es otro esfuerzo para que no se conozca la verdad”, puntualizó.
Lo mismo piensa el abogado Gómez Martínez, que también descarta la hipótesis tardía de las Farc, e insiste en que hay muchas desviaciones en el caso.
“Han pasado siete Fiscales y cuatro presidentes… Recordemos que la investigación ha tenido 26 fiscales en 25 años, un promedio de siete a ocho meses cada uno. Es otra herramienta del crimen de Estado”.
Como se dijo al comienzo: lo único claro después de 25 años de investigaciones y múltiples hipótesis es que, a hoy, no se sabe quiénes fueron los autores materiales e intelectuales del magnicidio de Gómez Hurtado. Esa es la realidad inapelable por más que el crimen haya sido declarado en diciembre de 2017 como de lesa humanidad y, por lo tanto, imprescriptible.